Pese a los esfuerzos de la defensa, el acusado de matar a Diego Cid en Bariloche seguirá preso

El único imputado por el crimen de Diego Cid, ocurrido en el Alto de Bariloche el último 12 de febrero, continuará bajo prisión preventiva en Cipolletti, tras el rechazo a un reclamo de la defensa para que le concedan la libertad con portación de tobillera electrónica.

Luciano Castillo está acusado de efectuar los dos disparos que le causaron la muerte a Cid y de escapar luego a Cipolletti, donde tiene domicilio. Si bien se entregó a la Justicia seis días después, y también entregó el auto y el arma empleada, nada de eso alcanzó para desactivar el “riesgo de fuga”, invocado por la fiscal Silvia Paolini al proponer la continuidad de la medida cautelar.

El abogado defensor, Miguel Ceballos,impugnó la prisión preventiva dictada contra Castillo el mes pasado por el juez Ricardo Calcagno y toda su batería de argumentos estuvo centrada en desmentir que exista riesgo de fuga.

El imputado se fue de Bariloche aquella madrugada de los balazos, apenas ocurrido el incidente. Según su defensor, tuvo “miedo” y corría riesgo de vida. Luego se “asesoró” y decidió colocarse “a derecho”.

También dijo que la descripción provisoria del hecho le genera “muchas dudas” y que la actuación de Castillo bien podría quedar encuadrada en la “legítima defensa”.

Ceballos recordó que de la pistola 9 milímetros del acusado salieron dos disparos y quese escucharon tres detonaciones. Sugirió que el tercer disparo provino de otra arma, de menor calibre, que fue encontrada en poder de Cid. Sugirió entonces que pudo existir un “tiroteo” y que todo eso debe ser investigado.

También dijo que su defendido el día anterior había pactado una transacción informal con Cid, quien finalmente le “robó” porque se fue con el dinero y la “mercadería”. Agregó que el hombre que terminó asesinado intentaba hacer lo mismo con Castillo al momento en el que recibió el ataque desde el auto.

La fiscal Silvia Paolini dijo que Castillo está acusado de un delito que tiene como pena mínima 10 años y ocho meses de cárcel, lo cual puede ser un motivo valedero para la fuga.

Y que si se entregó en forma voluntaria fue después de seis días, lo cual frustró la conformación de pruebas clave, por ejemplo las pericias de residuos de pólvora en sus manos. “Pudo armar en ese tiempo otra teoría del caso. Distinto hubiera sido si se presentaba inmediatamente”, sostuvo la fiscal.

Admiten el comercio de drogas como trasfondo

Paolini pidió que se rechace lo pedido por la defensa y que el juez de revisión, Martín Arroyo, ratifique la prisión preventiva del imputado. También se refirió a la “mercadería” que Castillo había ido a venderle a Cid. Pero el querellante, Pablo Calello, cuando le tocó el turno, decidió romper el eufemismo. “Llamemos las cosas como son, estamos hablando de estupefacientes”, aclaró.

Cuestionó al defensor por subrayar que Castillo tenía “arraigo” en Cipolletti, con trabajo y familia. Según Callelo, “el arraigo no le impidió trasladarse a Bariloche para vender ‘mercadería’. El contexto es grave, la expectativa de pena es alta, el riesgo de fuga también es alto” afirmó, para pedir que continúe preso.

El segundo querellante, Horacio Brucellaria, dijo que “el defensor pretende naturalizar una conducta aberrante”, y que Cid fue víctima de un hecho “de violencia inusitada”, en la cual el acusado “disparó sobre seguro desde un auto”.

El defensor hizo un intento más por por evitar un revés que parecía ya dictado y dijo que Castillo era portador legal del arma que llevaba y que luego entregó, en cambio Cid tenía en su poder un arma ilegal.

También señaló en su favor que no había sido declarado en rebeldía (a pesar de los seis días en los que estuvo prófugo) y que nunca falseó su identidad. Insistió en que hubo “disparos desde dos lugares” y que “está en duda todo”. Recordó que Cid era una persona con antecedentes delictivos, y que “robó el estupefaciente no para consumirlo él, sino para hacer su negocio”.

“No están querellando por un santo, seamos claros”, les dijo a los abogados de la acusación privada.

Luego de escuchar a las partes, el juez Arroyo desechó el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva de Castillo. Entre sus razones, señaló que al haberse entregado seis días después del homicidio “no anuló ni neutralizó” el riesgo de fuga. “Castillo se fue del lugar del hecho, eso no está controvertido”, sostuvo el juez.

También se refirió al motivo de su encuentro con Cid: “ir a vender droga no es lo mismo que vender guardapolvos escolares, pero tampoco es algo para evaluar en este momento, sino al mensurar una eventual pena”. Recordó que Castillo estaba en el auto desde donde partieron los disparos y que si hubo legítima defensa su patrocinante deberá probarlo.

En definitiva, el juez decidió “confirmar en todos sus términos” la imposición de prisión preventiva, porque había sido “razonable y ajustada a derecho”.