Licencias truchas en Bariloche: rechazaron el sobreseimiento de trabajadores municipales
Hay 14 trabajadores imputados. El juez Calcagno desvinculó a una de las acusadas. Pasaron 6 años de investigación y todavía no se determinó quién era el jefe de la supuesta banda ilícita.
Algunas de las infracciones que impactan en el puntaje son: tapar un cartel frente a una arteria principal, mal estacionamiento, alcoholemia positiva, etc. Archivo
El juez Ricardo Calcagno desestimó el pedido de la defensa oficial para dictar el sobreseimiento de 11 empleados del área de Tránsito de la Municipalidad de Bariloche, que están imputados de formar parte de una supuesta asociación ilícita que se dedicaba a la venta licencias de conducir de manera ilegal.
De todos modos, Calcagno admitió el planteo de caducidad de instancia que formuló el defensor oficial Marcos Miguel a favor de Griselda Beatriz Pereyra que quedó desvinculada de la causa a pesar de la oposición del fiscal del caso Guillermo Lista y del querellante Raúl Ochoa, en representación de la Municipalidad de Bariloche.
La fiscalía y la querella atribuyeron en 2019 a los imputados integrar una asociación ilícita que se dedicaba a la confección y comercialización de licencias de tránsito de manera ilegal.
Según la acusación fiscal, se valían de una persona que no trabajaba en el Municipio, que se ocupaba de captar interesados que pagaban 3.000 pesos a valores de hace 6 o 7 años. Confeccionaban las licencias, sin las exigencias correspondientes. La fiscalía determinó que lo hicieron en 711 oportunidades, entre 2014 y 2016.
En la audiencia de este martes, el defensor oficial, que asiste a los 11 acusados, había alegado que correspondía el sobreseimiento en virtud del derecho que tiene una persona acusada de un delito de que su situación procesal se resuelva en un plazo razonable.
Los antecedentes del caso que se inició en 2017
Recordó que la causa se originó en 2017. Pero a finales del año pasado se le otorgó al fiscal y a la Municipalidad, que se constituyó como querellante, un año más de plazo y advirtió que no hicieron hasta el momento ninguna diligencia para determinar los roles de cada uno de los imputados en los hechos que se les atribuyen.
Miguel sostuvo que algunas de las personas están imputadas solo por el hecho de trabajar en la oficina de Tránsito. Destacó que pasaron 6 años y todavía la fiscalía no determinó quién era el supuesto jefe de la supuesta asociación ilícita, quiénes eran los partícipes necesarios o secundarios.
“Han pasado seis meses desde que se les otorgó la prórroga y no han fijado una sola rueda de personas”, planteó ante el juez.
Lamentó que hasta la fecha la defensa no accedió a ninguno de los 364 CD´s que contienen las escuchas telefónicas autorizadas por la justicia a los celulares de los sospechosos.
Respecto de la situación de Pereyra, el defensor oficial recordó que ni el fiscal ni la querella asistieron en octubre pasado a la audiencia donde se analizaría la situación procesal de la empleada municipal. Por eso, planteó la caducidad.
El fiscal se opuso a la desvinculación de una imputada
Lista pidió rechazar el pedido de la defensa. “No hubo voluntad de desistir”, afirmó, en relación a la ausencia sin justificación para tratar la situación de Pereyra. “Me opongo rotundamente que se interprete como una voluntad de desistir de la acción penal”, sostuvo Lista.
Recordó que Calcagno justamente en octubre otorgó una prórroga de un año a la fiscalía para investigar el caso porque se trata de una causa compleja. Pero el juez Bernardo Campana revisó la decisión de Calcagno y la dejó sin efecto y sobreseyó a tres de los 15 empleados municipales imputados.
Lista rememoró que, a finales de diciembre pasado, el juez Gregor Joos revocó lo que había resuelto Campana y anuló los sobreseimientos y dejó en pie la prórroga. Los defensores fueron ante el Tribunal de Impugnación de la provincia que desestimó sus planteos y confirmó lo resuelto por Joos. Por eso, hay una queja de los defensores ante el Superior Tribunal de Justicia que aún no resolvió.
Por eso, Lista aseguró que estaban dentro del plazo autorizado para seguir adelante con la investigación y destacó que vence el 6 de octubre del 2022.
Reconoció que la causa puede generar escozor entre los imputados, pero aseveró que “el caso es grave, tiene una connotación importante”. “Se trata de empleados municipales que todavía forman parte de las filas de la Municipalidad y que están sospechados de un hecho muy grave que necesariamente se debe dilucidar”, enfatizó el fiscal. Por eso, concluyó que no había ninguna razón para disponer “prematuramente el sobreseimiento” de los imputados.
Críticas del abogado del Municipio
Ochoa criticó en duros términos la estrategia de la defensa. Alegó que la querella no había sido notificada de forma fehaciente por la Oficina Judicial de la audiencia para debatir la situación de Pereyra a principios de octubre del año pasado. También, se quejó de que no había sido notificado de manera correcta para la audiencia de este martes.
Ochoa advirtió que la prórroga del plazo de la investigación no fue impugnada en su momento por la defensa. “Mal puede venir a plantearlo ahora”, aseguró.
Explicó que identificar los roles de cada uno de los imputados en las maniobras no es sencillo porque todos usaron una misma clave. Por eso, rechazó los pedidos de la defensa.
Miguel recordó que la fiscalía fue la que había pedido la audiencia para tratar la situación de Pereyra y no compareció. Tampoco, la querella y nadie justificó la ausencia.
Calcagno desestimó dictar el sobreseimiento de 10 de los imputados porque advirtió que está pendiente la resolución del STJ. Y destacó que el pedido de sobreseimiento se hace en la conclusión de la etapa de la investigación.
Y admitió el pedido de Miguel respecto de la caducidad de instancia y desvinculó a Pereyra del expediente. En consecuencia, quedan 14 empleados municipales imputados en la causa.
Comentarios