Los condenados por la estafa al Ipross irán en queja a la Corte Suprema

Los cuatro condenados por la causa de la estafa al Ipross, que desde el lunes permanecen con prisión preventiva, tras revocarse el beneficio de la tobillera electrónica, están decididos a acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso extraordinario para revisar la sentencia.

Los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Eduardo Mastandrea y Eduardo Mascaró, y la auditora del Colegio de farmacéuticos, Sandra Fasano, recibieron el revés judicial por parte del tribunal de juicio de Roca, que el año pasado los condenó con penas que van desde los nueve años y seis meses a los seis años y seis meses de prisión, a diez meses de la sentencia.

La abogada defensora Patricia Espeche confirmó a este diario que “se harán los recursos correspondientes, especialmente en la Corte Suprema”, a pesar de que es complejo llegar a esa instancia y pueden pasar varios años hasta que se expida el tribunal.

 La letrada dijo que busca “revertir esta sentencia tan injusta e irrazonable” que aplicó la justicia de Río Negro contra sus defendidos, acusados de múltiples estafas a la obra social provincial Ipross.

Espeche confirmó que los tres farmacéuticos están alojados en el exMaruchito, una dependencia penitenciaria provincial ubicada en Roca, mientras que Fasano obtuvo la prisión domiciliaria, que cumple en su vivienda de Allen, por cuestiones de salud.

Los jueces Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido hicieron lugar al pedido de la fiscal jefa Teresa Giuffrida y el fiscal Marcelo Ramos para que los condenados, que hasta el momento permanecían con un régimen especial sin prisión efectiva con uso de tobillera electrónica, esperen en prisión lo que a futuro defina el máximo tribunal del país.

Se fundamentó que en la Provincia ya no quedan instancias judiciales para los condenados y existía un riesgo de fuga por tratarse de personas con recursos para hacerlo, aunque hasta el momento se sometieron a todo el proceso judicial que se llevó adelante en el Alto Valle.

En paralelo, la Fiscalía de Estado de Río Negro impulsa una causa en el fuero Contencioso Administrativo de Viedma para el recupero de los bienes defraudados.