La puja política detrás de la ambiciosa reforma judicial que planea el gobierno de Neuquén

El vicegobernador Koopmann quiere que el nuevo Código Procesal Civil sea aprobado en el 2022. El gobernador Gutiérrez se sumó al debate los últimos días del año pasado y ya modificó la agenda. Cuánto costará el sistema, tema tabú.

Hay que recorrer muchos almanaques hacia atrás para encontrar los primeros intentos de reformar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Neuquén. El último impulso se lo dio el exvocal del Tribunal Superior de Justicia Ricardo Kohon en 2013, luego de concretarse la reforma penal, que también consumió más de una década hasta convertirse en ley y entrar en vigencia.

Ahora, como si quisiera recuperar el tiempo perdido, el gobierno del Movimiento Popular Neuquino se propuso que el 2022 será el año de la reforma procesal civil. El abanderado es (¿fue?) el vicegobernador Marcos Koopmann Irízar, hasta que apareció el reformista menos pensado: el gobernador Omar Gutiérrez anunció en diciembre que se pondrá «al frente» de la reforma procesal civil para que la Legislatura lo sancione cuanto antes.

En sus últimos discursos de apertura de sesiones, Gutiérrez ninguneó al Poder Judicial. No utilizó ni una línea de los papers que le acercaron los vocales del Tribunal Superior con sus proyectos para cada año, como hacen los ministerios. Acaso el silencio más estruendoso fue el del 1 de marzo de 2021, cuando no hizo mención al femicidio de Guadalupe Curual en Villa La Angostura, ocurrido apenas unos días antes.


«La más importante»


En esa misma apertura de sesiones, Gutiérrez mencionó la reforma procesal civil como uno de los objetivos de su gobierno. «Esta Justicia que falta reformar es la más importante en cantidad de casos por cómo resuelven la vida diaria los neuquinos y las neuquinas», dijo. ¿Lo habrá escuchado el juez civil y de familia del caso Guadalupe, que huyó hacia una segura jubilación días después del femicidio?

El resto del año del gobernador dejó avanzar a Koopmann Irízar. A su cargo estuvieron la convocatoria a comisiones para revisar todas las leyes de género y para redactar un nuevo Código Procesal Civil, dos iniciativas que corren en paralelo.

El Tribunal Superior de Justicia se enfocó en el fuero de Familia: creó nuevos puestos, destinó presupuesto en muebles e inmuebles para un área con una demanda que no para de crecer, y de la mano del Consejo de la Magistratura cubrió vacantes en varios puntos de la provincia.

De pronto, Gutiérrez se activó. En diciembre llamó a una reunión con su vice y con el presidente del Tribunal Superior, Germán Busamia, que será recordada porque se sentaron tan lejos uno de otro que llegaron a hablar casi a los gritos para escucharse.

El gobernador también obligó a modificar la fecha de la primera actividad de este año que había sido meticulosamente programada por Koopmann Irízar: no será el 8 de febrero como anunció el vicegobernador, sino el lunes 7. La excusa formal es la agenda. Pueden hacerse otras lecturas.


De qué hablan cuando hablan de reforma


Koopman Irízar, Gutiérrez y Busamia, las cabezas de los tres poderes. Hablaron fuerte.

El gobierno provincial y el Tribunal Superior de Justicia han mostrado hiperactividad, no siempre coordinada, en todos los fueros que no son el penal, sin olvidar que Gutiérrez aprobó durante su gestión dos modificaciones en el Código Procesal Penal, ambas para endurecer la prisión preventiva.

El oficialismo (que, está visto, no es homogéneo) apunta a contar con un nuevo Código Procesal Civil y Comercial y un nuevo paquete de leyes de género. El TSJ por su lado promovió una profunda reforma en Familia.

El 7 de febrero disertarán en la Legislatura Gustavo Calvinho y Eduardo Oteiza. Habrá una segunda jornada con especialistas regionales propuestos por la Universidad Nacional del Comahue y el Colegio de Abogados; y para marzo invitaron a Aída Kemelmajer. Todo por iniciativa del vice.


Escuelas y promotores


Los seguidores del proceso reformista están atentos a cada nombre que se convoca para disertar. Saben en qué escuela están enrolados, y una división rápida y algo arbitraria ubicaría de un lado a quienes postulan que el juez o jueza civil tenga un rol proactivo, y del otro a los que le asignan una conducta pasiva, similar al juez de Garantías penal que sólo dirime las controversias de las partes.

Esta división es más que una mitad de la biblioteca discutiendo con la otra. Las llamadas escuelas tienen promotores de modelos que luego afectarán de manera directa la vida de la ciudadanía. «En el proceso está la ideología», suele advertir el abogado Marcelo Medrano.

