Se activó el proceso de desalojo de una comunidad mapuche en la cordillera: CELS pidió frenarlo
Ayer la defensora de la comunidad confirmó que no se retirarán del territorio, ubicado en Mallín Ahogado.
La comunidad Coronado Inalef anunció que resistirá en las tierras de Mallín Ahogado. Imagen difundida por APDH Chubut.
La comunidad mapuche Coronado Inalef anunció que resistirá en el territorio de Mallín Ahogado, en El Bolsón, donde permanece desde abril de 2023 y sumó el apoyo de diversas organizaciones y organismos de derechos humanos como la APDH y el CELS, que remitió una nota al procurador Jorge Crespo por esta situación.
El viernes 15 de marzo se cumplió el plazo que dispuso el juez Juan Pablo Laurence para el retiro voluntario de la comunidad mapuche en el contexto de una causa penal por el delito de usurpación de tierras que estaban en posesión privada de la familia Sepúlveda y la abogada Patricia Zavalía, querellantes en el expediente judicial.
El mismo día el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, notificó esta situación. Ayer al mediodía, la abogada defensora oficial de la comunidad, Natalia Araya, informó oficialmente al fiscal que la comunidad no se retirará del predio y se mantendrá en el terreno en disputa y tras esta confirmación la Fiscalía inició el protocolo de desalojo, que se producirá por la fuerza en los próximos días.
Fuentes del Ministerio Público indicaron a RÍO NEGRO que el protocolo obliga a convocar a varias instituciones como la Policía de Río Negro, Secretaría de Niñez y Adolescencia (ante la presencia de menores), Defensoría de Menores, Protección Civil, entre otros. No hay plazo preciso respecto de cuándo se procederá al desalojo.
Mientras tanto, la comunidad mapuche con apoyo del Parlamento Mapuche de Río Negro sumó adhesiones y expresiones de repudio al inminente desalojo de la APDH Noroeste Chubut, el grupo de mujeres mapuche witralein pu zomo, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias. Asambleas del Curru Leufu, la Colectiva Plurinacional Abya Yala de San Martín de los Andes, entre otros.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se expresó y envió una nota al procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, manifestando su “preocupación ante la posible desalojo y vulneración de derechos de la comunidad indígena lof Inalef”.
Las causas mapuches copan la agenda judicial en Río Negro
En la misiva firmada por Diego Morales, director del área de Litigio Estratégico y Defensa Legal del CELS, con el patrocinio letrado de María José Venancio, abogada del Equipo Tierra, Vivienda y Justicia Económica se hace una profusa exposición del marco normativo y jurisprudencial nacional e internacional sobre pueblos originarios.
El CELS pidió que “se tenga en cuenta el marco normativo correspondiente y se arribe a una solución que no implique vulnerar normativa nacional e internacional que protege a los pueblos indígenas, y se respete sus derechos humanos, sobre todo el derecho al territorio”.
Recordaron en la nota al procurador que recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de pueblos originarios de Salta en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina” y que el CELS presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”), por la violación por parte del Estado argentino de derechos humanos de los pueblos indígenas.
Para el organismo de derechos humanos el Estado “tiene que avanzar en medidas que aseguren el derecho a la propiedad comunitaria indígena y a la consulta previa, libre e informada de todas las comunidades indígenas del país, y no debe realizar acciones ya se por sus mismos agentes estatales o por terceros que vulneren los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios”.
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