La fiscalía consiguió más plazo para presentar en juicio la contaminación de Comarsa en Neuquén

El juez Juan Manuel Kees le concedió una nueva ampliación a la fiscalía de delitos ambientales para presentar y elevar a juicio el caso del basurero petrolero en Neuquén capital, por el que están imputados tres empresarios acusados de contaminación, defraudación y usurpación del espacio público en el distrito 6, en esta ciudad.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid aclaró que su equipo estará en condiciones antes de fin de año de presentar el caso en la audiencia de control de acusación, previa al juicio.

Según explicó, está a la espera de la finalización de tres informes que deberían concluir el 30 de octubre, con documentación contable y de salubridad. Indicó que el 15 de febrero la fiscalía tendrá listo el caso y el juez concedió el nuevo plazo para una causa que lleva 5 años en instrucción, desde el 17 de diciembre de 2020.

La audiencia, de control de la investigación, fue solicitada por las defensas de los imputados que pidieron, entre otras demandas, que «cesen los allanamientos» de la fiscalía y las consultas tanto a los choferes de los camiones que transportan los residuos peligrosos como en el predio, sobre los contaminantes que se están llevando a Añelo.

Breide Obeid informó que los allanamientos correspondían a una detallada solicitud de información de la querella que autorizó el juez Gustavo Ravizzoli en la audiencia de febrero cuando se agregaron, a los cargos a los cargos de contaminación y fraude, la imputación por la usurpación de terrenos municipales en el D 6, ya que se extendieron más allá del terreno autorizado (por el municipio y provincia) para seguir acopiando y cobrando por los barros extraídos de los pozos de Vaca Muerta.

Desde la querella de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, se insistió en la necesidad de contar con el detalle de la trazabilidad de los residuos de hidrocarburos que se están retirando rumbo a Añelo.

El juez no hizo lugar al reclamo de los defensores, que no informaron a quién se molestaba con los procedimientos. Breide Obeid agregó que al ritmo de los trabajos informados por Medio Ambiente de la provincia, quitar los más de 300 mil metros cúbicos de contaminantes demandará unos 10 años. «Y a eso hay que agregar el saneamiento«, aclaró.

En la audiencia no se pudo conocer la empresa que paga por el traslado de los contaminantes. «Supuestamente es Indarsa», se indicó. Es que la montaña de contaminantes sin tratar, ubicada a la vera de la autovía norte y en inmediaciones de la avenida Casimiro Gómez, es parte de la prueba de la causa, pero el retiro no es responsabilidad de la justicia.

Ni la subsecretaria de Medio Ambiente ni la municipalidad de Neuquén, son parte del proceso. Las querellas están representadas por los Abogados Ambientalistas y por la APDH.

El fiscal Breide Obeid dejó aclarado que en el contrato de traslado que presentó Medio Ambiente figura que las cuentas de la firma investigada están embargadas, aunque «es al revés, las cuentas quedaron activas para que puedan trabajar, son los bienes los que están embargados», aclaró.

En la audiencia, el abogado Javier Pino Muñoz, logró acceso a la información de la fiscalía sobre los últimos informes contables que están en elaboración, para el ejercicio de la defensa del gerente que está imputado por haber firmado documentación de tratamiento que según la acusación no se hacía, en el momento de mayor acopio de contaminantes en el predio el Parque Industrial.

Los nombres de los tres empresarios acusados no se publican por orden el juez Ravizzoli.

Los abogados de los imputados, Muñoz y Mario Rodríguez Gómez, reclamaron que se acusaba a los tres empresarios y Pino Muñoz deslizó que habría «indemnidad» de funcionarios y otras empresas no acusadas, ante lo cual la fiscalía respondió que la complejidad de la causa implicó una demora de 4 años en formular cargos a los responsables a los que se identificó luego de desentrañar los nombres tras una gran cantidad de sociedades y empresas bajo el paraguas de la denominación de Comarsa.

Salvatori suma investigaciones

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Aclaró que en uno de los allanamientos de diciembre, se encontró el nombre de Nicolás Salvatori como integrante de alguno de los directorios o de sociedades «sin una jerarquía específica», por lo que esa documentación se remitió a mitad de año a la fiscalía de delitos económicos ante la posibilidad de que existiese alguna incompatibilidad de funciones.

Salvatori es abogado, empleado de la provincia, cumplió funciones a cargo de varios entes autárquicos e integró el ministerio de Energía y Recursos Naturales. Está investigado por su actuación como agente público entre 2020 y 2024, por presunto fraude. Es hijo del ex gobernador Pedro Salvatori (ya fallecido) y entre la documentación secuestrada por el caso Comarsa, se hallaron facturaciones a la empresa.

«La ley 24051 -de residuos peligrosos- es muy estricta y detrás de Comarsa no hay una persona física sino muchas empresas y luego de correr el velo societario encontramos al dueño, al director y el que estuvo a cargo del tratamiento ambiental o emitía los certificados de tratamiento cuando no había», describió Breide respecto a las chicanas legales planteadas por los abogados.

«El causante o el originador de esta situación es Comarsa, y están los tres imputados», reafirmó el fiscal jefe. El juez Kees agregó que si las defensas tenían algún planteo de inconstitucionalidad, la audiencia de control de investigación no era el ámbito.