La banca y el blanqueo

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya tiene un motivo más para desconfiar de los banqueros, uno que no tiene que ver con la hostilidad que sienten los ideólogos oficialistas más influyentes hacia la llamada patria financiera, sino con la resistencia de los representantes más conspicuos del sector a respaldar el “modelo” con el fervor exigido. El gobierno apuesta a que, merced al blanqueo de capitales más reciente que ya está en marcha, conseguirá poner varios miles de millones de dólares adicionales en circulación, lo que lo ayudaría a dar un impulso al consumo en los meses que nos separan de las elecciones legislativas de fines de octubre, pero para que la medida tenga el éxito deseado tendrá que hacer creer a quienes opten por aprovecharla que no se verán constreñidos a revelar el origen de los fondos reaparecidos. De tratarse sólo de evasores impositivos, los grandes bancos podrían colaborar hasta cierto punto, ya que la AFIP se ha comprometido a pasar por alto las infracciones de tal tipo de quienes entren en el blanqueo. En cambio, los directivos de los bancos no pueden actuar del mismo modo frente a los sospechados de lavar dinero procedente del crimen organizado o del terrorismo apadrinado por países como Irán. A menos que sea cuestión de entidades locales muy pequeñas, tendrán que acatar las reglas no sólo de nuestro país sino también de los organismos internacionales, ya que con escasas excepciones forman parte de grupos con intereses en muchos países desarrollados, incluyendo a Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea. Así las cosas, sencillamente no podrán correr el riesgo de verse acusados de ayudar a lavar el dinero de carteles narcotraficantes, bandas mafiosas o grupos terroristas, ya que en tal caso los costos, tanto económicos como penales, que terminarían pagando serían enormes y los eventuales beneficios decididamente magros. Según el matutino porteño “La Nación”, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIP), Jorge Sbatella, el funcionario que lidera la lucha oficial contra el lavado de dinero, pidió hace poco a los banqueros más importantes que desistan de denunciar las operaciones que sospechen están realizando delincuentes resueltos a lavar dinero mal habido, pero que, por las razones señaladas, los consultados se negaron a colaborar. Aunque el gobierno insiste en que lo único que quiere es brindar a los reacios a abonar sus impuestos a tiempo una última oportunidad para regularizar su situación, muchos temen que los más interesados en aprovechar la voluntad oficial de perdonar a tales morosos resulten ser narcotraficantes y otros capos mafiosos, además, desde luego, de “burgueses nacionales” notorios que han amasado fortunas gigantescas gracias a su relación con funcionarios del gobierno kirchnerista. De estar en lo cierto quienes piensan así, el blanqueo de capitales plantea el riesgo de que la Argentina se vea transformada en un imán para el crimen organizado, lo que acaso produciría algunos beneficios financieros en el muy corto plazo pero que, en el mediano, tendría consecuencias devastadoras para una sociedad que ya se siente traumatizada por el delito. Desgraciadamente para el gobierno, no le resultará nada fácil reconciliar sus propias normas con las internacionales. Es de suponer que quiera discriminar entre los evasores o capitalistas amigos por un lado y los delincuentes o terroristas por el otro, pero entiende que el blanqueo fracasará si brinda a todos motivos para creer que les será forzoso justificar el origen del dinero que esperan legalizar. Asimismo, el que el jefe del gobierno porteño Mauricio Macri y el gobernador cordobés José Manuel de la Sota se hayan afirmado decididos a cobrar los impuestos debidos por quienes ingresen al blanqueo, y el escaso atractivo del Cedin –para algunos, una nueva cuasi moneda– han sembrado tantas dudas que el operativo ha arrancado con lentitud llamativa. Puede que en los días próximos comiencen a entrar montos importantes, ya que hay muchísimos dólares “bajo el colchón” o en instituciones financieras ubicadas en el exterior, pero a menos que el gobierno logre persuadir a todos de que declararlos no les supondría riesgo alguno, la mayoría de los tenedores preferirá mantenerlos donde están.