Maltrato en la infancia en Neuquén: aseguran que un protocolo desprotege a los niños

«Neuquén es una sociedad en la que uno percibe la violencia hacia los chicos. Hemos tenido casos de altos niveles de crueldad», dijo días atrás el fiscal Germán Martín Aimar. Para corroborar sus dichos, el viernes pasado un jurado popular declaró culpable a un hombre que abusó y asesinó a su hijastro de 2 años. Durante el juicio quedó al descubierto que otros dos hijos de la pareja sufrías castigos frecuentes.

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Sin embargo, los recursos que pone a disposición el Estado para afrontar esta epidemia son cada vez menores. Organizaciones en defensa de los derechos de las infancias y adolescencias de Neuquén aseguran que una resolución del Ministerio Público de la Defensa que firmó su titular, Vanina Merlo, «vulnera el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes tal cual lo garantiza la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de Niñez y Adolescencia».

La resolución lleva el número 19/2023, está fechada el 9 de marzo y se refiere a la «intervención en guardias de las Defensorías del niño y adolescentes de la 1° Circunscripción», con cabecera en Neuquén capital, la más poblada de la provincia.

El responsable es Desarrollo Social

Allí se remarca que el órgano de aplicación de la ley 2302 es el Ministerio de Desarrollo Social, y que después de las 14, todas las emergencias se deben derivar hacia ese organismo o a la guardia de la fiscalía penal. «Poner en conocimiento a la defensoría de los derechos del Niño, Niña y Adolescente (DDNNyA) no es una instancia legal necesaria», afirma la resolución cuestionada.

«Sólo se debe activar la guardia de la DDNNyA cuando la situación requiera adoptar una medida de excepción», continúa.

La única medida excepcional que contempla está en el artículo 32 inciso 4 de la ley 2302, y se refiere a la internación de la víctima «en una entidad pública o privada».

Ni consultas ni asesoramientos

«El sistema de guardias -continúa la resolución de Merlo- no está contemplado como un mecanismo de consultas (…) tampoco configuran un servicio de asesoramiento a los progenitores en representación de niñeces y adolescencias».

Río Negro intentó hablar con Merlo u otro u otra funcionario de la Defensoría Pública para pedir más detalles. La única respuesta fue que el jueves se abordará el tema en una reunión con las instituciones y organizaciones correspondientes. De publicidad de los actos de gobierno, nada.

Desarrollo Social, desmantelado

Mónica Belli, médica pediatra y con formación en la problemática del maltrato infantil, dijo a este medio que «Desarrollo Social no tiene equipos ni personal capacitado para atender la demanda. Están con medidas de fuerza por reclamos salariales y no atienden el teléfono».

Explicó que «llega un niño o niña golpeada a la escuela o el hospital, y si los padres lo quieren retirar, nosotros como docentes o médicos no podemos hacer nada, necesitamos una autorización judicial. Para eso debe intervenir la Defensoría. Ahora nos pusieron un obstáculo: primero hay que llamar a Desarrollo Social para que evalúe la situación».

«Pero en Desarrollo Social -insistió- no hay personal con experiencia, la gente está un tiempo y se va por los bajos sueldos, lo toman como un paso hacia otra área».

Belli agregó: «de esta manera, los niños y niñas dejan de tener acceso y derecho a la justicia».

¿Quién se hace cargo?

Respecto de los juzgados de Familia, indicó que «también se han ido corriendo de esta responsabilidad». Y en cuanto a la fiscalía, «intervienen en casos de delitos sexuales, pero cierran las causas muy rápido».

Explicó que si la víctima no declara en cámara Gesell, «archivan la causa». Dijo que el niño o niña que sufrió un abuso «no siempre lo puede contar con palabras, pero tiene otras maneras de comunicarlo».

-En definitiva, si a la escuela o al hospital llega un niño con signos de maltrato después de las 14, ¿quién se ocupa? -le preguntó Río Negro.

-Y… la maestra o el médico -lamentó Belli.