Inaudi dijo que el proyecto de «narcotest» para funcionarios en Neuquén «es un gran acierto»

Con 34 años, Guadalupe Inaudi se prepara para convertirse en fiscal del caso de Neuquén. Ayer pasó el filtro de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura y su pliego se votará en la próxima sesión. Una de las consultas que recibió fue por el proyecto de «narcotest» obligatorio para quienes ocupen cargos en los tres poderes del Estado. «Si nosotros somos funcionarios públicos y por ende somos servidores públicos hace a la idoneidad del cargo poder determinar que una persona «está limpia», de alguna manera, o se encuentra lúcida en el ejercicio de su función», dijo.

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Inaudi integra el ministerio público fiscal. Si la designan en el cargo probablemente su destino esté en la Unidad de Delitos contra las Personas. Allí se generó una vacante a partir de que la provincia asumiera la investigación del microtráfico de drogas, lo que se conoce como narcomenudeo.

Su entrevista en la comisión duró 41 minutos. La abogada tuvo que dar su opinión sobre varios temas de actualidad, incluido el control toxicológico que propuso el gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones ordinarias de este año. «Considero que es un gran acierto», afirmó. Señaló que para ingresar al Poder Judicial, en el preocupacional, también se les exige.

Planteó que podría existir quién se oponga y pida la inconstitucionalidad de la ley. Según su parecer «en el caso de los funcionarios públicos es el interés general el que prevalece sobre el interés individual, sobre todo teniendo en consideración que cómo establece el proyecto los resultados son confidenciales. Entonces entiendo que haber estipulado la confidencialidad de los resultados de manera directa hace que no se afecte el derecho a la intimidad o a la privacidad de las personas».

Debió responder qué pensaba sobre la decisión del presidente Javier Milei de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto. Aseguró que «institucionalmente no es lo deseable» y recordó que es una habilitación constitucional pensada para otro momento histórico (se incorporó en 1860, cuando el Congreso sesionaba cinco veces al año y existía un período prolongado de receso en la actividad legislativa).

Como funcionaria ha intervenido en juicios por jurados junto al fiscal jefe Agustín García. Defendió la mayoría para condenar (8 votos de 12 integrantes del tribunal ciudadano) y pidió ampliar la competencia de los delitos (hoy sólo van los que tienen una pena mayor a los 15 años).

Mencionó que era necesaria una modificación: ampliar las causales de apelación e incluir la «mala instrucción» que puede realizar la jueza o el juez técnico al jurado. Actualmente se permite cuestionar un veredicto popular si se demuestra que hubo soborno.

Pablo Medina, de 40 años, fue también entrevistado ayer. Es asistente letrado en la Unidad de Robos y Hurtos y ganó el concurso para fiscal del caso en Neuquén. «Trabajé en una tienda, de repositor, fui empleado de seguridad», enumeró. Contó que su casa está en un «barrio populoso del oeste» y que proviene de un «hogar bastante humilde».

«Viví toda mi vida ahí, ahora voy a seguir haciéndolo por qué también es una cercanía con la sociedad. Permite este trato directo con el vecino y saber cuáles son las necesidades puntuales que hay, cuáles son las críticas», agregó.

Ante la consulta sobre el nombramiento de jueces por decreto respondió que es importante «el consenso, el diálogo y el intercambio» para la designación de los magistrados «más importantes del país y que van a determinar justamente la solución de los conflictos».

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