La Cámara pone el ojo en las decisiones de Igoldi

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Marcelo Ochoa

VIEDMA (AV).- La Cámara en lo Criminal de Viedma pidió el expediente completo de la investigación del incendio intencional en el juzgado penal de Carlos Mussi, ubicado en el mismo edificio donde funciona el Superior Tribunal de Justicia rionegrino. El pedido fue formulado por el presidente de la Sala A de esa Cámara, Marcelo Chironi, para analizar lo realizado hasta el momento y resolver el recurso de queja elevado por la fiscal de la causa, Itziar Soly. El Tribunal estará integrado por Chironi, Guillermo Bustamante y resta la designación del tercer camarista en reemplazo de Jorge Bustamante, quien se encuentra de licencia. En esta instancia los jueces no se pronunciarán sobre el fondo de la cuestión sino que sólo analizarán si estuvo bien o mal denegada (por parte del juez penal Favio Igoldi), la apelación que planteó Soly contra el rechazo que hizo el magistrado de varias medidas solicitadas por ella, entre las que figuraban la detención de los sospechosos de planificar y cometer el atentado. En el caso de concluir que estuvo bien denegada, la causa continuará como hasta ahora. Pero si el Tribunal interpreta que el juez se equivocó, hará lugar a la queja y ordenará que la apelación de Soly sea analizada. Y en ese caso la Cámara sí abordaría el fondo del planteo. Para resolver el Tribunal tiene un plazo acotado de tres días a partir de la conformación total de sus integrantes. La fiscal que investiga el atentado al Poder Judicial recurrió en queja ante la Cámara por las detenciones y allanamientos que solicitó y que el juez Igoldi no autorizó. Primero la funcionaria apeló esa denegatoria pero el juez tampoco le hizo lugar. Por eso ahora la Cámara deberá decidir si ese segundo rechazo fue correcto o no. Con evidencia y más de 100 horas de escuchas telefónicas consideradas por Soly como importantes y suficientes para imputar, le pidió al juez las detenciones de los dos hermanos Collman y de Ricardo “Chanchi” Becerra por considerarlos presuntos autores materiales del incendio. En el mismo escrito solicitó que detenga al abogado viedmense Ignacio Galiano por estimar que habría sido quien encargó el incendio a cambio de una suma de dinero. La quinta detención fue solicitada para el policía Gustavo Salinas, a quien le imputó un presunto encubrimiento en favor del abogado. Sólo fueron detenidos, aunque recuperaron luego la libertad Ricardo Collman, Salinas y Becerra pero fue por resistirse al momento de ser allanados sus domicilios. Otra de las medidas requeridas por la fiscal y denegada por el juez fue el allanamiento del estudio y el domicilio de una abogada joven de esta ciudad, sospechada de presunto encubrimiento también en beneficio de Galiano. Ahora serán tres camaristas los que definirán si los pedidos de Soly fueron denegados correcta o arbitrariamente.