La Cámara ordenó seguir investigando los pasajes

VIEDMA (AV).- La Cámara en lo Criminal de Viedma revocó el sobreseimiento dictado a favor del legislador Daniel Sartor en la causa que investiga el presunto pago por parte del ministerio de Familia de pasajes aéreos para él y miembros de su familia. El tribunal entendió que existen elementos para seguir investigando por la “endeblez” del peritaje realizado y porque “las pruebas y testimonios no fueron valorados debidamente”.

Además, en la resolución, la Cámara devuelve la causa al juzgado de instrucción N° 4 y dispone que siga “con la pesquisa y con nueva integración”, apartando así de la causa al juez subrogante Juan Bernardi.

La apelación contra el sobreseimiento que había dispuesto por Bernardi fue planteada por la fiscal Daniela Zagari y la Cámara –integrada por Jorge Bustamante, Pablo Estrabou y Francisco Cerdera– aceptó ese recurso.

La denuncia se centra en la adquisición de tres pasajes aéreos de Viedma a Buenos Aires, en enero del 2010, en la agencia Newen Viajes. Esos pasajes –según la denuncia– “fueron remitidos a Familia para su pago con dineros públicos, lo cual derivaría en un eventual perjuicio al erario público”. Zagari consideró que Bernardi omitió “ponderar apropiadamente la prueba producida en el expediente, apartándose indebidamente de las constancias de la causa y que en ese sentido nada se ha dicho de las testimoniales rendidas que acreditan para esta etapa del proceso”.

Afirma que el sobreseimiento “cierra definitiva e irrevocablemente el proceso” y, para eso, “es necesario alcanzar una convicción de certeza sobre la falta de responsabilidad del imputado o la inexistencia del hecho. No puede sostenerse que el hecho no se cometió o que el imputado no fue el autor, o sea, existiendo aún vías probatorias por indagar e investigar. No existe la certeza negativa que el sobreseimiento requiere; entonces el dictado en esta causa carece de fundamento legal”.

La fiscal de Cámara, Adriana Zaratiegui, ratifica que la “duda no puede autorizar el sobreseimiento”, salvo que concluyan “todas las medidas posibles de investigación, y las pruebas de cargo no sean suficientes para sostener una acusación. Pero no es el caso examinado”.

El juez de instrucción –dice la Cámara– basa su resolución en las órdenes de pago pero la cuestión “debe centrarse en la hipótesis delictiva planteada por la Fiscalía, buscando todas las diligencias conducentes”.

El tribunal cuestionó el informe técnico –del contador Carlos Mas– porque debió especificar “su peritaje con mayor grado de detalle”. Criticó también que el juez de instrucción sólo pidió los informes del Sistema de Administración Financiera y Contable (Safyc) y buscó si aparecía “el nombre del imputado y la agencia Newen. Para ello, no era necesario la designación de un perito”.

En ese sentido, el fallo advierte otras facturas llamativas, de las cuales el perito nada observó, como la existencia en enero del 2010 de desdoblamientos de tres facturas por 37.500 fotocopias, cada una de 1.500 pesos. “No es compresible que esa situación pasara desapercibida para el profesional de ciencias económicas”, dijeron.

La Cámara concluyó en la revocatoria por la “endeblez del trabajo del perito” sumado a que “la prueba documental y testimonial producida no ha sido valorada debidamente”.