Lo condenaron a más de 8 años por abusar sexualmente de dos niños en San Martín de los Andes
Un hombre fue condenado a 8 años y 8 meses de prisión en la localidad cordillerana de Neuquén por abusar sexualmente de un niño y una niña que lo alojaron. Amenazaba a las víctimas.
Condena por abuso sexual a un niño y una niña.
La Justicia de Neuquén dictó una condena de 8 años y 8 meses de prisión efectiva contra un hombre declarado culpable de haber abusado sexualmente de un niño y una niña. Las víctimas, miembros de una familia que lo había acogido en su hogar durante un período en el que llegó a la provincia por motivos laborales, sufrieron los ataques en un contexto de vulnerabilidad y convivencia.
La sentencia fue resultado de una sólida acusación liderada por la fiscal del caso Inés Gerez. La gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas fueron elementos clave en la determinación de la pena, aunque la fiscalía había solicitado una condena mayor.
Los delitos y su calificación legal
El acusado fue declarado responsable, en mayo pasado, por delitos de extrema gravedad. Se le imputó abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra una menor de edad, aprovechando la convivencia preexistente, en carácter de delito continuado respecto de una de las víctimas. En concurso real, también fue condenado por abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente respecto de la otra víctima.
La multiplicidad de víctimas y la continuidad de los abusos, sumado al agravante de la convivencia, subrayan la crueldad de los actos cometidos por el condenado.
Contexto de los abusos y mecanismos de impunidad
Durante el juicio, la fiscal Inés Gerez logró probar que el condenado cometió los abusos entre mayo de 2014 y octubre de 2015. En ese período, el acusado convivió con la familia de las víctimas, un niño y una niña que al momento de los hechos tenían menos de 18 años. La situación de convivencia fue prueba fundamental, ya que compartió la habitación con las víctimas, aprovechando esta circunstancia para perpetrar los ataques.
Los abusos ocurrían, según la fiscalía, en momentos de indefensión de los menores: cuando la madre de los niños se ausentaba para trabajar y el padre dormía.
Una vez cometidos los abusos, el condenado se garantizaba la impunidad mediante amenazas hacia las víctimas, creando un círculo de terror y silencio que dificultó la denuncia temprana de los hechos. Esta manipulación y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los niños fueron factores determinantes en la acusación.
Pedido de pena y argumentos de la fiscal
Tras la declaración de responsabilidad, la fiscal Gerez solicitó la imposición de una pena de 12 años de prisión efectiva. Además, pidió la inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), una medida fundamental para el control y seguimiento de este tipo de delincuentes.
La fiscal argumentó la necesidad de alejarse del mínimo de 8 años de prisión debido a la naturaleza de la acción cometida y la existencia de dos víctimas, sobre las que el sistema judicial tiene la obligación de ejercer una “debida diligencia reforzada”.
También hizo hincapié en la multiplicidad de hechos y de víctimas, así como en el “modo de comisión” de los abusos, aprovechando la ausencia de la madre y el sueño del padre, lo que evidencia una planificación y un aprovechamiento de las circunstancias para garantizar su accionar impune.
Decisión del tribunal
El tribunal del juicio, integrado por los jueces Diego Chavarría Ruiz, Nazareno Eulogio y Laura Barbé, impuso finalmente la pena de 8 años y 8 meses de prisión. Si bien esta condena es inferior a la solicitada por la fiscalía, representó una pena efectiva considerable para el condenado.
Un dato relevante del caso es que, a pesar de que los hechos se remontan a los años 2014 y 2015, la denuncia solo pudo ser presentada una vez que las víctimas alcanzaron la mayoría de edad, a los 18 años. Esta demora subraya el impacto de las amenazas y el miedo que los menores enfrentaron, impidiéndoles denunciar antes. Los detalles específicos sobre la identidad del condenado se mantienen bajo reserva para preservar la intimidad y la integridad de las víctimas, garantizando su protección.
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