Lo golpearon hasta fracturarle el cráneo: los condenaron por una salvaje agresión en Allen

La madrugada del 1 de mayo de 2025 dejó un brutal episodio de violencia en Allen. En la vereda de un barrio, una discusión sin demasiada lógica escaló a una violencia desmedida. Dos hombres golpearon brutalmente a un vecino que intentó echarlos de su vereda mientras revolvían basura. La víctima quedó tendida en el suelo, sangrando, con el cráneo fracturado y lesiones graves. Esta mañana, el Poder Judicial de Río Negro dio respuesta: condenó a ambos atacantes en un juicio abreviado, uno con prisión efectiva y el otro con pena condicional.

El juez de juicio Oscar Gatti homologó el acuerdo al que arribaron la fiscal Laura Olea, de la unidad de Allen, y el defensor oficial Oscar Mutchinick, tras la admisión de responsabilidad por parte de los dos imputados.

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Detalles del juicio abreviado: prisión efectiva y pena condicional por ataque callejero

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Marcos Juan Márquez, de 32 años, con antecedentes computables, fue condenado a 2 años de prisión de cumplimiento efectivo y declarado reincidente. En tanto, Lautaro Ezequiel Castillo, de 22, sin antecedentes previos, recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso, bajo estrictas reglas de conducta y una orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

Todo comenzó cerca de las 0:30 de la madrugada, en calle Aristóbulo del Valle, cuando la víctima, un vecino de la zona, salió de su casa al notar que dos personas revolvían ferozmente la basura frente a su vivienda. Lo que parecía un simple intercambio de palabras se tornó en violencia descontrolada.

Según se ventiló en el juicio, tras una breve discusión, los imputados comenzaron a golpear al hombre con puños y patadas, hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Luego huyeron del lugar, dejando al vecino agonizando en la vereda.

Aproximadamente a las 1:15, una vecina llamó al 911 al ver al hombre tirado, inconsciente y ensangrentado. Cuando llegó el personal policial de la comisaría Sexta, constató la gravedad del hecho y solicitó una ambulancia.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se le diagnosticó traumatismo en el hueso parietal derecho, hemorragia intraparenquimatosa, hematoma subdural y fractura craneal. El médico forense catalogó las lesiones como de carácter grave.

La investigación fue veloz. Gracias al testimonio de la hermana de la víctima y las cámaras de seguridad del domicilio, se identificó a los agresores. Las filmaciones aportadas mostraban claramente a los dos imputados rondando la zona antes y después del ataque. También se tomaron testimonios clave: un sargento de la Unidad Sexta declaró que vio a Márquez la madrugada siguiente con el rostro golpeado. Cuando le preguntaron qué le había pasado, respondió que había estado en una pelea con Castillo.

La fiscalía reunió una batería de pruebas: el acta policial, el croquis del lugar, entrevistas vecinales, el certificado médico del agredido, su historia clínica completa, la pericia forense y los registros fílmicos que comprometían a los acusados. Con todo ese sustento, se ofreció a ambas defensas llegar a un acuerdo abreviado, que fue aceptado por los imputados tras reconocer su participación como coautores del hecho. La calificación legal fue lesiones graves, de acuerdo a los artículos 90 y 45 del Código Penal.

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El historial complicó a uno de los acusados

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Marcos Márquez arrastraba una historia delictiva previa. Fue condenado en junio de 2021 por el Juzgado Correccional N°1 de Junín de los Andes a 1 año y 8 meses de prisión efectiva, por robo, amenazas calificadas, lesiones leves y desobediencia. La pena unificada se agotó en noviembre de 2022, pero pesó como antecedente directo en este nuevo proceso.

Por ello, la fiscalía solicitó una condena efectiva y la declaración de primera reincidencia. El juez aceptó el planteo y dictó prisión efectiva.

En el caso de Lautaro Castillo no se registraron antecedentes computables. Por eso, la fiscalía acordó con la defensa una pena de 3 años de prisión en suspenso, sujeta a condiciones de conducta. Durante los próximos dos años, Castillo deberá fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, evitar el consumo de alcohol o drogas en la vía pública y presentarse periódicamente en el Patronato de Liberados.

Además, tiene prohibido acercarse a la víctima o su domicilio a menos de 200 metros, ni contactarlo por redes o intermediarios.

Durante la audiencia, el juez fue enfático al recordarles a ambos imputados la gravedad del hecho y la posibilidad que tenían de optar por un juicio común. Ambos aceptaron el juicio abreviado, reconocieron la autoría y se mostraron conformes con la pena acordada. “¿Reconocen la coautoría del hecho?”, preguntó Gatti. “Sí”, respondieron, uno tras otro, Castillo y Márquez, con breves monosílabos que cerraron el camino judicial abierto tras aquella madrugada violenta.

La víctima, cuya identidad se reserva, continúa en tratamiento médico. Su hermana, además de aportar pruebas clave, solicitó medidas de protección ante el temor de nuevos contactos o represalias. La fiscalía incluyó esas restricciones como parte del acuerdo final, que ya cuenta con el consentimiento de la víctima.

Al finalizar la audiencia, la defensa de Castillo solicitó que, en caso de homologarse el acuerdo, se ordenara su inmediata libertad, dado que hasta el momento se encontraba con prisión preventiva. El juez lo aceptó y pasó a un cuarto intermedio para dictar sentencia definitiva este martes 5 de agosto, una formalidad tras un proceso que ya había dejado todo dicho.

La condena, aunque con penas diferentes, representa para la víctima y su familia una forma de reparación. Apenas tres meses después del hecho, los agresores recibieron su condena.