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Las causas mapuches copan la agenda judicial en Río Negro
Este mes se reactivaron varios expedientes en los tribunales de Bariloche, que tienen entre los imputados a comunidades originarias por usurpación. Hay casos que llegan a juicio, otros están en instancias decisivas y fijaron una orden de desalojo.
La comunidad mapuche Buenuleo se instaló en septiembre de 2019 en un predio al pie del cerro Ventana. Su juicio comienza en marzo. Archivo
Una orden de desalojo para una comunidad mapuche en Mallín Ahogado; un caso que avanza a juicio por la disputa de un campo de veranada en el paraje Los Molles; una audiencia postergada por otra causa por usurpación en El Bolsón; y la confirmación de fechas de juicios por conflictos territoriales; son algunos de los casos que este mes, tras el receso por la feria, reactivó la agenda del Poder Judicial en la cordillera y puso en alerta a organizaciones de pueblos originarios que observan este calendario como una “persecución”.
Todos los casos tienen sus particularidades pero el denominador común que comunidades mapuches alegan la posesión de un territorio ancestral, pero como el Superior Tribunal de Justicia años atrás determinó como doctrina legal que ningún caso pueden legitimarse vías de hecho, por la fuerza, y debían ser tratados por los mismos mecanismos previstos por el estado de derecho, sin contemplar la ley indígena.
El Parlamento Mapuche de Río Negro tildó esta serie de causas que se ventilan por estos días en los tribunales mediante audiencias en distintas instancias, como un “hostigamiento, persecución y grupos de tareas contra el pueblo mapuche” y advirtió su paralelismo con lo ocurrido en Chubut donde recientemente el gobernador Ignacio Torres acusó a un referente mapuche por los incendios del parque nacional Los Alerces.
“A toda esta situación judicial, que avanza sin que las intervenciones tengan algún principio de reconocimientos del derecho indígena, los convenios internacionales, como así tampoco respeta garantías procesales nos ponen a las comunidades mapuche tehuelche frente a una clara violación de los derechos humanos y en una inseguridad territorial que impulsan los gobiernos provinciales y nacional”, señaló el Parlamento Mapuche en un extenso documento en el que enumera cada una de las causas y pide el “cese de la persecución”.
Orden de desalojo
El último caso que la Justicia resolvió esta semana es el que involucra a Cristina Coronado Inalef, Mariela Paola Troncoso y René Omar Gutiérrez, integrantes de la lof Coronado Inalef, quienes en abril de 2023 iniciaron un proceso de recuperación territorial en el paraje Mallín Ahogado, en tierras que poseía la familia Sepúlveda y la abogada Patricia Zavalía y su esposo. El caso tuvo un conflicto violento, según se ventiló en la última audiencia que presidió el juez de Garantías Juan Pablo Laurence.
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El magistrado ordenó el desalojo del predio ocupado por la comunidad Coronado Inalef. Primero fijó plazo hasta el primero de marzo para que la comunidad se retire de manera voluntaria. Luego esa fecha se corrió hasta el 15 de marzo, a pedido de la abogada defensora Natalia Araya que tendrá ese plazo para impugnar e intentar revertir la medida ante un juez de alzada.
Araya indicó que fundamentará con nuevas pruebas la posesión ancestral de la lof Coronado Inalef y pedirá encuadrar la causa bajo el amparo de la ley indígena, porque tiene un relevamiento en trámite en el INAI y esa ley se mantiene vigente y establece la prohibición de desalojo de las comunidades.
Para el Parlamento Mapuche se trata de un “despojo territorial” de familias mapuches y destacó que en esas tierras habita Sara Inalef, una mujer de 92 años.
Un juicio cercano
El 14 de febrero, también en los tribunales de Bariloche se concretó una nueva audiencia judicial por la causa que tiene en litigio un cuadro de veranada en el paraje Los Molles, en el departamento Pilcaniyeu, que disputan el lonco Sergio Marín, de la lof Millapi, y Santiago Galván, ambos imputados por el delito de usurpación y amenazas, cuyo denunciante es Enrique Juan Saint Antonin.
La comunidad mapuche ratifica que la disputa se centra en su territorio ancestral, puntualmente en un campo que está dividido y en un sector se ubica el campo de veranada sobre el que tiene posesión Saint Antonin desde 2011, según la documentación exhibida en el expediente judicial.
En este caso hubo varios hechos de rotura de candado y cadena desde diciembre de 2021, corrimiento de ganado y también una causa por desobediencia contra Marín. El juez Marcelo Álvarez Mellinger rechazó el pedido de sobreseimiento para los acusados Marín y Galván y la causa avanzará hacia un juicio oral próximamente.
También en la agenda judicial esta semana estaba prevista una audiencia por la causa de la comunidad Las Huaytecas, que mantienen una disputa territorial en El Bolsón, pero fue postergada para el 27 de marzo.
Además se definió que el 5 de marzo comenzará el juicio oral por usurpación al pie del cerro Ventana, en Bariloche, en la que están acusados integrantes de la comunidad Buenuleo, que tiene relevamiento y carpeta técnica en el INAI.
Dos detenidos en el último mes por la causa de Villa Mascardi
Otra hecho vinculado a las comunidades mapuches, que señala el Parlamento, es la reciente detención de Matías Santana, uno de los jóvenes de la lof Lafken Winkul Mapu sobre el que pesaba una orden de captura por la causa de usurpación en Villa Mascardi iniciada en 2017 tras una denuncia de Parques Nacionales.
El detenido permaneció varios días alojado en la PSA de Bariloche y el jueves fue trasladado al Penal Federal de Esquel. Anteriormente, a mediados de enero, también fue detenido Gonzalo Coña, otro de los prófugos de esa causa.
Se conoció además que entre el 22 y 24 de abril se realizará el juicio por la causa de Villa Mascardi, en la Justicia Federal de Roca.
En ese caso, el predio fue desalojado en octubre de 2022 por la juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Silvina Domínguez, y posteriormente el juez Hugo Greca convalidó un acuerdo nacional y libró de la causa en junio de 2023 a las mujeres mapuches que permanecieron detenidas seis meses y a las que se había comenzado a juzgar.
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