Juicio directo: en la Legislatura quieren ver las estadísticas de la fiscalía

La iniciativa para endurecer el Código Procesal Penal propone llevar a juicio a las personas sin consentimiento de la defensa, en determinados casos.

La diputada del Frente de Todos Soledad Salaburu presentó un proyecto para que el Ministerio Público Fiscal revele sus estadísticas sobre delitos flagrantes, para incorporarlas al debate sobre la modificación de un artículo del Código Procesal Penal vinculado con el juicio directo.

«Nos urge contar con información de calidad a fin de poder tratar seriamente una reforma que podría implicar ni más ni menos que modificar la garantía de defensa en juicio de cualquier persona imputada por determinados delitos, en su mayoría contra la propiedad», planteó la legisladora.

Hasta ahora el proyecto de reforma que endurece el Código Procesal Penal no fue girado a ninguna comisión, pero días atrás el gobernador Omar Gutiérrez presionó a la Legislatura para que apure su tratamiento. «A mi criterio fue una expresión demagógica. Se entiende el enojo por la inseguridad, pero las alternativas son otras, hay que trabajar en la prevención», dijo Salaburu.

Entre otros puntos, pidió que la fiscalía informe «la cantidad de pedidos de juicio directo que fueron aceptados y rechazados».

Contrapunto con la defensa


El fiscal general José Gerez, autor del proyecto de reforma del artículo 222, asegura que no piden juicios directos porque la defensa se opone sistemáticamente. Y la defensa argumenta que si el imputado no quiere un juicio directo, no pueden ir en contra de sus intereses.

La reforma que propone Gerez es que no se necesite el consentimiento de la defensa para hacer el juicio directo. El objetivo es «lograr condenas rápidas».

Su razonamiento es el de la «doble amarilla»: si una persona recibe una condena aunque sea en suspenso por un delito menor, se cuidará de cometer un segundo delito porque en caso de una segunda condena irá preso.

«Le suben el precio al delito»


Por el contrario, el profesor de Sociología del Delito de la maestría de Criminología de la Universidad de Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta, opina que las condenas breves «le suben el precio al delito».

«Los pibes que están encerrados en prisiones dos o tres años y salen, salen con otro cartel, con otro cuerpo, y se van a chocar en ese barrio donde viven con los conflictos de siempre, pero ahora el cuerpo los emplaza en el territorio de otra manera«. La cárcel «les aporta cartel, capital simbólico que necesitan para moverse en el barrio».

La crisis carcelaria


Salaburu, en diálogo con diario RÍO NEGRO, le agregó otro contexto: «las cárceles están rebalsadas, y llenas de pobres».

El proyecto de la diputada pide también algunas cifras que el Ministerio Público Fiscal custodia celosamente y nunca revela: el número de casos que ingresan por año a la Unidad de Delitos Flagrantes, con un detalle del tipo de delito; el porcentaje que finaliza por medidas alternativas (como criterio de oportunidad o suspensión de juicio a prueba); la cantidad que se archiva y la que finaliza en sentencia condenatoria.


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