La anomia escolar

MARCELO ANTONIO ANGRIMAN (*)

Uno de los grandes desafíos de la educación actual consiste en relacionar los conceptos de permanencia, calidad y disciplina sin llegar a la punición. En esa línea de razonamiento de la que participan reconocidos especialistas como Telma Barreiro, la autoridad escolar debe ser comprensiva, humanista e integrativa (CHI), en manifiesta oposición a otros modelos considerados retrógrados como el normativo, individualista y punitivo (NIP). La evidente carga emotiva de los términos empleados y hasta un manejo confrontativo de la cuestión llevan, desde la misma semántica, a generar simpatía por el primer paradigma. La dificultad surge cuando en las escuelas se produce –con mayor asiduidad de la que se admite– un corrimiento desde este modelo empático a una pérdida definitiva de la autoridad que le dio sustento. Hoy se asiste a un escenario en el que se observa con naturalidad que alrededor de cuarenta colegios porteños estén tomados y una exasperante laxitud por la cual en todo el país los alumnos no son sancionados ante las más elementales faltas a las normas de convivencia escolar. Así, bajo el eufemismo de respetar la protesta social se ignora el derecho de la gran mayoría silenciosa a aprender y acceder a la educación pública. Cuando unos pocos se arrogan el derecho de decidir por los demás, ¿quién vela por el alumno que sí quiere estudiar e ir a clase en un ámbito donde se respeten las normas? Como en un sube y baja permanente las manifestaciones de anomia se desplazan desde nuestra sociedad a la escuela, para luego rebotar rápidamente en sentido inverso. Desde los piquetes viales a las usurpaciones de tierras, pasando por las tomas de colegios, todos son ejemplos en los que los derechos mayoritarios son conculcados. Así, la libre circulación, la propiedad y el enseñar y aprender son violados ante la indiferente pasividad de las autoridades. De tal manera se verifica una y otra vez el extraño fenómeno argentino que Carlos Santiago Nino definió con acierto como anomia boba: “Una clase de inobservancia generalizada de normas jurídicas, sociales, convencionales, técnicas, conceptuales y morales que conduce a situaciones en que algunos están peor sin que nadie esté mejor de lo que ocurriría si esas normas fueran observadas, o en que hay muchos que están mucho peor frente a tal vez algunos pocos que están un poco mejor”. Se renuncia de este modo al concepto de autoridad bien entendido –que nada tiene que ver con el autoritarismo, gracias a Dios hoy perimido–, imprescindible para el sostenimiento de la institucionalidad. Como razona el licenciado en Filosofía Fernando Onetto: “La obligación de sostener la norma es de los adultos y muchas veces es la sanción la que enseña”. “Hay una tendencia a considerar la palabra obediencia como una conducta no pensante, cuando muchas veces no es así” y es producto de la concesión cotidiana que todos debemos aportar para vivir en un ámbito democrático. Así se construyen las sociedades armónicas que crecen y que forman a sus nuevos líderes, ya que quien no aprendió a obedecer difícilmente sabrá mandar. Para que ello ocurra es indispensable que la familia participe y sostenga los acuerdos, en un clima donde haya coherencia entre las reglas y su cumplimiento. De lo contrario la “legalidad transgresiva” aparecerá en escena y pronto la autoridad nuevamente perderá la partida frente a la anomia. Al decir de Eva Giberti, “la escuela no puede ser un asilo donde no haya legalidad”. Contrariamente a lo que se podría llegar a suponer, un informe elaborado por Raquel San Martín (“La Nación”, 2/9/12) da cuenta de que de todos los alumnos que se incorporaron a la educación privada desde 1994 el 60% lo hizo en el período kirchnerista. El artículo en cuestión señala que: “Al cambiar el guardapolvo por el uniforme, los padres no buscan tanto que sus hijos aprendan mejor matemática o inglés sino que lo hagan en días de clase que no se interrumpan por paros o ausencias docentes, con disciplina y mayor atención a cada chico, en instalaciones con gas y sin problemas. Significa, en otras palabras, escapar de una escuela pública que se percibe sin orden ni demasiado control, más insegura, que en los contextos más pobres deja entrar la violencia y la amenaza de la droga y que no asegura el aprendizaje. Que la escuela pública aparezca hoy como centro de disputas entre adoctrinamiento político o participación, entre parodia o libre expresión, no hace mucho para cambiar esas percepciones”. Lejos de pretender ingresar en un análisis maniqueo entre escuela pública y privada, es dable atender las razones por las cuales un padre –muchos de los cuales son los propios gobernantes– no lleva a su hijo a un colegio público para comprender el cáncer que significa la anomia escolar. Cuando se debe analizar el desgranamiento que hoy existe en el nivel secundario no se puede soslayar la desesperanza que implica para un adolescente tener que asistir a diario a un lugar donde no hay clases o se pierden horas recurrentemente, donde no hay estímulos a la superación y donde no se defiende a la mayoría silenciosa que quiere hacer las cosas bien. No se puede hablar de reformas educativas en serio si no existen reglas claras –preferentemente consensuadas– que luego sean efectivamente cumplidas en un ámbito educativo democrático. De no ser así, la anomia seguirá haciendo de las suyas y la Argentina lamentablemente –como alguna vez pregonó el recordado Nino–, un país al margen de la ley. (*) Abogado. Profesor nacional de Educación Física marceloangriman@ciudad.com.ar