Se agrava la situación procesal de uno de los imputados por el crimen del comerciante en Bariloche
La defensa de Franco González fracasó en el intento de invalidar pruebas por "violación del secreto médico" y la difusión de cámaras de seguridad.
Franco González, uno de los imputados por el crimen del comerciante de Bariloche. Foto: Archivo
La defensa de uno de los acusados por el homicidio del comerciante Elías Miguel insistió en el intento de desactivar la principal evidencia en su contra, que surgió cuando fue atendido por una herida de bala en el hospital zonal, pero el juez revisor descartó la impugnación y confirmó la formulación de cargos.
Franco Alí González sufrió una herida de bala en el ojo derecho durante el asalto ocurrido el último 17 de mayo, con la participación de al menos otras tres personas y que derivó en un tiroteo y en la muerte de Miguel. Cuando se presentó dos horas después de los hechos para requerir atención en el hospital Ramón Carrillo los médicos tratantes dieron parte a la policía sobre la detección de “perdigones” en el rostro de González, comprobada mediante una tomografía, y de inmediato fue relacionado con el hecho y se decidió su detención.
El abogado defensor Ezequiel Palavecino dijo que existía una irregularidad de origen por “violación del secreto profesional” y pidió la “exclusión probatoria” y la nulidad de esa actuación médica y sus consecuencias. Sostuvo que hubo “un menoscabo al derecho a la intimidad del paciente”, quien se vio ante el dilema de “preservar el valor vida o autoincriminarse”. Dijo también que existió una violación de garantías constitucionales.
También se quejó de la difusión pública del registro tomado por cámaras de seguridad en la vivienda donde se produjo el homicidio, incluida la irrupción y la huida de los delincuentes. Palavecino pidió la nulidad. Sostuvo que es un elemento probatorio que debió ser mantenido en reserva y que podría condicionar a los integrantes del tribunal en un posible juicio por jurados.
Ambos reclamos del defensor fueron rechazados hoy por el juez de revisión Bernardo Campana, quien ratificó lo resuelto hace dos semanas por el juez de garantías Juan Pablo Laurence, al validar la formulación de cargos por homicidio en ocasión de robo en condición de coautor para González, tal como lo reclamaron la fiscalía y la querella, y le dictó también la prisión preventiva.
El defensor volvió a invocar el antecedente “Valdivieso” de la Corte Suprema, quien logró un fallo favorable cuando concurrió al hospital por un malestar y se comprobó que había ingerido cápsulas con estupefacientes. El juez Campana dijo que no eran casos análogos, ya que González quedó involucrado en una investigación penal que ya estaba en curso.
“No veo que haya habido una violación del secreto profesional” sostuvo el juez. Si bien es de norma que los médicos comuniquen a la policía cuando atienden a personas heridas de bala o de arma blanca, por la existencia de posibles delitos, en el caso de González la profesional que lo recibió “no sabía si era un delincuente o una víctima”, según subrayó el juez.
Dijo que la persecución penal en contra de González no se desata porque “es una persona que cuenta lo que pasó, algo que no se sabía, sino que había un hecho objetivo” que ya estaba en plena investigación. Es decir que la policía buscaba una persona herida en el rostro.
El debate sobre el rol de los médico
El fiscal Martín Lozada señaló en su alegato de oposición al planteo de la defensa que “no hubo invasión de la esfera íntima” de González y que ya “había prueba que se había reunido antes de su ingreso al hospital”, como las cámaras, los orastros de sangre que quedaron en la casa de Miguel, y el testimonio de su esposa, que presenció lo ocurrido.
El juez no hizo lugar a lo reclamado por el defensor pero admitió que “hay un debate que la sociedad merece” sobre lo que corresponde hacer cuando una persona herida de bala requiere atención médica, “si se va a preservar siempre el derecho a la salud, o a la persecución penal”.
Campana observó que el juez Laurence “no ve una violación constitucional relevante” en las actuaciones que terminaron en la detención e imputación de González y que él compartía esa conclusión. El juez revisor también desacreditó la exclusión de los videos por que “no había motivos”. El fiscal y la querella habían solicitado que esa prueba conserve validez porque “existen mecanismos específicos para detectar y excluir jurados” si se detecta que esa u otra prueba puedan afectar su parcialidad.
La defensa de uno de los acusados por el homicidio del comerciante Elías Miguel insistió en el intento de desactivar la principal evidencia en su contra, que surgió cuando fue atendido por una herida de bala en el hospital zonal, pero el juez revisor descartó la impugnación y confirmó la formulación de cargos.
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