Procesan a funcionarios de la Universidad del Comahue por contrataciones con petroleras en Neuquén
La medida recae sobre tres funcionarios de la Facultad de Ingeniería. Se los investiga por los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
En las últimas horas, la Justicia Federal en Neuquén dio a conocer el procesamiento y embargo de los bienes de tres funcionarios de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). El dictamen responde a la causa que los investiga por delitos contra la administración pública en la contratación directa de servicios de auditoría para empresas petroleras.
La medida fue emitida por el Juzgado Federal de Neuquén N°2 y recae sobre funcionarios de la Facultad de Ingeniería, todos ellos integrantes del área de Organización de Auditorias Técnicas (OAT). Uno de ellos el responsable del sector y otros dos administrativos.
Según lo establecido, los imputados fueron considerados coautores penalmente responsables de los delitos de «negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad».
El embargo de los bienes del funcionario de más jerarquía se estableció hasta cubrir la suma de $8.815.000, mientras que a los otros dos coordinadores del área los embargó por el monto $8.065.000 cada uno.
La resolución en cuestión, fue realizada después de que el 23 de febrero, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal diera lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y revocara la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que había confirmado una la decisión del juzgado de sobreseer a los imputados. «En esa instancia, los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky devolvieron la causa al determinar que el marco investigativo se encontraba aún incompleto y que se le había puesto fin al proceso mediante una resolución que no abarcó la completa dimensión de los elementos obrantes en la causa», detalla la información judicial oficial.
Por parte del Ministerio Público Fiscal interviene en la investigación la Fiscalía Federal N° 2 a cargo de María Cristina Beute, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El origen del proceso contra los funcionarios de la Universidad
La causa que investiga las acciones de los funcionarios encargados de las auditorías comenzó tras la denuncia realizada el 15 de septiembre de 2014. La investigación se centra en la presunta adjudicación directa e irregular a una empresa subcontratada, que resultó ser beneficiada en varias oportunidades con las contrataciones para prestar servicios petroleros desde el 2010 al 2013 sin seguir los parámetros legales y principios que guían la contratación del Estado.
El material documental de la causa, el área de la OAT tenía como función específica interactuar con las operadoras hidrocarburíferas (OH), representando a la Facultad de Ingeniería. El rol además habilita ofrecer y coordinar las contrataciones de auditoría requeridas por las empresas.
«La OAT tenía la función de llevar adelante –con recursos propios o mediante la contratación de terceros- la efectiva prestación de los servicios de auditoría, así como facturarlos a las OH y elaborar los informes a ser presentados por la Universidad ante la Secretaría de Energía de la Nación», reza el comunicado judicial.
Durante el proceso de investigación el Ministerio Público Fiscal detectó entre diciembre 2012 y febrero del 2013 adjudicaciones para realizar auditorías a empresas como YPF y en fechas que aún se desconocen, a firmas como Petrobras y YPF GAS.
Según se detalló, el total de los contratos realizados entre la Facultad y las empresas fue de $9.896.333. El dinero habría sido producto de la realización de auditorías requeridas por las empresas petroleras, existiendo otras elegibles, que fueron desestimadas de forma irregular.
En una primera instancia, la imputación penal que pesó sobre los tres funcionarios había sido descartada por el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, que encuadró las contrataciones cuestionadas en el marco de «un acuerdo de colaboración y no bajo los principios que regulan la contratación del Estado».
La resolución fue apelada por la fiscalía y el 30 de agosto del año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió confirmar la resolución del juzgado de sobreseer a los tres funcionarios universitarios por considerar que no constituían delito los hechos que se les habían imputado.
Posteriormente, la fiscal general interina María Claudia Frezzini interpuso recurso de casación, que fue resuelto a su favor por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Esa decisión habilitó la nueva resolución del juzgado, que decretó el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo de sus bienes.
En las últimas horas, la Justicia Federal en Neuquén dio a conocer el procesamiento y embargo de los bienes de tres funcionarios de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). El dictamen responde a la causa que los investiga por delitos contra la administración pública en la contratación directa de servicios de auditoría para empresas petroleras.
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