Protocolo antipiquete: qué pasó en Río Negro en los últimos años y cuántas causas se iniciaron
El juez federal Hugo Greca tomó intervención en más de 150 expedientes entre 2019 y 2023. El actual secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, fue uno de los dirigentes que más causas acumuló.
Aún sin un protocolo antipiquetes, como el que anunció días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Juzgado Federal de Roca tuvo una activa intervención ante cortes de rutas nacionales u acciones directas en oficinas públicas de organismos con competencia federal.
La Justicia actúa de acuerdo a los procedimientos legales. Interviene ante denuncias o de hecho por la interrupción del tránsito en rutas nacionales y dispone de las fuerzas federales para avanzar en procedimientos.
El protocolo de Bullrich viene ahora a establecer las bases de la intervención para las cuatro fuerzas federales que están bajo su jurisdicción: Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura Naval, además del Servicio Penitenciario Federal, que desde ahora van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. También se ordena identificar a los manifestantes y utilizar métodos de filmación y fotografía para hacerlo posteriormente en pos de avanzar en las causas judiciales y sanciones administrativas, en caso de que sean beneficiarios de planes sociales.
En Roca, el Juzgado Federal que conduce el juez Hugo Greca tiene un registro de intervención activa en afectaciones al artículo 194 del Código Penal, que se trata del “entorpecimiento de servicios públicos”, como puede ser el corte de tránsito en rutas nacionales. Entre el 10 de diciembre de 2019 (previo a la pandemia) y 9 de diciembre de 2023 -presidencia de Alberto Fernández-, fueron 153 expedientes iniciados por ese motivo, según los datos a los que accedió Diario RÍO NEGRO.
El año que más casos hubo en la jurisdicción del Juzgado de Roca fue en 2022, con 78 intervenciones; en 2023 fueron 34 y en 2021 27. El año de inicio de la pandemia y las restricciones para la población de movilizarse, en el 2020, también hubo hechos que motivaron el accionar judicial en 14 casos. Y antes de ese período de encierro, en el 2019 fueron 37 las actuaciones.
En el período de diciembre de 2015 a diciembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, las actuaciones ascendieron a 95 en el Alto Valle.
El Juzgado Federal también tomó intervención en casos de coacción agravada, regulado en el artículo 149 Ter inciso 2 del Código Penal. Durante el gobierno de Macri fueron 10 las causas iniciadas por este delito en la jurisdicción valletana y en los últimos 4 años solo 2.
En los delitos de usurpación, entre los que se consideran en los casos de ocupaciones de edificios públicos federales, entre 2015 y 2019 hubo 14 causas iniciadas en el Juzgado de Roca y ninguna entre 2019-2023.
El que más hechos acumuló
Uno de los dirigentes que más cantidad de causas acumuló durante ese período fue el actual secretario general del gremio ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, a quien se lo responsabilizó de al menos 30 hechos que llevó adelante durante su conducción, también como referente provincial de la CTA Autónoma.
Los expedientes se habían originado en numerosas manifestaciones realizadas por la CTA Autónoma en el Alto Valle, muchas de ellas bajo modalidades violentas que implicaron agresiones e intimidaciones a funcionarios y empleados. También se encontraban en análisis lo ocurrido en Allen, cuando afiliados al gremio ATE y miembros de otras organizaciones tomaron instalaciones de la empresa YPF, además de protestas en Senasa, Anses y Desarrollo Social de la Nación.
El dirigente no tuvo ninguna condena ya que al momento de acceder a la probation no tuvo que reconocer ni autoría ni culpabilidad de los hechos. «Luego de dos años fue sobreseído. Lo único que por ocho años no pude volver a pedir una nueva medida como esta», reveló la fuente de la justicia federal consultada por este diario.
Aún sin un protocolo antipiquetes, como el que anunció días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Juzgado Federal de Roca tuvo una activa intervención ante cortes de rutas nacionales u acciones directas en oficinas públicas de organismos con competencia federal.
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