Juzgan el 'presunto fraude' al sanatorio Cruz Azul

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara Segunda del Crimen tratará hoy, en juicio oral y público, la presunta quiebra fraudulenta del sanatorio Cruz Azul S.A. que tiene como principal imputado a quien fuera su administrador, el médico local Miguel González Róbinson.

La quiebra de la «Cruz Azul» fue decretada por el juez Marcelo Cuellar en abril de 1998 a pedido del abogado García Sánchez porque la sociedad anónima se encontraba «en estado de cesación de pagos» y no podía cobrar los créditos reclamados por sentencia firme.

El sanatorio fue vendido a la Asociación Regional Bariloche de Obras Sindicales, ARBOS, el 31 de octubre de 1990 y poco tiempo después comenzó a funcionar como policlínico. Paradójicamente el centro de salud sindical llamado a cambiar la historia de la medicina en Bariloche siguió los pasos de su antecesora y terminó quebrando diez años después.

En la requisitoria de elevación a juicio el fiscal Eduardo Fernández consideró que los hechos denunciados y fundamentados en la instrucción configuran el «delito de quiebra fraudulenta impropia», conforme los artículos 45 y 176 (inc.2) del Código Penal. La tipificación delictual señalada prevé una pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial de tres a diez años.

El presunto delito de fraude que se le imputa al administrador de la «Cruz Azul», Miguel González Róbinson, radicaría en que los 403.932 pesos recibidos por la venta del fondo de comercio no ingresaron a los libros de la sociedad anónima ni se utilizaron para saldar el crédito de la quiebra.

 

Lo que se entregó

En las tres declaraciones indagatorias prestadas durante la instrucción Róbinson aseguró que al momento de la venta se entregó a la compradora, ARBOS, el total del mobiliario existente en el sanatorio, el archivo de las historias clínicas, toda la documentación y libros de la Administración.

Según lo declarado por el médico la sociedad no tenía ningún bien inmueble o activo que reclamar y la venta fue «comunicada a las entidades que controlan la actividad médica al igual que la renuncia total del Directorio» que fue una de las condiciones para la venta.

También sostuvo que al momento de la transacción el sanatorio funcionaba en el edificio de Capraro 1.216, propiedad alquilada a la familia Reichart mediante un contrato que fue cedido al comprador del fondo de comercio y que no se vendió inmueble alguno.