“No cometí ninguna defraudación” dijo Martini en el juicio por Techo Digno en Bariloche

La exintendenta María Eugenia Martini esgrimió este jueves su descargo ante el tribunal que la juzga por la causa Techo Digno y negó haber incurrido en delito alguno en la administración de ese plan de viviendas de origen federal, que comenzó a ejecutarse en Bariloche durante su mandato.

Tal como había anunciado -y una vez cerrada la nómina de testigos-Martini se sentó frente a los jueces y brindó su versión de los hechos. Lo mismo hizo el segundo imputado, Alfredo Milano, de profesión ingeniero, quien está acusado de firmar las certificaciones de las obras de Techo Digno en la condición de inspector municipal. Ninguno de los imputados respondió preguntas.

La exintendente desandó en una estudiada exposición de casi media hora los argumentos que a su entender la exculpan de las responsabilidades atribuidas por la fiscalía por el pago en exceso a las empresas ejecutoras del plan Techo Digno -Alusa y Oriente-,a partir de certificaciones de avance que excedían lo realmente construido.

El soporte técnico de esos desembolsos eran los informes periódicos que efectuaba Milano. Luego Martini, como jefa del Ejecutivo, firmaba las resoluciones de pago. Los hechos investigados ocurrieron entre 2013 y 2015.

La exintendente citó ordenanzas y dedicó varios párrafos a describir el contexto de aguda crisis económica en la que le tocó administrar el municipio, la falta de “liquidez de caja”, la inflación creciente y las tasas congeladas.

Dijo que el programa federal Techo Digno llegó desde Nación para afrontar el déficit habitacional de la ciudad, al que definió como “acuciante”, y afirmó que“la intervención del Estado es fundamental para garantizar la paz social y resolver los problemas”. Con ese criterio, dijo, se implementan los planes de obra pública.

Martini dedicó una crítica expresa a varios peritos y auditores que declararon en el juicio y señalaron inconsistencias en la administración de Techo Digno cuando dijo que“gobernar no es un cuadro de excel en la oficina calentita, sin considerar el factor humano”.

En resguardo de su rol, advirtió que a la hora de certificar y pagar obras “el intendente no determina ningún avance físico. De ninguna manera tiene intervención en los certificados de obra”.

Con esa afirmación buscó ponerse a salvo, pero no desmintió que haya existido un desfase entre lo ejecutado y lo certificado, como repite la fiscalía. Esa responsabilidad recaería entonces en los cuadros técnicos.

Explicó que las órdenes de pago se hicieron en cada caso “según lo reglado y con todas las firmas correspondientes”, además de la respectiva partida presupuestaria.

“No soy responsable de los delitos de los que me acusan”

Según Martini, si hubo irregularidades debieron ser detectadas mucho antes, ya que “el Tribunal de Contralor puede revisar cada orden de pago hasta cinco días después” y objetar cualquier irregularidad, “pero eso no sucedió”.

Insistió luego en que pretender que una intendente con una licenciatura en Trabajo Social (como es su caso) “deba auditar obras, conocer el avance de una obra, es casi un disparate”.

Se refirió también al manejo de los fondos específicos. Dijo que en 2014 propuso y logró apoyo del Concejo para postergar la devolución de los fondos tomados en forma provisoria para gastos corrientes, y que en 2015, cuando se produjo el recambio de gobierno, dejó abierta esa posibilidad para su sucesor Gustavo Gennuso.

Martini no se refirió en forma puntual a la constitución de plazos fijos con fondos de destino específico, por lo cual enfrenta una segunda acusación por el delito de peculado. Dijo que en su gobierno buscó regirse en todo momento con con el“principio rector” de privilegiar la paz social.

“No cometí ninguna defraudación -reafirmó sobre el cierre-. No soy responsable de los delitos de los que me acusan”. El juicio continuará mañana con los alegatos y el fallo quedaría para los primeros días de abril.

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Milano y las diferencias con el IPPV

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El ingeniero Milano se desempeñó en el último tramo de la gestión de Martini como inspector de Obras del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y tuvo a su cargo el seguimiento cotidiano del programa Techo Digno, que incluía más de 800 viviendas.

Al igual que Martini, está acusado del delito de defraudación. En su caso, el eje de la imputación son las diferencias entre las certificaciones de obra que llevan su firma y las que realizaron los profesionales del IPPV a comienzos de 2016, como paso previo a la provincialización del programa.

La brecha entre una y otra, para algunas licitaciones, llegaba al 45%. Siempre con el municipio certificando de más, con sus correspondientes pagos a las empresas contratistas.

Como ya lo había advertido uno de los peritos, Milano dijo que no había correspondencia entre las planillas de relevamiento usadas en cada caso. Dijo que cualquier obra se rige con el pliego de bases y condiciones y de allí tomó el parámetro para efectuar las mediciones municipales, que tenían “20 rubros” de evaluación.

El IPPV, en cambio, relevó con otra planilla, desplegada en “20 rubros y 65 subrubros”. También eran distintas las “incidencias” de cada rubro en el total. El Instituto provincial otorgó mayor peso a los rubros “de terminación”.

Eso explica, según Milano, las diferencias detectadas en las certificaciones. Y dio una razón que hasta entonces nadie había señalado con esa claridad: a fines de 2015 las obras habían quedado paralizadas y “no estaba asegurado el financiamiento” para continuarlas, de modo que el IPPV, con la estimación a la baja del avance de obras. el IPPV abría el camino para obtener un flujo de fondos más holgado. Y agregó: “si me hubieran encargado un relevamiento en esa situación, hubiera hecho lo mismo que el IPPV”.