Nueva denuncia contra la fiscal Cendón en Bariloche y más reclamos de suspensión

El inicio del sumario que dispuso hace 20 días el Consejo de la Magistratura contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón a partir de las acusaciones en su contra por violencia y acoso laboral no contribuyó a aquietar las aguas. Los denunciantes agregaron constancias sobre nuevas actitudes de “injerencia funcional y amedrentamiento” de la funcionaria investigada y volvieron a reclamar su “urgente” suspensión preventiva.

Los hechos atribuidos a Cendón comprenden situaciones de presión, maltrato y manipulaciones de las que se declararon víctimas varios fiscales, defensores y funcionarios judiciales. La primera denuncia data de comienzos de septiembre y desde entonces el clima interno en los tribunales penales de Bariloche se tensó al límite. Algunos de los denunciantes renunciaron y otros están con licencia psiquiátrica.

El pasado 7 de noviembre el Consejo de la Magistratura de la III Circunscripción, en su última reunión en Bariloche, resolvió abrir el sumario de investigación contra Cendón y designó como instructor al legislador de PRO a Juan Murillo Ongaro. Ese día también acordaron por unanimidad mantener a la fiscal en su cargo y rechazar la suspensión.

Desde entonces no hubo más novedades, pedidos de informes ni señales de que Murillo haya comenzado con la tarea encomendada.

La abogada que patrocina a los denunciantes, Carla Orticelli, le dijo a este medio que aun 20 días después no les consta siquiera que Murillo haya aceptado por escrito la designación, ni recibieron las actas de la reunión del Consejo “con todas las firmas”, como correspondería por “formalidad”.

Contradicción de la Magistratura en casos equivalentes

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Además de subrayar las nuevas inconductas de Cendón, la abogada dijo que “es grave” la decisión de no suspenderla y lo contrastó con lo ocurrido con la exjueza de El Bolsón, Erika Fontela, y con el excamarista laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén, quienes también enfrentaron denuncias similares, pero fueron apartados de sus funciones desde el inicio de las investigaciones.

Orticelli dijo incluso que las imputaciones eran menos graves, al menos en el caso Guerra Labayén. Refirió que las acciones reprochadas a Cendón tienen otra entidad e “incluso pueden constituir delitos”, pero aun así no la suspendieron.

Ese mismo argumento fue expuesto con detalle en el escrito enviado días atrás al sumariante en el que describen los nuevos hechos y señalan la “contradicción institucional” respecto del apartamiento de funciones del investigado.

Le reclamaron a Murillo que pida una reunión inmediata del Consejo de la Magistratura para disponer “la suspensión provisoria y preventiva de la fiscal, conforme a la gravedad de los hechos y la necesidad de proteger a los testigos y el servicio de justicia”.

Recordaron que en el caso de Guerra Labayén una de las justificaciones de la suspensión fue la necesidad de “evitar la escalada de actos que puedan afectar el sumario”. Agregaron que en el caso de Cendón hay denuncias sobre el “amedrentamiento directo a testigos” (entre los que nombran a Facundo D´Apice, Daniela Ortiz Celoria y María Jalil), de modo que “la escalada de actos ya se ha producido de manera concreta”.

Agregaron que “la falta de suspensión provisoria mientras existe una prueba fehaciente de que la denunciada está utilizando su poder jerárquico para influir sobre el personal y entorpecer la investigación perpetúa el riesgo y socava la credibilidad del proceso sumarial”.

Presiones y represalias que se repiten

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En relación con la denuncia de “nuevos hechos”, posteriores al inicio del sumario, los denunciantes refirieron que Cendón invadió funciones que le son ajenas al disponer el traslado de una empleada de la fiscalía a cargo de Ortiz Celoria, a quien ya había acusado de “traición”, cuando comenzaron las denuncias.

Encuadraron esa actitud como “abuso de injerencia funcional” ya que Ortiz Celoria, a la que consideran una “testigo clave”, no depende de Cendón sino del otro fiscal jefe, Martín Lozada.

Según los denunciantes, esos hechos son demostrativos de que Cendón “continúa realizando acciones concretas para desestabilizar el testimonio de los involucrados mediante presiones laborales y reasignaciones punitivas”.

Insistieron en que las actitudes señaladas en la nueva denuncia repiten un «patrón de represalias» y ponen en riesgo el resultado de la investigación disciplinaria contra Cendón. Afirmaron que su suspensión urgente “es necesaria para proteger a la fiscal Ortiz Celoria» de las actitudes intimidantes y «para asegurar la continuidad del servicio de justicia”.

Además contribuiría a “detener el clima de intimidación, que ya ha provocado un daño físico y psíquico constatable” en algunos de los denunciantes y potenciales testigos.

Orticelli dijo que los inquieta no tener noticias todavía sobre las medidas adoptadas en el marco del sumario porque los denunciantes “tienen el derecho a estar informados de las actuaciones”. Estimó que la cercanía de la feria judicial podría estirar los plazos, y señaló que la voluntad de sus representados es «que no quede todo para el año que viene”.

Orticelli sostuvo que las medidas dispuestas por el procurador Jorge Crespo para crear dos “equipos” diferenciados en el ministerio público fiscal en Bariloche, para que Cendón no tenga contacto con sus denunciantes “resultaron insuficientes” como medida preventiva, porque continúa “el temor a las represalias”.

También cuestionó la indiferencia del Observatorio de Violencia Laboral del Poder Judicial, que recibió las presentaciones detalladas sobre las inconductas de Cendón y “tiene un protocolo para estos casos, pero no lo aplicó. Quizá es la primera vez que tienen una denuncia de estas características. Pero la excusa es burda”.