Un proyecto de los Colegios de Abogados de Neuquén impactó en la interna del Tribunal Superior de Justicia
Introduce una modificación en la ley que regula las negociaciones colectivas entre el Poder Judicial y los empleados. El Sejun ya anticipó su rechazo, el Tribunal Superior está dividido.
Las oficinas del Poder Judicial están despobladas por el plan de lucha del sindicato. (Cecilia Maletti)
El hecho: los Colegios de Abogados de la provincia de Neuquén presentaron un proyecto para modificar un artículo de la ley que regula las negociaciones colectivas entre el Poder Judicial y los empleados. Si se lo aprueba, el Convenio Colectivo de Trabajo que acuerden en la mesa paritaria requerirá aprobación de la Legislatura, es decir, será por ley. Hasta ahora, la instrumentación dependía de un acto administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
El contexto I: el proyecto aparece para modificar una ley del 2009 justo en el momento en el que el Sindicato de Empleados Judiciales (Sejun) reclama al Tribunal Superior de Justicia la instrumentación de siete títulos del Convenio Colectivo de Trabajo, acordados en una mesa de negociación. La falta de implementación es una de las razones del plan de lucha, que incluye retiros y paros que irritan sobremanera a las y los abogados.
El contexto II: uno de los paritarios que participó en esa mesa de negociación de la que florecieron los siete títulos es el vocal Germán Busamia. Pero la presidenta del Tribunal, Soledad Gennari, ya expresó que está en desacuerdo con aprobar el Convenio tal como está (para ella, directamente no existe). Y sobre el proyecto del Colegio de Abogados, pronosticó que tendrá «un análisis profundo» en la Legislatura. No lo avaló, pero estuvo muy lejos de cuestionarlo.
La interpretación: Si el proyecto avanza y es aprobado, el Convenio Colectivo de Trabajo del Poder Judicial tendrá una instancia más de presiones y negociaciones, esta vez en la Legislatura. Allí goza de una mayoría transitoria el oficialismo de Rolando Figueroa, que así tendrá otra vía para controlar el gasto del Poder Judicial.
Hablar del Convenio Colectivo de Trabajo es hablar de plata. Ponerlo en marcha demandará erogaciones que el Poder Judicial no tiene previstas ni quiere hacer en esta época de estrechez económica, y cuando su presupuesto está bajo vigilancia del Poder Ejecutivo por medio de la ley del Fondo de Estabilización de Presupuestos.
La ley 2670, que ahora se quiere modificar, es conocida como «ley Massei» porque el ex vocal del Tribunal Superior de Justicia, en su carácter por ese entonces de asesor del gremio Sejun, fue uno de sus impulsores. La promulgaron de hecho el 4 de noviembre del 2009.
Su artículo 14 establece: «el acuerdo alcanzado por las partes (texto del CCT) deberá ser remitido para su instrumentación por el Tribunal Superior de Justicia mediante el acto administrativo correspondiente. El mismo deberá ser dictado dentro de un plazo de diez días hábiles administrativos de recibido».
Los Colegios de Abogados (los cinco de la provincia) proponen cambiar esa redacción, para que el texto del acuerdo paritario sea «elevado a la Legislatura para su tratamiento». Citan el artículo 189 inciso 37 de la Constitución Provincial, que reserva a la Cámara «dictar el estatuto de las profesiones liberales, de la magistratura, de los empleados públicos y de los docentes». Y el 12, que prohíbe la delegación de facultades, tan discutida en estos tiempos.
«En defensa de la Constitución»
El presidente del Colegio de Abogados de Neuquén capital, Marcelo Iñíguez, dijo que el objetivo de las entidades al presentar el proyecto fue «la defensa de la Constitución provincial».
En diálogo con diario RÍO NEGRO, dijo que para elaborar el proyecto consultaron a constitucionalistas de Neuquén y de la Nación. Citó a Juan Justo y a Hugo Prieto (asesor hasta diciembre pasado de la Fiscalía de Estado).
Preguntado sobre los motivos por los cuales proponen la modificación de una ley vigente desde hace 14 años, Iñíguez respondió: «yo no sabía que estaba esa ley. Ahora estoy en la presidencia del Colegio y queremos tener una actitud de defensa de los derechos».
