La puja por la usurpación de un predio forestal enfrenta a dos familias en El Bolsón

El juez de Garantías César Lanfranchi encontró “evidencia suficiente” para aceptar la formulación de cargos contra una familia del barrio Los Pinos de El Bolsón por “usurpación con despojo” ejercido sobre un predio de 33 hectáreas cuya propiedad es reivindicada por dos hermanos, que lo heredaron de su padre y de su abuelo.

La denuncia penal de los damnificados data del último 23 de septiembre y según la acusación expuesta por el fiscal adjunto José Torchia, el terreno de grandes dimensiones estaba destinado a la explotación forestal y el titular registral era Ángel Romero, quien “pagaba las tasas” y figuró como propietario, hasta su fallecimiento. El trámite sucesorio está radicado en Córdoba y los herederos son sus dos hijos, quienes se presentaron como damnificados de una ocupación ilegal.

Según una constatación citada por el fiscal, el último 1 de octubre la policía verificó que en el predio habían colocado un alambrado “de cinco hilos”, una tranquera con dos candados “nuevos” y en el interior existía una cabaña de madera “con avance de ejecución importante” y otra construcción precaria con colchones en su interior.

Citó también testimonios de vecinos según los cuales en el terreno “entraba y salían personas”, a la que no reconocían como los propietarios. También mencionó la actuación del Splif, en octubre pasado, por un principio de incendio en esa parcela.

Durante la audiencia de formulación de cargos una de las imputadas, Patricia Sáez, dijo que desde 1980 su padre y su madre trabajaron en el lugar contratados por Romero y que cuando el hombre murió el lugar quedó en total abandono. “Solo una vez fueron a buscar sus pertenencias. Nosotros vivíamos ahí sin luz, agua, ni nada. Decidimos salir y ahora volvimos”, relató la mujer.

Su hermano Valentín dijo que habían nacido y se criaron en el lugar. Y que el alambrado no lo colocaron ellos sino que “estaba caído” y lo levantaron.

El abogado defensor, Juan José, dijo que los Sáez tenían un acuerdo con Romero, cuyos hijos lo continuaron “durante cuatro años”, hasta que se desató el actual litigio. Aseguró que “no es una usurpación sino una ocupación pacífica como compensación de trabajo”.

Negó que “la posesión haya sido turbada” y afirmó que los ocupantes no tuvieron “ningún tipo de acercamiento con los sucesores”. Se comprometió a “presentar escritos” para fundamentar el derecho que invocan.

“No hubo apoderamiento violento”

Uno de los hijos de Patricia Sáez dijo que repusieron el alambrado porque “entraba mucha gente a sacar leña, sin permiso de Bosques”. El abogado defensor dijo que existe “una nota de dirección de Tierras de la provincia con fecha en diciembre de 2024, sellada y firmada, (que los reconoce) como actuales poseedores”.

Dijo que la usurpación “no se materializó porque no hubo apoderamiento violento” y expuso como argumento a favor de la familia Sáez “la precariedad de su medio de vida”.

El juez Lanfranchi consideró de todos modos que había elementos para imputarlos y decidió habilitar la investigación por cuatro meses por el delito de usurpación, pero no aprobó el desalojo y la restitución del predio, como pidió la fiscalía.

El juez dispuso la orden de “no innovar” sobre la actual situación, de modo que los ocupantes podrán permanecer allí durante la investigación, pero “con prohibición de ingreso de más personas”. Ante el pedido expreso del fiscal de fijar un plazo para el desalojo “voluntario”, el juez lo desestimó, dijo que “no surge necesario el desalojo y no hay peligro en la demora”.