Una jueza presidirá el juicio contra los magistrados acusados de ser parte de la maquinaria de la dictadura
María Paula Marisi, de Mendoza, presidirá las audiencias testimoniales adelantadas del octavo juicio por delitos de lesa hunanidad en la región
Los querellantes y la fiscalía solicitaron adelantar testimonios del juicio La Escuelita que aún no tiene fecha (archivo)
Por primera vez en Neuquén desde que se iniciaron en 2018 los juicios por delitos cometidos durante la dictadura cívico militar, una mujer presidirá el Tribunal Oral Federal que llevará a cabo el debate. El juez de Roca, Simón Bracco, cesó su subrogancia y no estará en el tribunal juzgador. La jueza federal María Paula Marisi que ya actuó en juicios de lesa humanidad en Mendoza y en San Luis, presidirá las audiencias.
Los jueces del tribunal donde están acusados el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Victor Marcelino Ortíz son Marisi, Alejandro Silva y Luis Foglia. Aun no fijaron fecha de inicio del debate ni se llevó a cabo la audiencia preliminar donde se aprueban o analiza la cantidad de testigos que tendrán las audiencias.
Según las querellas, se autorizó un listado de 47 testimonios, en tanto aún resta acordar otros planteos hechos para el debate que involucran más testimonios.
Sí accedieron a adelantar los testimonios de personas con salud delicada (por su avanzada edad) que las querellas y fiscalia insistieron en que serán prueba necesaria: Inés Rigo de Ragni, Oscar Ragni, Guillermo Correa, Noemi Labrune y Marcelo Otharán.
Las audiencias testimoniales comenzarán la semana próxima. Se desconoce si la jueza Marisi presidirá la jornada en forma presencial o lo hará por videoconferencia desde Mendoza.
Las jornadas adelantadas del juicio serán el jueves 1 de junio a las 14 y el 6 a las 15, en el salón de AMUC, Avenida Argentina al 1680. No hubo indicaciones hasta ahora si el público se debe inscribir previamente en una cuenta de correo o si habrá cupo para el ingreso de público.
Desde que se integró al tribunal a cargo del octavo juicio por delitos de lesa humanidad, la jueza Marisi presidió las actuaciones, se informó desde la fiscalía. Se trata de la primera mujer que integra un tribunal juzgador en Neuquén para los delitos de lesa humanidad. En los 7 juicios anteriores los tribunales, todos con distinta conformación de 3 vocales y un cuarto juez, fueron integrados por hombres.
La actuación de mujeres en el juicio (ademas de las testigas) ha sido en el rol de la secretaría del Tribunal, de la defensoría pública y privada de los imputados, en la fiscalía, en las querellas y en el cuerpo de profesionales de asistencia a la víctima, pero no como vocal en el tribunal juzgador.
No hubo hasta ahora sentencias de lesa humanidad firmada por mujeres en la jurisdicción.
«Este es un juicio de naturaleza distinta, es uno de los pocos casos del país en el que se va a juzgar a quienes tuvieron poder desde instancias judiciales, donde no se trata en sí de los casos de privación, o secuestros, o violaciones, o torturas, sino qué hicieron frente a las denuncias del terrorismo de Estado, son conductas criminales más complejas porque encierra la trama de complicidad que había entre sectores judiciales con sectores militares y policiales«, sostuvo Bruno Vadalá, querellante por la APDH para el octavo juicio.
La querella del Ceprodh, que patrocina al matrimonio Ragni en este proceso, exigió la pronta apertura del juicio.
Al ex juez Pedro Duarte y el fiscal federal en tiempos de dictadura Víctor Ortiz se los acusa de incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato, en más de 25 hechos. La instruccción de la causa comenzó en 2013, cuando desde los diferentes juicios en los que se escucharon testimonios, se fueron remitiendo actuaciones al juzgado de instrucción, por declaraciones de familiares de víctimas de la dictadura o sobrevivientes de los centros clandestinos de detención sobre las presentaciones judiciales y / o encuentros con los magistrados en busca de conocer el destino de los desaparecidos que habían sido secuestrados en la región.
Hubo muchos casos de familiares de detenidos – desaparecidos que no radicaron denuncias durante la dictadura, porque no encontraban abogados dispuestos a patrocinarles o colaborar con los habeas corpus, o la presunción de que ventilar los crímenes de los perpetradores de secuestros o torturas, podría perjudicar aún más el hallazgo de quienes permanecían desaparecidos o habian sido encarcelados.
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