Iñíguez suele ser crítico de la gestión del Poder Judicial en general, y en particular de las medidas de fuerza del gremio que interfieren en el ejercicio de la profesión. «Los abogados no somos el problema, defendemos los derechos de las personas. Somos el furgón de cola, no vamos en la máquina que conduce», señaló.
¿Quién invade a quién?
Opinó que enviar el Convenio Colectivo de Trabajo a la Legislatura para su aprobación «no afecta la independencia del Poder Judicial. En todo caso, es el Poder Judicial el que invade las facultades de la Legislatura».
Mencionó como antecedente un fallo del pleno del Tribunal Superior de Justicia, conocido como «fiscalía de Estado contra Municipalidad de San Martín de los Andes», en el cual se declararon inconstitucionales algunos artículos del Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados municipales.
Ese fallo se emitió el 31 de mayo del 2021. El autor del voto fue Evaldo Moya, y adhieren Soledad Gennari, Germán Busamia y Alfredo Elosu Larumbe. Fuentes judiciales consultadas por este medio relativizaron la comparación. «Se trató de un tema municipal. Lo que se cuestionaba era que la ordenanza municipal había restado facultades al intendente en temas de empleo público, temas que el intendente por Carta Orgánica tenía asignadas y no podía delegar».
Cuando diario RÍO NEGRO le preguntó a Iñíguez si estaba al tanto de que el vocal Germán Busamia era paritario y que la presidenta Gennari estaba en contra de la aprobación de los siete títulos, respondió en tono vaticano: «No me voy a meter con eso, digo lo que dice la Constitución».
El rechazo del gremio judicial
El gremio de los judiciales, Sejun, ya anticipó su rechazo al proyecto. Dijo que «la negociación (del CCT) se lleva adelante con un número paritario de representantes designados por el Tribunal Superior de Justicia en carácter de empleador estatal».
El proyecto, según la visión del sindicato, «pretende que, además de esa representación, el Estado tenga una segunda y dirimente etapa de intervención en la que se le reserva al estado empleador la posibilidad de aprobar o desechar el Convenio Colectivo ya negociado».
«Este sistema, de implementarse, supondría no solo una clara violación al principio de igualdad en la negociación, sino además una fractura en el sistema de negociación colectiva mismo, dado que no es posible hablar de ninguna especie de negociación si una de las partes se reserva de manera exclusiva el derecho de aprobar o desechar lo negociado», afirma el gremio que conduce Claudio Salazar.
La voz del autor del proyecto
Oscar Massei también fue consultado por este medio. Recordó que cuando elaboró el proyecto de lo que luego fue la ley 2670 «tuve en cuenta antecedentes nacionales, varias provincias lo tienen así».
Aclaró que «en el Poder Judicial no hay convenio colectivo. Y si no hay, el gremio no puede pedir que le pongan en vigencia 7 capítulos, porque primero hay que aprobar un convenio. Es improcedente lo que plantea Sejun».
Sobre el proyecto de los Colegios de Abogados, opinó que «afecta la independencia de poderes, contraría el principio de independencia económica. Con ese criterio, no tendría que existir la ley de autarquía financiera». Recordó que la Legislatura aprueba cada año el presupuesto del Poder Judicial.
Al respecto, remarcó que «el artículo 2 de la ley de Autarquía dice que la Legislatura tendrá que revisar anualmente si el porcentaje de la coparticipación alcanza o no, y siempre miran para otro lado, no lo están cumpliendo».
Tres comisiones legislativas
El proyecto de los Colegios de Abogados fue enviado a tres comisiones: Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Trabajo, según lo informó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Soledad Gennari.
Admitió que si aprueban la modificación, la Legislatura estará en condiciones de cambiar aspectos del Convenio Colectivo de Trabajo.
«El gremio y los paritarios del Poder Judicial elevaron este convenio que se giró a todos los vocales por correo electrónico, a través de superintendencia, sin adjuntar el costo económico», dijo en declaraciones radiales.
«Exigieron la puesta en marcha como si fuéramos máquinas, como si no se requiriera análisis», añadió.
Y diferenció claramente: «Los que estamos por afuera, que no somos paritarios (alude a ella, Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe), fuimos puestos en conocimiento por un correo de la secretaría de la comisión paritaria».
Gennari, tal como informó este diario el 21 de noviembre del año pasado, tiene su postura: «no hay convenio colectivo en los términos del artículo 14 de la ley 2670» porque no está completo, no tiene cláusulas transitorias ni se hizo el cálculo de cuánto costará implementarlo.
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