Quiénes integrarán el comité contra la tortura en Neuquén

Las organizaciones de Derechos Humanos avalaron seis postulaciones. Ahora se abre el período para que la ciudadanía opine y luego la Legislatura designará. El organismo inspeccionará los lugares de detención sin requerir aviso previo y con acceso irrestricto.





La muerte de dos jóvenes presos, de 22 y 30 años, en la Unidad 11 de Neuquén, que compartían una celda de aislamiento individual comúnmente conocida como buzones, reactivó el debate sobre las condiciones de alojamiento en las cárceles de la provincia. A fin de año quedará constituido el comité provincial para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, que se creó por ley en 2019, y que tiene entre sus funciones la de inspeccionar, sin necesidad de aviso previo y con acceso irrestricto, los lugares de detención.

El comité estará compuesto por ocho integrantes, cinco de los cuales se presentan a propuesta de organizaciones involucradas en la defensa de las personas privadas de la libertad. Esta semana finalizó el plazo de inscripción para las postulaciones. La APDH Neuquén y la Asociación de Pensamiento Penal respaldaron seis candidaturas, entre ellas, la de Estefanía Buamscha, que es la actual directora general del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género de la provincia, y la de Silvia Couyoupetrou, que es miembro del equipo técnico profesional de la Dirección de Penas Alternativas, docente en contexto de privación de la libertad y que fue parte del equipo que realizó el primer diagnóstico psicosocial de la población carcelaria en 1995.

Las organizaciones avalaron también las nominaciones de Néstor Gimenez, que es el coordinador patagónico de la Rama de Liberados del Movimiento de Trabajadores Excluidos, en la cual se han formado 25 cooperativas dedicadas a la contención de personas que atravesaron el encierro; Roberto Samar, director general de coordinación de la subsecretaría de las Mujeres de la provincia, y en ese rol ha dado talleres en las Unidades 12, 11 y 16; Pablo Scatizza, doctor en Historia que trabajó como investigador en la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad en la región e integró la asociación Zainuco, y Pablo Meuli que ha participado en emblemáticas organizaciones de derechos humanos de la zona y es parte de la CoCaPre, que trabaja por el acceso a justicia completa para el docente Carlos Fuentealba.

La selección


Ahora se pone en marcha un mecanismo muy similar al de la cobertura de vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. La ciudadanía tiene 20 días hábiles para expresar sus observaciones a estos perfiles, que estarán disponibles de forma completa en la página web de la Legislatura. Las presentaciones deben ser enviadas a la casilla de correo electrónico: cpptytp@legnqn.gob.ar.

Finalizado ese plazo es remitida toda la documentación a la comisión de Derechos Humanos, y de allí pasa a la votación en el recinto, que tiene un máximo de 45 días para tratarlo. En esa misma sesión se aprueban las cinco designaciones, y las tres que corresponden a los bloques, dos representantes por la mayoría, en este caso el MPN, y uno por la primera minoría, el Frente de Todos, que ya ha oficializado el nombramiento de la diputada Soledad Martínez.

La integración debe respetar los principios de equidad de género y transdisciplinariedad.

Es una tarea remunerada cuyo mandato se extiende por cuatro años, con una posibilidad de reelección. El comité contará con un presupuesto, que hasta ahora no fue fijado porque la ley se reglamentó el 9 de diciembre de 2021, pero que deberá tener una partida asignada ya para 2023. Posee autonomía funcional y se constituye en el ámbito de la Legislatura.

Funciones del comité


Además de realizar inspecciones periódicas, está previsto que el comité reciba denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad, elabore recomendaciones sobre políticas públicas, confeccione una base de datos para llevar un registro sobre casos de torturas y malos tratos y prepare un informe público anual a los tres poderes del Estado sobre la evolución de la realidad carcelaria.

Podrá presentarse como querellante en causas judiciales relacionadas con hechos de tortura, como iniciarlas si ve obstaculizadas sus funciones y tareas. Incluso el comité puede emitir opinión no vinculante sobre ascensos o procedimientos disciplinarios al personal policial y penitenciario acusado de torturas y malos tratos. Se considerará que incurre en una falta grave quien impida el ingreso irrestricto del comité a un lugar de detención.

La provincia carece de servicio penitenciario, y es el personal policial el que está afectado a la custodia en las cárceles.

Según el último informe elaborado por la fiscalía, hasta agosto de 2022 había 636 personas detenidas en la provincia, de las cuales 86,64% estaban condenadas y 13,36% con prisión preventiva. Respecto a la ocupación en ciertas Unidades, como la 11, está por encima de su capacidad: debería haber 256 varones y están alojados 274.

Muerte en custodia


Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola estaban cumpliendo condena en la Unidad 11, alojados en el pabellón 6B, en una celda de pequeñas dimensiones, que apenas tiene un ventiluz, en un régimen de encierro de 23 horas por día. El martes 30 de agosto, entre las 17 y las 17.30, el personal policial advirtió que salía humo: habían prendido fuego un colchón. Entre las 18 y las 18.20 llegó el SIEN.

Herrera murió en la cárcel por asfixia. Había solicitado desde julio el traslado a la Unidad 22 de Cutral Co, por acercamiento familiar, que estaba en trámite y llegó a hacer una huelga de hambre. Mérgola fue trasladado al hospital Castro Rendón donde estuvo internado en grave estado y falleció el fin de semana. Según dijo a RIO NEGRO la fiscal Eugenia Titanti, a cargo de la investigación, ese mismo día alrededor de las 15, le pidió al oficial de servicio que lo mudaran al pabellón 10 «de los universitarios», que entre otras características es un lugar más abierto.

El domingo 28 Mérgola había llegado a la U11 y dos días después ocurrió el hecho. «Lo que se va acreditando hasta el momento es que no hubo intervención de personal policial para generar este foco igneo, los mismos detenidos dan cuenta de las circunstancias previas, en donde identifican a Mérgola como la persona que estaba ofuscada, exhaltada, generando por ahí algún disturbio», afirmó Titanti.

Agregó: «la hipótesis que hoy tiene más peso probatorio es que Mérgola estaba reclamando irse al pabellón de al lado y por eso intensificó su reclamo, de una manera altamente riesgosa, no solamente poniendo en riesgo la vida de él sino la de Herrera también y la de los demás detenidos».

Quedan pendientes las pericias de bomberos y el análisis de las cámaras del pabellón.

Más allá de si se determinan o no responsabilidades penales en los encargados de la custodia, hay aspectos contextuales un poco más complejos. Por ejemplo, ambos manifestaron que estaban de acuerdo en compartir una celda (que solo cuenta con una tarima, por lo que uno de los dos dormía con un colchón en el piso) y que no tenían conflicto entre ellos ¿es adecuado que estuvieran juntos, por más consentimiento que dieran (en un contexto de encierro y no de libertad), permaneciendo en un lugar tan chico, sin la ventilación adecuada y saliendo una hora por día?


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