La convergencia judicial


La causa de Techo Digno tuvo un viraje: los peritajes indican que las firmas no corresponden a los empresarios ni a los intendentes. Eso igual no los libera plenamente de culpas.


Pocas cosas alinean al oficialismo y la oposición. Esta íntima confluencia se da en los planes de viviendas Techo Digno cedidos por los municipios al IPPV. La Provincia asumió su conclusión cuando los gobiernos locales no pudieron mantener su ejecución, desfinanciados por la Nación y sospechados por la Justicia.

Aquel vínculo enrevesado se explica en las causas penales. La Justicia investiga a trece gestiones locales. Los expedientes se iniciaron mayormente en el juzgado del recién fallecido juez Claudio Bonadio, que se declaró incompetente y, en el 2018, los remitió al fuero provincial. Asunto tan enmarañado como pesado.

Cada caso se repartió por la jurisdicción de los barrios. La Procuración designó y encomendó a Graciela Etchegaray para unificar lineamientos de los fiscales. Uno fue el letargo del año pasado, explicado en evitar acciones que incidieran en el proceso electoral. Pasado ese periodo, la meta está en concluir con la investigación en julio o agosto para delimitar, definitivamente, culpas.

El nudo está en la inconsistencia entre los fondos enviados por Nación y el nivel de ejecución de las viviendas. Algunos desajustes son justificables, otros inexplicables. La irregularidad se documenta en las certificaciones en Nación con porcentajes de construcción inexistentes -con firmas de los constructores e intendentes- y que sirvieron para las últimas transferencias.


El sorismo reeditó públicamente el caso de las viviendas federales e incomodó a los jefes comunales y legisladores del FdT. ¿Torpeza o intencionalidad?


Un informe inicial de la Procuraduría nacional permitió calcular que los envíos -entre 2011 y 2015- fueron $ 1.106 millones. Con los registros reales de ejecuciones, los fiscales hurgan en las remesas recibidas por cada administración, algunas con desvíos a otros fines y otras intendencias aún con los depósitos.

Existió un viraje. Los peritajes caligráficos aseguran que las firmas en las últimas certificaciones no pertenecen a los empresarios ni a los intendentes. Esta prueba no los libera, pues fueron conscientes y manejaron esos voluminosos ingresos. Pero, esas rubricas apócrifas redireccionan las conjeturas, posando las miradas en el equipo del entonces senador Miguel Pichetto, gestor de aquellos planes.

Este perturbador tema para la política se reflotó en la última semana. Todo se inició cuando la intendenta María Emilia Soria culpó a la Nación y la Provincia por un inconcluso barrio en Roca. Respondió el presidente de la bancada oficialista, Facundo López. Hasta ahí, folclore político. Pero, el diputado roquense José L. Berros revivió el embrollo de Techo Digno, afirmando que el gobierno provincial “se quedó” y generó un “desfalco”. Otro ultrasorista, Pablo Barreno, insistió con la “estafa” y que “pasaron cosas”. Se cruzaron más voces, pero ya ellas esquivaron esos antecedentes.

El sorismo incomodó al Frente de Todos. No es para menos. Su aparición removió expedientes de 13 exadministraciones propias (Cipolletti, SAO, Bariloche, Jacobacci, Conesa, Sierra Grande, Godoy, Cinco Saltos, Choele, Campo Grande, Cervantes, Río Colorado y Fernández Oro). Incluso hay intendentes en ejercicio, como Liliana Alvarado, Renzo Tamburrini y Luis Ivancich, y tres que ahora son legisladores: Alejandra Mas, Daniel Belloso y María Eugenia Martini, hoy presidenta del bloque.

¿Torpeza o intencionalidad? Es una duda existente. Berros pretendió mandar en la bancada. La barilochense, la más expuesta y complicada, se le quejó a Martín Soria. “Esto nos hace mal a todos”, le dijo. También, el senador Martín Doñate actuó en encausar esta instancia.

El oficialismo siempre calló y calla. Lo hace para preservar a Pichetto. Ya en junio del 2017, hizo un aporte cuando Weretilneck declaró en Bariloche que “ningún intendente se llevó dinero a su casa”. Además, gran parte de la defensa hoy está en manos de Damián Torres, un activo penalista viedmense con ataduras a Juntos por su trato con el senador, incluso es apoderado del partido.

Una convergencia del oficialismo y la oposición. Coincidencias que fastidian al sorismo.


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