Protocolo para las infancias: esperan que la defensora Merlo atienda los reclamos

Un protocolo implementado hace más de un mes genera controversias, y la titular de la defensoría pública sigue sin recibir a las organizaciones en defensa de niños, niñas y adolescentes.

Representantes del foro de la ley 2302, de protección integral a la niñez y adolescencia, junto con legisladores y sindicatos, insistieron en dialogar con la defensora general del Poder Judicial de Neuquén, Vanina Merlo, para expresarle su preocupación por un protocolo que deja desprotegidos a niños, niñas y adolescentes, según denuncian.

«El protocolo modifica el acceso directo de los niños a la justicia después de las 14. Delegan atender las guardias, que estaban a cargo de las defensoras, en el Ministerio de Desarrollo Social», explicó a RÍO NEGRO RADIO la referenta Mónica Gatti.

Este viernes se concentraron frente a la Ciudad Judicial y entregaron una nota en la mesa de entradas pidiendo una audiencia. Vanina Merlo, firmante del protocolo 19, hasta ahora no ha dado respuestas al reclamo, y medió las explicaciones a través de una de las defensoras del Niño, Natalia Stornini, quien ofició de vocera ante la prensa.

Además del Foro de defensa de la Ley 2302, acompañaron el pedido de audiencia las diputadas Soledad Salaburu, Blanca López y el diputado Andrés Blanco; trabajadoras y trabajadores del Servicio de Maltrato y Abuso Sexual Infantil del Castro Rendón-Línea 102; representantes del Colegio de Trabajo Social y de Psicólogos; de la Sociedad Argentina de Pediatría; las Comisiones Directivas de ATEN Provincial, Capital y Plottier; la APDH; docentes y trabajadores de Desarrollo Social.

La gravedad del protocolo


Gatti explicó que «cuando se llama a la defensoría es porque un chico ya no puede estar con su papá o su mamá, tiene que ir temporalmente con otra familia o un hogar, y eso es una decisión judicial».

«Nuestra ley determina que el lugar de entrada de protección son los defensores, pero es muy serio plantear que además del diagnóstico y el tratamiento, el Ejecutivo tiene que tomar una decisión, informársela a los padres, ir a buscar al chico, a la familia…», agregó.

La defensora Stornini dijo a Río Negro, días atrás, que las guardias del organismo se mantienen, y que «atendemos el teléfono las 24 horas», pero ratificó que el primero que debe intervenir en caso de infancias en riesgo «es el Ministerio de Desarrollo Social, que es el órgano de aplicación de la ley 2302″.

Gatti señaló que «el protocolo es muy claro, dice que la defensoría hará un control de legalidad, nada más».

«Quiebra la confianza»


«Este protocolo quiebra la confianza entre equipos que han trabajado con rutinas, con modos de trabajo. Nos conocemos, rápidamente logramos una comunicación, y ahora nos están diciendo ‘no nos llamen más, llamen a Desarrollo Social'», describió Gatti.

Afirmó que «necesitamos hablar con la defensora general, poner los problemas sobre la mesa. Y si hay dificultades, habrá que pedir más recursos».

Escuchá a Mónica Gatti, referenta del Foro en defensa de la 2302, en RÍO NEGRO RADIO:

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