La batalla de Nueva York
DARÍO TROPEANO (*)
Momentáneamente apaciguada la nube de humo generada en los grandes medios internacionales a raíz del fallo del juez federal del Distrito Sur de Nueva York Thomas Griesa, es conveniente hacer un repaso de lo sucedido e incorporar otras realidades omitidas en torno a la cuestión. La decisión del juez estadounidense –cuyo tribunal se asienta en Wall Street, el segundo distrito financiero en importancia después de Londres–, que dispuso que la Argentina debía constituir una garantía de 1.330 millones de dólares o el pago del 100% del monto que reclaman los fondos especulativos encabezados NML Capital, generó diversas expresiones en el ámbito nacional. Se dijo así en los principales medios gráficos y televisivos –entre otras cosas– que en Estados Unidos se aplica “verdaderamente la ley”, que el juez estaba cansado de “las amenazas y bravuconadas de Argentina”, que se trataba de la consecuencia de los “graves errores en la negociación de la deuda” y que el país iba a ingresar en “default técnico” para estar más alejado del mundo aún. El riesgo de embargo por parte del juez de una porción del monto a pagar por el vencimiento de bonos del cupón PBI que se cancelaron el viernes era la mayor preocupación del Banco de Nueva de York, mandatario de nuestro país para realizar esa operación. Su responsabilidad por el no pago y la imposibilidad de cobro por parte de los acreedores que ingresaron oportunamente a los canjes –renegociación– de deuda, que ascendían al 93% del total, generaba una delicada preocupación en el mundo entero. El no pago por parte de nuestro país significaba caer en incumplimiento (default), y esta situación fue expuesta en los medios de comunicación nacionales como una nueva tragedia que nos cerraría las puertas a las inversiones y al financiamiento externo y nos conduciría a miles de juicios por parte de los acreedores que debían cobrar sus nuevos bonos durante diciembre. Las necesidades políticas y aun económicas de dirigentes y operadores en orden a criticar en todo lo posible al gobierno nacional –omitiendo los esenciales cuestionamientos posibles a realizar, por la propia incapacidad y superficialidad de los mismos– obstaculizaron la defensa de una “cuestión nacional”, propia de la soberanía de un Estado, y la información de los verdaderos motivos que alentaban la posibilidad del incumplimiento de pago de la Argentina. En realidad, incitar el “default técnico” del país a través de un fallo disparatado y carente incluso de sustento en la jurisprudencia norteamericana –como se probó pocas horas después al ser revocado por la Cámara de Apelaciones– tuvo otras motivaciones. Nadie ha advertido que inmediatamente antes del dictado del fallo del juez Griesa se compraron CDS (seguros contra impago de deuda argentina) a bajo costo dado que se esperaba el pago normal de la Argentina a mediados de este mes. Explicado sencillamente: se trata de un seguro que toma un tenedor de un bono de Argentina que debe pagarse en un tiempo determinado y que en caso de no pagarlo la aseguradora abonará el valor de ese bono que el tomador tenía que cobrar y no pudo hacerlo por el incumplimiento del país deudor. Estos seguros llamados CDS son contratos que se compran y se venden como un bono, como un título: se especula con estos contratos sobre la posibilidad o no de pago de deuda de un país. El inversor compra barato este contrato de seguro si el país paga normalmente y luego puede venderlo caro o cobrar el total de su crédito de la aseguradora si el país incumple. Luego del fallo de Griesa el costo del seguro –CDS– aumentó casi el 400% y los bancos JP Morgan, Barclays, Citi, etcétera, que controlan esas compañías de seguros, vendieron a tenedores de títulos argentinos preocupados por el no pago seguros a valores altísimos que luego del fallo de la Cámara de Apelaciones que benefició a la Argentina se derrumbaron en su valor. Las empresas calificadoras de riesgo (instituciones que califican el valor de mercado de los títulos de deuda que emite un país) incentivaron una visión “ tremendista” de la situación legal de Argentina, haciendo bajar el valor de los títulos que finalmente se pagaron. Moraleja: alguien ganó mucho dinero –y otros perdieron– por el fallo del juez Griesa, que pocas horas de vida tuvo. Mientras tanto, en nuestro país se sucedían debates inconsistentes y basados en la pura política cortoplacista. Pero lo cierto, lo trascendente para las reestructuraciones futuras de deuda de países, será el fallo que dictó la Cámara de Apelaciones de Nueva York en febrero sobre la cuestión principal. Si aceptan la postura de los fondos especulativos que no ingresaron a los canjes de deuda argentina y pretenden cobrar el 100% de sus créditos, se pone en riesgo la segunda mayor reestructuración de deuda de la historia –con alcances impredecibles tanto para los países europeos endeudados como para Estados Unidos–; si no es así, deberán someterse a cobrar lo mismo que los acreedores que aceptaron las condiciones de Argentina en el 2005 y en el 2010, lo que el país terminará aceptando. Como adelanto a esa preocupación, el gobierno de Estados Unidos había acelerado aún más el fuerte lobby judicial para beneficiar la postura argentina, así como también el relator especial de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, proponiendo prohibir que estos fondos especulativos comprenden deuda de países en default o estado de cesación de pagos. Detalles no menores nomás que debemos conocer. (*) Abogado, docente de grado y posgrado en Concursos y Quiebras en la Facultad de Economía de la UNC
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