Juicio de la obra pública: la fiscalía cuestionó los controles del Estado a Lázaro Báez

En la segunda jornada de alegatos de los fiscales, el foco fue puesto en la normativa aplicada para fiscalizar la obra pública en Santa Cruz. La vicepresidenta Cristina Kirchner es una de los trece acusados por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.





Al retomar hoy su alegato en el juicio que se sigue a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros doce imputados, el fiscal federal Diego Luciani sostuvo que en la provincia de Santa Cruz hubo un “direccionamiento grosero inadmisible” a favor de empresas de Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública vial nacional entre 2003 y 2015.

“Hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, a favor de Báez”, dijo Luciani en el segundo día de alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco del juicio por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

Si bien en esta etapa es obligatorio para los imputados presenciar el alegato, la Vicepresidenta fue autorizada por el Tribunal a no conectarse hoy y el próximo viernes a la plataforma Zoom por motivos de agenda parlamentaria en el Senado Nacional.

Los funcionarios del área «omitieron cualquier acción tendiente a impedir el derroche de fondos del Estado. Permitieron que se instalara en Santa Cruz un sistema de corrupción permanente«, agregó Luciani.

«Demuestran una desidia absoluta y una firme intención de que todo se manejara en la estructura provincial que había sido manejada 12 años por Néstor Kirchner, cuando él gobernaba la provincia», analizó.

En la segunda de las nueve audiencias que tiene previstas, el fiscal centró su atención en lo ocurrido en Santa Cruz desde 2003 hasta 2015, con el dictado de normas y la firma de convenios entre Vialidad Nacional y provincial que según él “fueron relevantes para la maniobra”.

En su alegato, el fiscal Luciani apuntó a la utilización de la normativa de Santa Cruz para controlar las obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.  “Fallaron los controles” porque “se aplicó la ley provincial; este era el plan para defraudar al Estado”.

El fiscal dijo que la ley local no garantizó “principios básicos de transparencia y publicación de las obras públicas”. No obstante, Luciani admitió que las obras se publicaban en el boletín oficial de Santa Cruz y en un diario local, aunque consideró “insuficiente” a esta publicidad.

También destacó que la ley de santa Cruz da prioridad a las empresas locales lo que atenta contra “la libre competencia con otros grupos empresarios”.

En simultáneo al desarrollo de la nueva audiencia judicial, a través de la etiqueta #TodosConCristina, ministros del gabinete nacional y referentes de la coalición oficialista del Frente de Todos se expresaron a través de Twitter en respaldo de la Vicepresidenta.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Justicia, Martín Soria, coincidieron en señalar que el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, constituye una “persecución judicial” y “la expresión más grotesca de ‘lawfare’”.

“El alegato es una instancia de la cuestión judicial. Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado”, señaló el ministro coordinador esta mañana en declaraciones a la prensa al ingresar en Casa de Gobierno.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, señaló que “cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Cristina Kirchner entraba a escondidas al despacho de (Mauricio) Macri en la Casa Rosada” y agregó: “No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país”.

En declaraciones radiales, el senador nacional Oscar Parrilli dijo que el juicio contra la Vicepresidenta es “una fenomenal puesta en escena”, y fustigó: “Más que un fiscal, Luciani parecía un columnista de TN y La Nación+” y añadió: “Usaba hasta las mismas palabras que usan estos medios”.

El juicio se realiza de manera semipresencial, con los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu conectados desde una sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes de manera remota. Un problema con la conexión a Internet en los tribunales del barrio porteño de Retiro obligó a disponer un cuarto intermedio y a un cambio de sala por parte del Tribunal, que pudo retomar la audiencia después de un corte de media hora. Además de la Vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y exfuncionarios del área como José López, entre otros.

Contexto

La fiscalía quedó como única parte acusadora en el juicio que lleva más de dos años y ayer anticipó que considera que hay prueba para formular acusaciones a los 13 imputados por los supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación. El alegato se extenderá por al menos nueve audiencias y luego será el turno de las defensas.

En el juicio se debate si hubo delito en el otorgamiento de obra pública vial nacional en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, como supuesto direccionamiento a su favor, sobreprecios e incumplimientos.

Además de la vicepresidenta son juzgados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y exfuncionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.

«Asociación ilícita»


“Al asumir en 2003 Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz, una de las matrices de corrupción más extraordinarias, que, lamentablemente y tristemente, se hallan desarrollado en el país”, había dicho ayer uno de los fiscales al reiniciarse el juicio oral.

Diego Luciani, el primero de los dos fiscales en hablar ante el Tribunal Federal Oral 2, de Comodoro Py había sostenido que el Ministerio Público Fiscal «tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita piramidal de características singulares”.

Luciani y su colega Sergio Mola expusieron de manera virtual. La videoconferencia fue seguida por el tribunal y por los trece acusados de los delitos de “defraudación pública” y “asociación ilícita”.

Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, se manifestó vía Twitter. “El alegato del fiscal es una vergüenza, está llenando el tiempo. Al momento no mencionó ni una prueba de cargo contra Cristina”, dijo.

«Persecución judicial»


Funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FdT) continuaron con expresiones de apoyo en las redes sociales a Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron «maniobras del lawfare”. A través del hashtag #TodosConCristina, ministros del gabinete nacional se expresaron a través de Twitter, en el marco de la segunda jornada de alegatos.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo que cree «en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado». «El alegato es una instancia de la cuestión judicial. Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado», señaló el ministro coordinador esta mañana en declaraciones a la prensa al ingresar en Casa de Gobierno.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, señaló que «cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra Cristina Kirchner entraba a escondidas al despacho de (Mauricio) Macri en la Casa Rosada» y agregó: «No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país».


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