La justicia amplió el plazo para investigar a los responsables del basurero petrolero en Neuquén

El juez de Garantías, Gustavo Ravizzoli, amplió el plazo de la investigación que había solicitado la fiscalía de Delitos Ambientales para terminar de lograr pruebas y elevar a juicio la causa por la contaminación que produjo Comarsa en el Distrito 6 de Neuquén, donde una montaña de tierra con residuos petroleros sin tratar emerge sobre las nuevas urbanizaciones.

El magistrado fundamentó su fallo en la perspectiva ambiental para convalidar las imputaciones de coautoría de los tres empresarios acusados y accedió a lograr para la causa, los detalles del traslado de los contaminantes desde Neuquén hasta Añelo.

La causa se mantendrá con la calificación de compleja y el fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, tendrá a partir de mañana, seis meses para cerrar el caso y elevarlo a juicio.

La definición del juez de Garantías del caso provocó la celebración de los integrantes de organismos de derechos humanos presentes en la sala, por cuanto el magistrado dijo claramente que fundaba su fallo en la perspectiva del derecho ambiental y, con ese eje, accedió a todas las peticiones de la querella (Abogados Ambientalistas de la República Argentina y APDH) y la fiscalía.

Las defensas impugnarán la decisión. Adelantaron que piden la absolución de los empresarios y niegan la imputación de haber contaminado el suelo con residuos peligrosos.

La fiscalía de Delitos Ambientales los acusó de contaminar y de obtener beneficios económicos por el tratamiento de tierra empetrolada de Vaca Muerta que cobraron como si la hubiesen saneado.

La defensa está dividida. El abogado de uno de los gerentes que estuvo a cargo de la firma hasta 2006 pidió más plazo para hacer las presentaciones, mientras que los letrados Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz no lograron conmover al juez para que cierre la investigación y la causa se eleve a juicio así como está.

Según adelantó Muñoz, pedirá revisión de las medidas cautelares, como los embargos e impugnará algunas de las definiciones que tomó el juez, también sobre la petición a Comarsa de los datos técnicos del traslado de los contaminantes que está realizando.

Se mantendrán los embargos a Comarsa

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El juez Ravizzoli dijo que mantenía los embargos sobre las cuentas, bienes personales de los imputados, 32 vehículos y los hornos para evitar que durante el plazo otorgado para seguir con la investigación «se consolide el provecho» logrado durante la comisión del delito.

El presidente de la firma que lleva los contaminantes a Añelo es el que está acusado como autor del delito de contaminación del suelo con residuos peligrosos y del fraude. Y los gerentes operativos (hasta el 2016 y 2021) fueron acusados de coautores y partícipes necesarios en el último delito.

La querella de Abogados Ambientalistas pidió que los datos se requieran a la gerenta y al gerente actual que figuran como apoderados de la firma para sortear que la búsqueda de información sobre el acuerdo con el gobierno se haga al imputado principal de la causa.

YPF, la secretaría de Ambiente de Neuquén y las otras empresas involucradas en el traslado y en el depósito de materiales también estarán alcanzados por la solicitud de la justicia.

«Es una resolución muy buena, el juez recepcionó el centro de la discusión en esta causa que es un tema ambiental, la justificación fue sólida y coherente con todo lo que se discutió», dijo el querellante por la APDH, Bruno Vadalá. El abogado explicó que en la discusión del proceso se plantean muchos detalles «y muchas veces el foco ambiental se soslaya; aquí el juez resolvió con la mirada en los principios del derecho ambiental. Ya lo dijimos: el derecho penal no es ajeno a los principios ambientales y el precautorio», sostuvo Vadalá.

El juez firmará los pedidos de informes que remita la fiscalía

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El fiscal dirige la investigación, pero «voy a auxiliar con mi firma«, dijo Ravizzoli sobre los pedidos de informes sobre cómo se está llevando a cabo el traslado a Añelo de la montaña de contaminantes que dejó Comarsa sin tratar en el Distrito 6.

El traslado del material que Comarsa acopió, cobró y no trató comenzó el 6 de diciembre supervisado por la secretaría de Ambiente, con una gran pausa durante las fiestas, según precisaron trabajadores de los alrededores.

La secretaría Ambiente le dio un plazo para el procedimiento de dos años e informó a la fiscalía que, a su vez, planteó que los residuos salieran del lugar, previo tratamiento. No se sabe si la tierra que se extrae, está procesada o si es parte de la que se acopió sin tratamiento, que fue lo que se ocultó.

«Será un auxilio judicial», insistió Ravizzoli. Dijo que el fiscal formulará los pedidos y detalles que se describieron en la audiencia. Agregó que no permitirá excusas de secretos contractuales. «Será un auxilio judicial para una respuesta eficaz, en función del acuerdo de Escazú de acceso a la información ambiental y participación ciudadana; valorando el derecho a un ambiente sano«, explicó en la audiencia.

Insistió que el fiscal continuará dirigiendo la investigación y se ocupará de las peticiones que fueron detalladas por la querella durante la audiencia. El «auxilio judicial» consistirá en la firma, como juez de Garantías para que el investigador realice su trabajo, con el relevo del secretismo empresario como precautorio «para remover cualquier obstáculo a la investigación».

Recordó que la fiscalía tenía pendientes otras pericias contables y ambientales.