El aserradero y los 100 millones: reclamos absurdos a gobiernos en falta
La mediación surgió a propuesta del gobierno provincial, que dijo no tener posibilidades de llevar adelante un desalojo.
El Estado abre las puertas a lo absurdo cuando los gobiernos intentan cerrar rápido los problemas que no atendieron durante años.
La “mediación comunitaria” que forzó el Ministerio de Seguridad de la provincia cuando esquivó el pedido de la Justicia para que desalojen el predio del aserradero usurpado en Roca ya debería haber terminado.
Y debería haber terminado con un portazo de quienes buscaron de buena fe, una vez más, alcanzar un acuerdo para solucionar sin uso de la fuerza pública un conflicto que se encamina a los tres años.
Claro que para tener esa reacción, previamente debe lograrse la legitimidad de sentirse vulnerado. Y el gobierno provincial no tiene esa condición, porque dejó varias cuentas pendientes a partir de las promesas realizadas durante los últimos años a los integrantes de la cooperativa que ocupa el predio de calle Alsina.
Esa razón es la que permitió a los referentes de la Cooperativa 1 de Mayo y de la CTA Autónoma plantear sin ponerse colorados que necesitan unos 100 millones de pesos para reubicarse en terrenos del Parque Industrial II.
Un gobierno sin deudas políticas se hubiese levantado de la mesa ante tamaño despropósito, abriendo paso nuevamente a la Justicia para que complete el trámite de desalojo.
Pero un gobierno que implícitamente reconoce su parte de responsabilidad en el conflicto apenas atina a responder que “es muy difícil” conseguir ese dinero, porque se necesitaría de una ley, que además demanda un tiempo que la coyuntura no ofrece.
Es decir, los representantes del Estado no le dijeron a la cooperativa que pedir 100 millones de pesos era una disociación con la realidad, sino que ubicaron la dificultad en una cuestión técnica-legislativa.
Para tomar dimensión de lo que se está debatiendo, vale repasar algunas cifras oficiales.
El Presupuesto 2022 del municipio de Roca previó $ 114.596.000 para “inversión social” y $ 185.689.610 para “trabajos públicos” con recursos propios.
En otras palabras, el dinero que pide la Cooperativa 1 de Mayo equivale al 87% de todo lo que el gobierno local piensa repartir en un año para contener a quienes más lo necesitan y promover la cultura y el deporte. Y equivale al 54% de todos los fondos previstos para obras a desarrollar este año con financiamiento netamente municipal.
Sólo esas comparaciones servirían para dar por concluida la mediación, si no cambian las pretensiones.
Pero además hay que analizar el efecto político y social que generaría una decisión de esas características. Otras cooperativas formarían fila para que el Estado los asista con igual consideración.
Sumado a eso, aparece otra contradicción. Porque para lograr la reubicación, el municipio dispondría de tres hectáreas dentro del Parque Industrial II.
Incómoda posición sería la del gobierno local, que perdió -de manera nunca explicada claramente- la inversión de 100 millones de dólares de una empresa que hasta había señado las tierras a utilizar, pasando a ceder ahora un espacio dentro del mismo complejo a un grupo que ocupó un inmueble, no tiene habilitación municipal para funcionar y cortó calles y rutas para hacerse escuchar.
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