El pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del ciudadano ruso Rudnev Konstantin, acusado de liderar una secta con vínculos en Bariloche, será revisado nuevamente luego de que el trámite quedara momentáneamente sin resolución por divergencias internas entre los magistrados intervinientes. La situación obligó a activar el mecanismo formal para designar un tercer juez que destrabe el expediente.

Según información exclusiva obtenida por Diario Río Negro, en una resolución fechada el 3 de febrero de 2026, los jueces del Colegio de Jueces de Revisión del Distrito General Roca no lograron consenso sobre qué decisión debía adoptarse en el expediente 2878/2025, por lo que dispusieron devolver las actuaciones a la Oficina Judicial para completar la integración del tribunal.

El problema se originó en que solo habían intervenido dos magistrados, ya que el tercer miembro se encontraba de licencia. Este martes 4 de febrero, la Oficina Judicial de General Roca (Garantías y Revisión) informó oficialmente que uno de los jueces que podría haber participado, el Dr. Mariano Roberto Lozano, continúa con licencia debidamente acreditada.

Ante este escenario, y conforme al artículo 13 del Reglamento del Colegio de Jueces y Juezas de Juicio y Ejecución, se ordenó la realización de un sorteo para designar al tercer magistrado del Tribunal de Impugnación. El procedimiento se llevó a cabo hoy a las 13, de manera virtual mediante la plataforma Zoom.

En ese acto, fue designado por sorteo el juez Alejandro Silva, cuya incorporación permitirá completar la integración necesaria para dictar una resolución válida sobre el pedido de morigeración de la medida de coerción.

Desde la Oficina Judicial se dejó constancia de que la integración cuenta con la conformidad del presidente del Colegio de Jueces, Simón Pedro Bracco, tal como exige la normativa interna, con el objetivo de garantizar la validez del proceso y evitar futuras nulidades.

La designación resulta clave, ya que, mientras el tribunal no estuviera completo, no podía adoptarse una decisión definitiva sobre el planteo presentado por la defensa de Rudnev.

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Idas y vueltas para el pedido de domiciliaria

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Tal como había informado este diario, el abogado defensor Carlos Broitman había solicitado que el imputado pase de su reclusión en la Unidad Penal de Rawson a cumplir la detención bajo modalidad domiciliaria, con controles periódicos, argumentando un “delicado” estado de salud.

Ese pedido fue aceptado en primera instancia por un juez de Garantías, pero la decisión fue apelada por la Fiscalía Federal, lo que terminó con el rechazo a la domiciliaria en una audiencia realizada el miércoles 28 de enero. Ese día el tribunal concluyó que no existían fundamentos suficientes ni complicaciones médicas debidamente acreditadas que justificaran otorgar la prisión domiciliaria.

Aquella decisión fue apelada por Broitman, pero el trámite quedó estancado por la falta de coincidencia entre los jueces revisores.

Con la incorporación del tercer magistrado, el planteo deberá ser analizado nuevamente en los próximos días, en una instancia decisiva para el futuro procesal del ciudadano ruso.

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La esposa reclamó por la salud de Konstantin en los medios

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Tamara Rudneva, esposa de Konstantin Rudnev, aseguró públicamente que su marido “se está muriendo en la cárcel y nadie hace nada”. En declaraciones a los medios, sostuvo que el imputado por presunta trata de personas permanece detenido en la Unidad Penal de Rawson desde abril del año pasado, acusado de ser el posible líder de una secta con vínculos en Bariloche.

La mujer describió un grave deterioro físico de Rudnev y reclamó que no recibe el tratamiento médico necesario. Relató que está muy débil, perdió mucho peso y teme que pueda desmayarse o caer durante las visitas. Según denunció, su esposo padece múltiples enfermedades, entre ellas un ataque al corazón y fibrosis pulmonar, y consideró que las condiciones del pabellón donde se encuentra —con humo de cigarrillo y falta de ventilación— agravan su cuadro.

Rudneva también cuestionó duramente a la Justicia y afirmó que la causa fue reabierta pese a que inicialmente, según su versión, un juez federal había ordenado liberar a los involucrados por falta de pruebas. Además, señaló irregularidades en la atención médica y en la tramitación de documentos, ya que Rudnev firma pedidos en ruso que, según ella, no son traducidos ni atendidos.

Por último, insistió en la inocencia de su esposo y sostuvo que no conocen a Elena Makarova, señalada como presunta víctima. En un mensaje desesperado, pidió ayuda para que Rudnev pueda acceder a una clínica y recibir atención urgente, al tiempo que calificó la situación como “inhumana” y expresó su temor de no volver a verlo con vida.