Alrededor de la reforma gira, además, una interesante suma de dinero: charlas, seminarios, y después, la redacción del Código y de las leyes complementarias. Todo tiene un costo. Volveremos sobre este punto.

Aún no se reveló por cuál es de estas escuelas se inclina el (los) oficialismos políticos. Koopmann Irízar aclara que su rol será político y no estará en el día a día del trabajo reformista. Aspira a dejar una herramienta que trascienda su gestión.

Por eso optó por la contratación de expertos que darán charlas y eventualmente redactarán el Código. Una comisión interpoderes supervisará las tareas y luego a la Legislatura le tocará aprobar o no un texto que, en las estimaciones previas, será de al menos 400 artículos.

Una tarea colosal incluso para un año par, sin calendario electoral. Dicen que cuando Koopmann Irízar le preguntó al médico José Russo cuánto había tardado en concretar la reforma procesal penal, la repuesta el exjefe del bloque legislativo del MPN lo dejó pensativo: ocho años.


¿Y cuánto cuesta?


La licitación para modificar el edificio de Familia ronda los 4 millones de pesos. Foto: Yamil Regules

Cuando se escucha a los impulsores de la ambiciosa reforma judicial (que ya vimos incluye los códigos procesal civil y comercial y de familia, más la revisión de las leyes de protección de las mujeres contra la violencia de género), de lo que menos hablan es del costo.

Es común que repitan conceptos fetiche que ya escuchamos durante la reforma procesal penal: que el Código está desactualizado; que ya cumplió 46 años; que el nuevo será más cercano a la ciudadanía; que las causas ya no durarán tantísimos años, que se privilegiarán los acuerdos sobre las confrontaciones y similares. Cada una de esas seductoras afirmaciones puede discutirse en particular. De lo que no se habla es de plata.

En las planillas de excel se ensayan números. la multiplicidad de reformas no ayuda a sacar cuentas. Y de por sí elaborar presupuestos en la Argentina inflacionaria nunca es tarea sencilla.

No se sabe aún si habrá que aumentar la plantilla de jueces y juezas y personal. En el fuero de Familia la dotación estaría completa: hay seis puestos en Neuquén capital, y están cubiertas los principales ciudades del interior (incluso Rincón de los Sauces, el raviol más difícil del organigrama).

Pero en Familia surgieron gastos de muebles e inmuebles que obligaron al Tribunal Superior a dictar una excepción a la restricción que se había autoimpuesto a principios de 2021. Entre mudanzas y reacomodamientos en el edificio de Leloir 881 gastará unos 4 millones de pesos. Se dirá que es apenas el 0,02% de su presupuesto de 16 mil millones de pesos, pero otras erogaciones están previstas en Zapala, Cutral Co, Chos Malal y Rincón de los Sauces. Todo suma.

La Legislatura, por su parte, hizo una reserva presupuestaria para afrontar los honorarios de las personalidades que disertarán sobre las bondades del nuevo Código, y eventualmente lo redactarán.

Reformar al Poder Judicial cuesta, así como a cada ciudadano le cuesta acceder al servicio. Esta es una excelente oportunidad para debatir el esos costos, y los caminos para reducirlo.


«No podemos seguir pensando en forma analógica en un mundo digital»


“Quiero un código moderno, amplio. No podemos seguir pensando en forma analógica en un mundo digital”, dijo el vicegobernador Marcos Koopmann Irízar a Río Negro.

Explicó que el Código Civil, la reforma en Familia y la comisión especial interpoderes que revisará el paquete de leyes sancionas en los últimos años para la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género caminan por carriles separados.

La última de las comisiones mencionadas ya tiene propuestas para presentar, se conocerán en marzo, anticipó.

Este ambicioso plan de reforma constará de disertaciones de especialistas y talleres de amplia participación.

“No quiero que nadie se quede afuera de la discusión: diputados de todos los bloques, sindicatos, organismos de la sociedad civil, prensa”, explicó el vicegobernador.

Indicó que hay escuelas procesales con diferentes miradas “y nuestra intención es convocar a todos. Por lo que me dicen los expertos, porque yo en esto estoy dispuesto a escuchar a los que saben, se puede hacer un mix de estas escuelas”.

En cuanto al costo que tendrá la reforma, indicó que “el presupuesto legislativo tiene partidas para los honorarios de los juristas que darán las charlas. Después, en base al Código que se defina, se estimará cuál es el costo para el Poder Judicial”.

Lo mismo para la cantidad de jueces que serán necesarios para poner en marcha la nueva herramienta. Cuando se elija un modelo, se verá si alcanzan o hay que abrir más vacantes.


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