La batalla equivocada

Naturalmente preocupados por la debilidad extrema del peso o, como se prefiere decir aquí, por la suba del dólar -moneda que en el resto del mundo está perdiendo terreno frente al euro y el yen-, los equipos encabezados por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y por el presidente de Banco Central, Mario Blejer, han introducido una nueva serie de medidas destinadas a poner más obstáculos en el camino de los deseosos de cambiar sus pesos por divisas más fuertes, sobre todo por la norteamericana. Aunque es factible que en el corto plazo dichas maniobras sirvan para posibilitar algunos días de tranquilidad relativa en los mercados, sólo se trataría de una tregua muy breve. A la larga, las medidas resultarán con toda seguridad contraproducentes, porque la ciudadanía entiende muy bien que cuanto más draconianos sean los controles cambiarios ordenados por un gobierno, más le convendría tratar de soslayarlos. Por lo tanto, es de prever que la consecuencia principal del esfuerzo oficial por impedir que la gente logre conseguir dólares consistirá en convencer a los interesados de la necesidad de hacerlo cuanto antes a pesar de que la tasa de cambio no guarde ninguna relación con el poder de compra de las respectivas monedas. En efecto, luego de haber sido un país bastante «caro» comparado con sus vecinos, la Argentina se ha transformado en uno que desde el punto de vista de todos los extranjeros es inverosímilmente «barato».

Los motivos de dicho cambio son exclusivamente políticos. Es que el hundimiento al parecer irrefrenable del peso se debe por completo a la falta de confianza generalizada en la capacidad de «los dirigentes» para manejar la economía. Para colmo, aquellos políticos que por motivos ideológicos o «nacionalistas» juran estar en favor de la pesificación también suelen ser los más reacios a permitir que se tomen las medidas que podrían hacer del peso una alternativa aceptable a la divisa norteamericana o a cualquier otro. Mientras peroran en torno de la soberanía monetaria y de lo imprescindible que a su juicio es que la Argentina cuente con su propia moneda, los pesificadores hacen todo cuanto pueden por confirmar que el país no está en condiciones de emular a virtualmente todos los demás que, sus otras deficiencias no obstante, por lo menos son capaces de defender la divisa local contra los ataques de los «especuladores».

Si la población del país confiara más en la eficiencia del Poder Ejecutivo y en el buen sentido de los legisladores y los jueces que, lo entiendan o no, también forman parte del gobierno, la tasa de cambio pronto dejaría de ser el problema mayúsculo que sin duda alguna es. Conforme a todas las pautas económicas -aquellos «números» que tanto molestan a los populistas-, en la actualidad aún debería aproximarse al 1,40 supuesto por la devaluación original. El que en las casas de cambio el valor haya bajado a mucho menos de la mitad se debe exclusivamente a la inoperancia realmente llamativa de los personajes que nos están gobernando. Asimismo, todos los episodios -los debates parlamentarios escandalosos, las actividades de los piqueteros, los comentarios a veces incomprensibles del presidente Eduardo Duhalde, etc.- que sirven para llamar la atención a la endeblez del gobierno, contribuyen a socavar el peso cuyas variaciones tienen decididamente menos que ver con la evolución de la economía que con la imagen realmente lamentable de la clase política nacional.

En opinión de muchos economistas, no existe ningún peligro auténtico de una nueva catástrofe hiperinflacionaria, porque la Argentina ya es demasiado pobre como para suministrarle el combustible necesario. Si sólo fuera cuestión de «los números», estarían en lo cierto, pero ocurre que los factores psicológicos son tan poderosos que es perfectamente concebible que se hayan equivocado y que, a pesar de la escasez de recursos, el país sí se las arregle para producir otro estallido monetario. De más está decir que de ponerse en marcha la maquinaria inflacionaria, desactivarla requeriría mucho más que controles policiales. En tal caso, la única forma de frenarla consistiría en gobernar con el mismo rigor y realismo que es normal en el resto del mundo pero que, por desgracia, parece ser utópico en nuestro país.