Piden revocar una probation para que Aguiar y Báez lleguen a juicio

La defensa dice que ya cumplieron con las pautas de conducta, pero la querella reclama a la Justicia Federal que tenga en cuenta episodios violentos posteriores al acuerdo.

La suspensión de juicio a prueba fue firmada en el 2018 pero para el abogado querellante, no todos la respetaron. (foto: archivo)

La suspensión de juicio a prueba fue firmada en el 2018 pero para el abogado querellante, no todos la respetaron. (foto: archivo)

Ya transcurrieron más de dos años desde que la Justicia Federal hizo lugar a una suspensión de juicio a prueba para el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, y a varios referentes sindicales, entre los que también se encuentra el cuestionado titular de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Báez, quien actualmente está detenido en el marco de una causa por abuso sexual en el fuero provincial.

Ahora, el fiscal subrogante Matías Zanona, requirió información al juez Federal Hugo Greca para saber si los imputados han cumplido con las reglas de conducta que les fueron impuestas por un plazo de 24 meses en la “probation”. Sin embargo, el abogado querellante Nicolás Suárez Colman aseguró que en el caso de Aguiar y Baéz, llevaron adelante actividades al margen de la ley por lo que solicitó que el proceso siga su curso y sean llevados a juicio.

Suárez Colman explicó que, en las últimas horas, el fiscal envió un escrito al Juez Federal solicitando información sobre los imputados. Y puntualmente pidió que se le informe si estas personas se han visto involucrada en nuevos delitos.

Cabe recordar que, junto a Aguiar y a Báez, en la causa se encuentran involucrados Rosa Ñanco, Federico Gabarra, Luciano Pedraza, Rodrigo Vicente, Mauricio Miguelez, Claudia Reyes, Guillermo Granados, Miguel Tapia, Ricardo Sal Martín, Carlos Goinhex, Néstor Gómez, Zulma Dávila y Gerardo Collinao.

A todos ellos, según explicó el abogado, se les atribuían delitos como entorpecimiento de los servicios públicos, coacción agravada, amenazas, lesiones, privación ilegítima de la libertad; además de cortes de ruta y la toma de las torres de YPF (Allen) y del área de Desarrollo Social de Nación en distintos hechos ocurridos entre los años 2016 y 2018.

Para el abogado querellante, tanto Aguiar como Báez se han visto involucrados en distintos hechos como el corte del puente carretero que une Neuquén con Río Negro, la quema de cubiertas en la Comisaría Tercera y la protesta en la vivienda de Miriam Saigg (denunciante y extitular de Desarrollo Social de Nación), a quien “Báez hostigó en su domicilio en el año 2019”.

“Atento lo solicitado por la defensa de los imputados, en autos, y existiendo por esta parte presentaciones previas denunciando el incumplimiento de las medidas de conducta que fueren oportunamente impuestas, solicitamos se revoque el beneficio acordado y continúen las causas según su estado”, dice el escrito del abogado.

Ahora, será el juez Greca quien deberá informar a la Fiscalía si existen antecedentes sobre algún ilícito en el que hayan incurrido los dirigentes agrupados en la CTA Autónoma, quienes habían accedido a esta suspensión de juicio a prueba tras cometer unos 30 hechos delictivos entre los que se encontraban cortes de rutas, amenazas y agresiones en distintos organismos. De no existir ninguna denuncia, todos será sobreseídos.


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