Techo Digno: más plazo para investigar si hubo corrupción en la construcción de viviendas en Bariloche
El juez Ricardo Calcagno prorrogó por un año, a instancias de la fiscalía, la investigación sobre las presuntas maniobras con los 367 millones de pesos que Nación envió a la Municipalidad de Bariloche para la ejecución de 871 casas, que no se terminaron en los plazos previstos en los contratos.
La exintendenta de Bariloche y actual legisladora María Eugenia Martini es una de las imputadas en la causa judicial por Techo Digno. Archivo
El juez Ricardo Calcagno autorizó otra prórroga por un año de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la construcción de dos planes de viviendas en Bariloche, que se tenían que ejecutar con el programa nacional Techo Digno, informaron fuentes judiciales.
En la causa está imputada la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini, que hoy es la presidenta del bloque de legisladores provinciales del Frente de Todos, y los empresarios Juan Castelli, de Oriente Construcciones, y Alberto Uzandizaga, de la constructora Alusa.
La fiscalía le atribuye a Martini haber cometido una defraudación en perjuicio de la administración pública, junto con el uso de documentos públicos falsos. Mientras que a Castelli y Uzandizaga los acusa como partícipes necesarios.
La imputación sostiene que Nación envió partidas por 119 y 248 millones de pesos, entre abril de 2014 y diciembre de 2015, para la construcción de dos planes de 376 y 495 viviendas en Bariloche. Las casas no se terminaron en ese período. Años después, el Gobierno de Río Negro se hizo cargo de la continuidad de los trabajos y adjudicó parte de esas viviendas.
El programa se comenzó a ejecutar en esta ciudad tras la firma en diciembre de 2013 de un convenio entre la Secretaría de Vivienda de Nación y la Municipalidad de Bariloche, representada por Martini.
El primer plan de 376 casas se tenía que construir en un plazo de 24 meses por administración municipal. La segunda etapa del programa preveía la edificación de otras 495 viviendas, en 18 meses. Las obras fueron licitadas por la Municipalidad y adjudicadas a las empresas Alusa y Oriente.
Según la fiscalía, del convenio firmado “surgían obligaciones para el intendente, como abonar mensualmente a la empresa por la certificación de avance de obra”. Los investigadores sostienen que desde Nación “se transfirió casi la totalidad -el 98% del total- que no se condecía con el avance de las obras”.
En agosto del año pasado, Lista advirtió en la formulación de cargos que con las presuntas maniobras “se beneficiaron las empresas constructoras. Y la operatoria se concretó mediante certificaciones de avance de obras apócrifas. Con dicho accionar se causó un perjuicio al erario público”.
En esa ocasión, el fiscal sostuvo que entre junio y diciembre del 2015 , el municipio de Bariloche recibió 205 millones de pesos correspondiente a la segunda etapa del plan. “Fueron transferidos indebidamente un 82,7% del total convenido pese a que no hubo ni siquiera un acta de inicio para ninguna de estas cinco obras”, aseveró Lista.
Nadie se opuso a la prórroga
Este lunes, Calcagno admitió el pedido que formulado por el fiscal jefe Martín Lozada y Lista, que solicitaron la prórroga. También, la fiscal jefa Graciela Echagaray, que coordina los expedientes de la megacausa Techo Digno a nivel provincial, estuvo en la audiencia, informaron fuentes judiciales. Son varios los expedientes en trámite con varios exintendentes del Frente de Todos imputados y empresarios de la construcción.
La formulación de cargos contra Martini, Castelli y Uzandizaga fue la única que el Tribunal de Impugnación de la provincia no declaró nula en un fallo que dictó en diciembre pasado, cuando dejó sin efecto las acusaciones contra los otros exintendentes y empresarios y los sobreseyó.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dejó sin efecto la resolución del Tribunal de Impugnación y anuló los sobreseimientos a favor de los imputados. Por eso, las causas se volvieron a reactivar.
Las fuentes señalaron que los fiscales había argumentado este lunes en la audiencia el pedido de prórroga en la complejidad de la investigación e invocaron la Convención Americana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y otros instrumentos de derecho procesal.
También, mencionaron los tiempos procesales y que el Código Procesal Penal de la provincia prevé prorrogar las investigaciones cuando se trata de hechos complejos.
Los defensores particulares de Martini, Uzandizada y Castello accedieron al pedido de los fiscales. Como no hubo controversia, el juez dispuso la extensión durante un año de la investigación. Los imputados no asistieron a la audiencia. Estuvieron representados por sus defensores.
Planes habitacionales que movieron millones de pesos
El programa Techo Digno se desarrolló durante la gestión pasada de Cristina Fernández en numerosas ciudades del país y se administraron en forma directa con los gobiernos municipales. Durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, los auditores e interventores del área de Vivienda de Nación detectaron supuestas maniobras y se hicieron auditorías que advirtieron graves irregularidades, explicaron fuentes judiciales.
Por eso, la Sindicatura General de la Nación denunció los hechos antes el entonces juez federal Claudio Bonadío, que concentró todas las denuncias. Después, un fallo de la Corte Suprema determinó que Bonadío no tenía competencia para investigar los causas provinciales y el expediente de Bariloche retornó en agosto de 2018 a la fiscalía de Lista.
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