Toma de la Regional II de la Policía: la Fiscalía rechazó la suspensión del juicio a prueba en Roca
El hecho ocurrió en abril cuando el hombre entró a la Regional con otra mujer, amenazaron a un empleado policial y tomaron la unidad. ¿Qué dijo la fiscalía al respecto?
El hombre ya tenía una una sansión similar e igualmente cometió el delito. Foto: Gentileza.
Hoy en medio de una audiencia de control de acusación por delitos cometidos en el mes de abril en las instalaciones de la Unidad Regional II en Roca, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido del defensor penal público sobre la posible aplicación de suspensión de juicio a prueba.
El 20 de abril entre las 15 y la 1 de la madrugada un hombre de 41 años junto a una mujer aún no identificada ingresaron a la Unidad Regional II de Roca sobre la calle Tucumán. Allí se acercó al empleado policial y le dijo: «Tenés que irte porque voy a tomar la Regional…”, «que te vayas porque sino va a ser peor para vos porque hay gente afuera que viene llegando a la Regional”. Ante la amenaza el uniformado se habría asustado y retirado del lugar.
“Luego las dos personas habrían comenzado a tapar las puertas con papel de diario, y con las llaves del lugar en su poder, habrían cerrado el portón que da sobre calle Córdoba, turbando la tenencia de la Institución policial, impidiendo de esta manera el ingreso de cualquier persona a la Institución Pública Policial”, explicaron desde la fiscalía.
Con ese accionar, “ambos perturbaron el orden de quienes estaban ejerciendo sus funciones en dicha unidad”, señalaron.
Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que en el exterior se encontraban treinta personas encapuchadas, que habrían impedido el acceso a la dependencia. Uno de los portones estaba obstaculizado con un vehículo y el otro portón con dos conteiner”.
“Luego, el imputado, mediante un audio que hizo de manera pública, convocó a otras personas para que tomen la Unidad, instigando a cometer delitos contra la Institución, y alterando el orden público”, describió el equipo fiscal.
La calificación legal enunciada por el Ministerio Público Fiscal es la de “coacción, turbación de la tenencia, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real”, según los Artículos 45, 55, 149 bis 2do párr., el 181 inc 3, 209 y el 241 inc 1, última parte.
Oposición al pedido de «probation»
El defensor penal público que asistió al hombre explicó que “frente a los hechos enunciados, teniendo presente que no superarían los tres años de prisión, además el señor no tiene antecedentes penales computables, puede acceder a una suspensión de juicio a prueba. Por eso hoy presentamos esta propuesta, que consiste en ofrecer una reparación económica, teniendo presente que mi asistido tiene a su cargo dos hijos y no cobra pensión por la institución policial”, explicaron.
Frente a ello, la fiscal jefa argumentó que la fiscalía se oponía. “Los hechos que hemos enunciado y que sucedieron, causaron gran preocupación en la sociedad, es un hecho que generó alarma social, y es de una grave afectación social. Ha habido una acto disruptivo de la institucionalidad, transgredió la norma y lo hizo en la sede base de la subjefatura de la policía”, indicó.
“Agregamos que el imputado fue cesanteado anteriormente por un hecho similar por parte de la institución, es decir recibió una sanción administrativa, y no obstante esa sanción, sin tener límite alguno, coaccionó, turbó e instigó a cometer delitos. Por ello, desde el Ministerio Público Fiscal buscamos que el caso sea llevado a juicio, que lo que allí ocurrió sea ventilado a través de la prueba con la que contamos durante las audiencias de juicio”, agregó la fiscal jefa.
Finalmente, explicó que se trataba de un comportamiento reiterado que además tenía una causa en trámite en el fuero de la justicia federal. «Como titulares de la acción penal pública nos vamos a oponer a la probation”, expresaron.
El juez interviniente en el control de acusación, instancia en la que se deben plantear estas cuestiones previas al inicio del juicio, expresó que “la cuestión de que haya afectado la paz social, es argumento suficiente para que se le haga lugar a lo oposición de la fiscalía, y se rechaza la suspensión de juicio a prueba pedida por la defensa”.
Finalmente y ante la negativa, el defensor penal público solicitó un cuarto intermedio y que se fije una nueva audiencia para el control de acusación, a los fines de poder asesorar a su asistido respecto de esa instancia judicial y además de plantear la revisión.
Comentarios