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Una jueza de Cipolletti cuestionó a la fiscalía por la falta de control en causas con beneficios procesales
Se trata de los acuerdos con criterios de oportunidad o suspensión de juicio a prueba. Son salidas alternativas en delitos menores que permiten acelerar el proceso de justicia.
La jueza que intervino en el debate, Florencia Caruso.
Un hurto de poca monta en Catriel desató una fuerte crítica de una jueza al Ministerio Público Fiscal. Le reclamó que no se tomó el trabajo de controlar las pautas de conducta impuestas a un hombre que intentó robar una serie de elementos de un patio de una vivienda en esa localidad. Como le otorgaron una suspensión de juicio a prueba como salida alternativa al conflicto, debía cumplir todas las órdenes de la magistrada.
La política del Ministerio Público Fiscal de Río Negro es agilizar los procesos y otorgar criterios de oportunidad o suspensión de juicio a prueba en casos de “bajo impacto” como los denominan en la oficina de Yrigoyen y Villegas, sede de la Fiscalía de Cipolletti.
Por eso al imputado se les otorgó una probation o suspensión de juicio a prueba: esto significa que deben cumplir una serie de pautas por un período de tiempo determinado para quedar desligado del proceso penal. Es decir sobreseídos, sin antecedentes penales.
El hecho ocurrió en septiembre de 2021 cuando el imputado fue detenido por la policía mientras intentaba fugarse tras el intento fallido de un robo en Catriel. En este caso se dispuso que los imputados debían abonar 1500 pesos en tres cuotas de 500 pesos al hospital como modo de reparación, además presentarse cada dos meses en el juzgado de Paz y la prohibición de acercamiento a 200 metros del lugar del hecho. Todo esto por el plazo de un año.
La jueza de Cipolletti Florencia Caruso finalmente homologó el sobreseimiento, pero hizo un severo llamado de atención a los fiscales por no controlar las medidas impuestas. Indicó que el imputado no cumplió con la reparación económica y los comparendos «dos pautas importantes»: «De haberse controlado en su debido tiempo, se podría haber intimado al imputado para que las cumpla y en caso de reiteración revocar el instituto o no, pero nunca se le hizo saber que debía cumplirlo», indicó la magistrada, que es una de las más estrictas del Foro de Jueces y Juezas.
El imputado dijo en la audiencia que firmaba en la Comisaría Novena y no en el juzgado de Paz como se había definido. Ninguna de las partes tenía conocimiento. «Es más, el propio imputado respecto de los comparendos, manifestó que firmó en la Comisaría Novena, dato que ninguna de las partes tenía conocimiento y no sabemos si es cierto o no», recriminó duramente Caruso.
La magistrada decidió sobreseer al imputado que recibió la probation y cargó las tintas contra el Ministerio Público Fiscal: «Lo cierto es que esta falta de control y seguimiento de la Fiscalía, no puede ser achacado al imputado, en primer lugar porque ya pasó más de un año y medio desde el pedido de la suspensión de juicio a prueba que se otorgó por el plazo de un año y de solicitar audiencias para el control debe ser durante ese año, tal como establece el fallo Painel».
La fiscalía descentralizada de Catriel que depende Gustavo Hererra cuenta con dos fiscales la titular Analía Díaz y la adjunta Andrea Bolognese. No es la primera vez que la falta de controles que realiza la Fiscalía queda en evidencia en los fallos que dictan jueces y juezas de Cipolletti.
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