La Corte dice basta

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La razón por la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores más fieles se propusieron dinamitar el Poder Judicial no tuvo nada que ver con las deficiencias notorias de las instituciones correspondientes o con su supuesta voluntad de acercarlo a la gente “democratizándolo”. Al darse cuenta de que no les sería tan fácil como habían imaginado continuar anotándose triunfos electorales que les permitirían eternizarse en el gobierno, se difundió entre ellos el temor a que pronto se vieran frente a jueces independientes más interesados en la ley que en el relato “revolucionario” que, de tomarse en serio cierta retórica oficialista, justificaba la corrupción en escala jamás vista en nuestro país y los atropellos arbitrarios de quienes se creían con derecho a “ir por todo”. Pues bien, aunque muchos jueces siempre han sido proclives a acompañar los cambios ideológicos y políticos, hay límites a lo que los más prestigiosos, comenzando con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, están dispuestos a tolerar. Los kirchneristas los cruzaron hace tiempo al emprender una campaña furibunda en contra de “la corporación judicial” y la división de poderes que es propia del sistema republicano. El martes pasado, seis magistrados de la Corte Suprema declararon inconstitucionales los artículos clave de la “reforma” que fue improvisada por los kirchneristas y avalada por la mayoría automática parlamentaria. Para sorpresa de nadie, la única voz disidente resultó ser la del kirchnerista Eugenio Zaffaroni, si bien afirmó que a su entender lo impulsado por el gobierno podría considerarse un “nuevo error político”. Antes de fallar la Corte, diversos representantes gubernamentales procuraron presionar a los jueces, mientras que una banda de matones de La Cámpora trató, sin éxito, de intimidar a Juan Carlos Maqueda. Desde el punto de vista de Cristina y otros miembros de su entorno que tienen buenos motivos para querer convertir a todos los jueces en militantes oficialistas, el defecto principal de la Justicia consiste en su independencia. Con la ayuda del electorado, ya se las han arreglado para mediatizar al Congreso, llenándolo de legisladores que votan a favor de cualquier iniciativa de Cristina, por extravagante que fuera, y esperaban hacer lo mismo al Poder Judicial, pero sus intentos en tal sentido han sido contraproducentes. Por principio en el caso de muchos, y por entender que no les convendría inmolarse en el altar de un movimiento político que tiene los días contados en el de otros que suelen ser más dúctiles, son cada vez más los jueces que están rebelándose contra las pretensiones desmedidas de los kirchneristas. Por lo tanto, fue previsible la decisión que tomó la Corte Suprema al ratificar el fallo de la jueza de primera instancia, María Servini de Cubría, conforme al cual distintos artículos de la “reforma”, como el que forzaría a los candidatos a formar parte del Consejo de la Magistratura a integrar una lista partidaria, son claramente inconstitucionales. Según personajes como el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y otros de mentalidad parecida, lo que temen los jueces de la Corte es “la soberanía popular”. Sin embargo, tal y como está evolucionando el país, deberían temerla mucho más la presidenta y ciertos funcionarios de su gobierno. Tanto aquí como en el resto del mundo, la opinión pública es veleidosa. Como se ha enterado el expresidente Carlos Menem, dirigentes que durante años disfrutaban del apoyo mayoritario pueden transformarse, en un lapso muy breve, en los malos de la gran película nacional, de suerte que hubiera sido por lo menos posible que, de haber convalidado la Corte Suprema los cambios propuestos por el gobierno, arrasaran en octubre los candidatos resueltos a ver procesados a todos los acusados de actos de corrupción, incluyendo a Cristina. No lo comprenderán nunca los kirchneristas, pero es para impedir que los a menudo vengativos sentimientos “populares” incidan demasiado en los fallos de los jueces que, en todos los países democráticos, está institucionalizada la autonomía judicial. Así las cosas, a la larga los más beneficiados por el apego a la Constitución de la Corte Suprema podrían ser aquellos kirchneristas que, sin haber cometido delitos ellos mismos, correrían el riesgo de ser víctimas de la ira popular.