Revisan las imputaciones a Martini y empresarios por la causa de Techo Digno en Bariloche
La exintendenta y actual legisladora sigue vinculada a la causa y le sumaron nuevos cargos semanas atrás, por el delito de peculado. La fiscalía señaló que se crearon plazos fijo y se desviaron fondos de la cuenta a otros destinos. ¿Qué se pagó con el dinero de las casas?
La exintendenta y actual legisladora María Eugenia Martini lleva varios años involucrada en la causa por defraudación por el plan Techo Digno. Pide revisar la imputación. Archivo
Las defensas de la exintendenta María Eugenia Martini y dos empresarios de la construcción plantearon la revisión de los cargos formulados por fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado (en el caso de la legisladora) en la causa que investiga la ejecución de viviendas del plan Techo Digno en Bariloche, entre 2014 y 2015.
El juez de Juicio Gregor Joos tiene a su cargo esta revisión que resolverá en los próximos días, luego de escuchar hoy durante más de 3 horas a las partes con sus argumentos y cuestionamientos a la formulación o reformulación de cargos que semanas atrás impulsó la fiscalía y convalidó el juez de Garantías, Ricardo Calcagno
Los abogados defensores de Martini, Alfredo Milano (quien en ese momento era jefe de obra en el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas de Bariloche), Alberto Usandizaga, presidente de la empresa Alusa y Juan Armando Castelli, titular de Oriente Construcciones apelaron los cargos formulados o ampliación en la mayoría de los casos, que se establecieron en la última audiencia del 5 de septiembre.
La causa por fraude lleva 8 años y no avanzó más allá de la formulación de cargos. El fiscal jefe Martín Lozada y el fiscal del caso Guillermo Lista defendieron su acusación contra los cuatro imputados y remarcaron el trabajo minucioso que se realizó con un informe contable de los pagos realizados y certificaciones de obra, que son objeto de debate.
Lozada cuestionó a los abogados defensores por no interiorizarse de los informes contables que tienen ocho cuerpos y donde se precisa el perjuicio económico, los “beneficiarios diversos” del desvío de fondos y las diferencias en las certificaciones de obra entregadas por el municipio y las empresas, contra el real avance que certificaron técnicos de IPPV y Fonavi de manera posterior, lo que generó que las constructoras hayan “cobrado en exceso”.
Martini, los plazos fijos y el destino de fondos a otros fines
Sebastián Arrondo, abogado de Martini, reclamó al juez que se revoque la reformulación de cargos contra su defendida a quien además del delito de fraude, se le sumó peculado, que implica la sustracción de caudales públicos que estaban bajo su custodia como jefa comunal.
Arrondo remarcó que la exintendenta no incurrió en una “participación criminal” ya que como jefa comunal pagó los certificados de avance de obra con los fondos nacionales destinados a este fin e insistió que no podría ser responsable de determinar si los certificados de obra eran correctos o sobrevalorados porque no tiene una profesión vinculante a la temática de la construcción, ya que es licenciada en Trabajo Social.
En este punto el fiscal Lozada dijo que por su profesión Martini tiene “trabajo de terreno” aludiendo que podía conocer el grado de avance de las obras de las viviendas.
El abogado también cuestionó que se haya incorporado el delito de peculado en la última audiencia, tiempo después de la primera formulación de cargos, el mismo día que vencían los plazos y que se pidió el control de acusación. Insistió la diferencia de los delitos acusados “uno es una desprolijidad administratativa y otro es robo”, afirmó.
Arrondo, además, pidió precisiones a la fiscalía de su acusación respecto de que hubo “beneficiarios diversos” del presunto desvío de fondos. Lozada indicó que en el extenso escrito de los informes contables (que acusó a los abogados de no leer) estaba puntualizado, pero de todos modos informó, en la audiencia de revisión que se realizó por Zoom, que salieron de la cuenta de destinada al pago de la obra de Techo Digno: 182 millones de pesos hacia una cuenta del municipio del banco Credicoop; otros 130 millones de pesos a otra cuenta municipal utilizada para el pago de salarios; 73 millones de pesos a Alusa y 68 millones de pesos a Oriente; otra cifra a una empresa de servicios, 65 millones de pesos a una UTE; 59 millones a otra firma, 53 millones a la constructora Roque Mocciola (por otras tareas), 29 millones de pesos el fondo solidario nacional y 2 millones a una concesionaria de autos.
Dijo que hay una “conducta clara” de Martini por el delito de defraudación y que pagó en exceso la obra comparando con las licitaciones, sumado a que los empresarios “dieron cuenta de un estado más avanzado de obra de lo que en realidad se encontraban las obras”.
El abogado Arrondo también pidió que se revoque el segundo hecho de peculado que le atribuyó la fiscalía a Martini, por el hecho de constituir un plazo fijo como herramienta administrativa para evitar la pérdida del dinero con el avance de la inflación.
Para Lozada esa maniobra administrativa no corresponde porque el dinero de Nación para el plan Techo Digno tenía un destino específico que era la construcción de más de 800 viviendas y al derivarla a plazos fijos no se podía realizar el seguimiento del dinero.
Los empresarios defienden los certificados de avance de obra
Juan Pablo Álvarez Guerrero, defensor de Castelli (Oriente Construcciones) cuestionó que la reformulación de cargos se hizo el 5 de septiembre cuando se tenía que realizar una audiencia de control de acusación y dijo que la fiscalía no pudo puntualizar cuál fue el ardid o engaño en los certificados de avance de obra y que tampoco se acreditó el perjuicio económico.
Además, el abogado cuestionó que la fiscalía tome “arbitrariamente” un plazo acotado entre 2014 y diciembre de 2015 cuando las viviendas continuaron su ejecución y finalmente se entregaron. Lozada lo argumentó con el fin del mandato de Martini como intendenta, quien firmó los contratos con las empresas.
Carlos Aiassa, defensor del empresario Usandizaga, adhirió a los planteos de Álvarez Guerrero y agregó que la fiscalía mencionó “hechos difusos”, insistió que los certificados de obra eran auténticos y que los porcentajes son provisorios, un “principio básico de la obra pública”.
Luciano Perdriel, defensor de Alfredo Milano, el último imputado incorporado a la causa, cuestionó los cargos al señalar que los certificados de avance de obras que fueron pagados no son falsos.
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