Sergio Ávalos: Villanueva dijo que se «evitó» dirigir la investigación hacia la policía de Neuquén

El viernes 13 de junio de 2003 Sergio Ávalos estaba en la residencia que la Universidad Nacional del Comahue tenía en Neuquén capital. Se reunieron con sus compañeros, unos 10 o 12, como era costumbre, algunos no vivían ahí. Jugaron a las cartas, tomaron cerveza y a las 2 un grupo se dirigió al boliche Las Palmas. El sábado, en Picún Leufú, Mercedes Ávalos fue a la parada de colectivos a esperar a su hermano. El domingo era el día del padre. Nunca llegó.

Tras 22 años, el juez federal Gustavo Villanueva tiene una hipótesis sobre lo que pasó esa noche: militares y policías encargados de la seguridad de Las Palmas, junto a los empleados, lo retuvieron en el lugar y lo trasladaron para su ocultamiento. Conservan desde entonces un «pacto de silencio». Hoy Sergio continúa desaparecido.

Inicialmente la justicia provincial intervino en la investigación. El primer juez de instrucción de la causa fue Marcelo Muñoz, que en 2017 terminó destituido por mal desempeño de sus funciones luego de chocar, huir y negarse a realizar el test de alcoholemia. Ahora figura como defensor de Patricio Sesnich, el encargado del lugar, junto a otro exmagistrado, Mario Rodríguez Gómez.

La fiscal fue Sandra González Taboada, que ya se jubiló, y posteriormente pasó a manos de Maximiliano Breide Obeid.

La familia como querellante pidió en 2013 que actuara la justicia federal. Algo que finalmente sucedió: en 2014 la exprocuradora Alejandra Gils Carbó aseguró en su dictamen que la «circunstancia de la desaparición del joven Sergio Ávalos, la posible responsabilidad de agentes estatales, la falta de información sobre los acontecimientos y finalmente, la escasa y deficiente investigación de los hechos» impedía descartar la existencia del delito de desaparición forzada de personas, por lo que planteó que debía cambiar la competencia.

La Corte Suprema tomó esos argumentos y por eso el expediente cayó en Villanueva.

No querían esclarecer el hecho

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En el procesamiento, el juez remarcó que «lamentablemente, la investigación fue llevada adelante por quienes desde el comienzo ya aparecían como principales sospechosos y no se recogieron evidencias esenciales desde el primer instante de conocido el hecho».

Se refiere puntualmente a la policía provincial a la que la fiscalía de Neuquén le «encomendó la pesquisa» cuando era la fuerza «principalmente cuestionada» (por que había agentes que eran seguridad del boliche) que comenzó a investigar «a partir de una denuncia -realizada tres días después del hecho- produciendo medidas a casi dos días de realizada la misma».

Retomó declaraciones testimoniales que señalan que algunas de las entrevistas se hicieron en oficinas de Seguridad Personal, lo cual no era lo más recomendable dado el contexto.

Insistió en que «es revelador no solo la ineficacia de la investigación por la inservibilidad de ciertas medidas, sino también por las actitudes ultrajantes y violentas, los interrogatorios a los que sometieron a la familia y amigos del joven, cuando preguntaban acerca de su sexualidad -si era homosexual-, si consumía estupefacientes, si había tenido intentos de suicidio, si concurría al psicólogo, etc. En el mismo sentido, recuérdense los testimonios relativos a la situación que algunos testigos padecieron, la presencia de móviles policiales en proximidades de la residencia universitaria, los seguimientos a los que algunos fueron sometidos».

Para Villanueva «se evitó dirigir la investigación hacia la propia fuerza, recibiendo prontamente declaración testimonial a los involucrados y hacia el local comercial, respecto de quien, en lugar de disponer el secuestro de las cámaras y equipos de grabación, la actuación se limitó a solicitarle las videograbaciones».

Es por eso que la empresa, dijo, ofreció el material de las cámaras correspondiente a otra jornada y días después «entregó la cinta que solamente contenía los primeros momentos de aquella noche». Esto «impidió conocer con precisión la marca, modelo, condiciones de funcionamiento, conservación, características técnicas de las grabadoras utilizadas, así como su software y la funcionalidad del rebobinado automático de la cinta al finalizar la que se encontraba en uso».

Tampoco se pudo saber si el «horario registrado en las grabaciones coincidía con el real, si existía un delay o un adelantamiento, y de cuánto tiempo», lo cual hubiera servido para determinar con precisión la hora en la que entraron Sergio y sus amigos. «También generó un importante consumo de tiempo en lograr su edición, la que hasta el día de la fecha no ha podido realizarse con una calidad aceptable», agregó Villanueva.

Afirmó que en las conversaciones entre los oficiales instructores Osvaldo Almendra y Gustavo Delaloye, con Sesnich, que forman parte de la prueba se nota «un tono de confianza», «un trato afable, sin utilización de uno ni de otro de etiquetas o rangos propios de formalidades».

Indicó que en la casa de uno de los imputados Pedro José Sepúlveda Palacios, el sereno del predio, se encontró un papel con siete puntos: “yo colaboro c/n la seguridad” – “no lo vi ingresar a Sergio” – “no tengo relación con lo de Sergio” – “desconozco todo movimiento (ilegible)” – “la seguridad jefe Carracedo” – “no ce todo lo q pasa en el boliche” – “nunca participe en acto violento”.

Esto coincide con lo que expresó en la ampliación de la declaración del 5 septiembre de 2003. «Así, es fácil concluir que alguien tendría información de que lo citarían a declarar, aconsejando entonces la forma en que debía hacerlo», razonó el juez. En su descargo el acusado contestó que era un «ayuda memoria».

«También se desconoce el motivo por el que se dejaron fuera de la medida de intervención telefónica a los policías que se desempeñaban en el área de seguridad del lugar, o -cuanto menos aquellos que debieron concurrir aquella noche», subrayó.

Responsabilidad del Estado

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El juez enfatizó en que «se actuó con la aquiescencia del Estado de forma tal de evitar esclarecer el hecho y encontrar al desparecido». Describió esta palabra como «consentimiento, anuencia, conformidad» y recordó que la procuradora había mencionado la «deficiente investigación».

Mercedes Ávalos, en una entrevista que brindó esta mañana en radio Universidad Calf, se mostró conforme con el procesamiento. Aseguró que le hubiese gustado que se juzgue la «inacción» de funcionarias, como la exfiscal, «que no buscaron un delito, siempre desviaron la investigación, porque hubiésemos tenido esta respuesta hace muchos años, realmente si la justicia de la provincia de Neuquén hubiera hecho una buena investigación y la línea por la que decíamos nosotros. Siempre dijimos, desde un principio, que a Sergio lo desaparecieron».