Estafa con planes sociales: el Tribunal de Cuentas abre su propia investigación

Lo dispuso en el marco de la ley de Administración Financiera y Control de Gestión. Es un sumario paralelo al trabajo de la fiscalía penal.





En una decisión con escasos antecedentes, el Tribunal de Cuentas de la provincia resolvió iniciar de oficio un sumario para investigar las cuentas del ministerio de Desarrollo Social, en el contexto de la estafa con planes sociales que se descubrió en julio pasado pero que llevaría más de dos años de ejecución.

La investigación será paralela a la que lleva adelante el fiscal jefe Pablo Vignaroli con el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, como querellante. Se trata de un sumario administrativo patrimonial, informaron fuentes consultadas por Río Negro, lo cual no impide que los organismos intercambien información.

La decisión se tomó en la reunión del jueves, de la que participaron el presidente subrogante del Tribunal de Cuentas y vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, la vocal Marcela Serrano, el vocal Antonio Di Maggio, y las vocales subrogantes Mabel Coziansky y Ana Cerutti.

El sumario se encuadra en el artículo 111 de la ley 2141 de Administración Financiera y Control de Gestión: «Ante la toma de conocimiento de la presunta comisión de irregularidades que pudieran dar origen a perjuicio fiscal, el Tribunal podrá disponer cualquier medida que considere necesaria y/u oportuna para la dilucidación de los hechos, inclusive tomando a su cargo la sustanciación del sumario cuando a criterio del Tribunal justifique su intervención directa en esta etapa».


El contexto


La decisión se conoce justo en el momento en que crecen las críticas por la lentitud de la investigación del Ministerio Público Fiscal que lidera José Gerez.

La relación entre Busamia y Gerez no atraviesa su mejor momento, por decir lo menos.


Permanente auditoría


Las fuentes consultadas explicaron que la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social debe ser auditada en forma permanente por la vocalía de Administración Central, que está a cargo de Marcela Serrano, a quien se considera cercana al fiscal de Estado, Raúl Gaitán.

Como informó Río Negro, el rol de la fiscalía de Estado es desconcertante: esta semana Gaitán y el ministro jefe de Gabinete, Sebastián González, irrumpieron en una entrevista que una periodista y un periodista de este medio le realizaban al ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. «Vengo a escuchar», dijo Gaitán, quien vestía ropa deportiva.

En la entrevista, Di Luca dijo que «yo no veo el listado de beneficiarios», cuando se le preguntó sobre el mecanismo de selección y pago de los subsidios. Pero el ministro no solo ve, sino que conoce y decide los importes de los planes sociales que recibe cada beneficiario de la provincia. Al menos eso se desprende de una serie de decretos de su cartera que llevan la firma del gobernador Omar Gutiérrez.


Tocables e intocables


Por disposición del fiscal Vignaroli se realizaron 11 allanamientos, uno de ellos en la vivienda de Ricardo Soiza, director provincial de Planes Sociales. El funcionario continúa en su cargo, y además lo designaron en la Convención del Movimiento Popular Neuquino, organismo que lideran Jorge Sapag y Ana Pechen.

Otros dos funcionarios de menor jerarquía, en cambio, fueron separados de sus funciones, y empleados de planta política se quedaron sin trabajo.

Di Luca dijo que a Soiza no le habían formulado cargos, y que por eso lo mantenía en su puesto. Lo cierto es que todos los demás están en la misma situación: la fiscalía no hizo todavía ninguna imputación concreta.

El sumario del Tribunal de Cuentas abre una nueva expectativa. Habrá que ver la velocidad a la que se mueve y la profundidad que alcanza.


«Puede que haya desvíos»


El exgobernador Jorge Sapag dijo ayer a una radio que en los 12 años que lleva de gobierno, la lista Azul del MPN manejó un total de 24.000 millones de dólares en presupuestos. «En ese universo puede haber falta de controles que provoquen que haya desvíos, puede ser por negligencia y puede ser por dolo, puede haber de los dos»…

Añadió que «para eso está el Tribunal de Cuentas, la parta administrativa; está el fiscal de Estado con obligación de cuidar el erario público y defenderlo, no solamente en Tribunales, sino defenderlo en las acciones administrativas; hay una Contaduría General de la Provincia que está atenta, y también hay sumarios administrativos internos en caso de que haya irregularidades, que muchas veces las hay, hay muchos sumarios administrativos por irregularidades y, además, está el Poder Judicial con independencia para hacer las investigaciones correspondientes».


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