La Corte Suprema, muy cerca del juicio político

Los ecos de los cacerolazos contra la Corte Suprema de Justicia parecen haber sido escuchados en el Congreso, tal como parece indicarlo la decisión del titular de la Cámara baja, Eduardo Camaño, de convocar para hoy a una sesión especial para la conformación de una comisión legislativa que analice los numerosos pedidos de juicio político que apuntan hacia los integrantes del máximo tribunal.

Pero la convocatoria a la comisión de Juicio Político no es la única movida en ese sentido, ya que en los últimos días se conoció la existencia de distintos contactos entre el gobierno y la UCR, el principal partido de la oposición, para encontrar una salida negociada que permita el alejamiento de los jueces de la Corte.

Como parte de esa línea de acción pueden tomarse las declaraciones del titular del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro, quien sostuvo que «la UCR va a habilitar en la Cámara de Diputados el tratamiento de la cuestión», aunque aclaró que no será «en una Asamblea Legislativa, sino a través de las formas que determinan la Constitución y el Congreso, que es mediante la Comisión de Juicio Político».

«Se debe analizar la situación de cada uno de los integrantes de la Corte Suprema que se pida ser investigado. No se debe hacer un juzgamiento integral de la Corte sino que se debe considerar la situación particular de cada uno de sus miembros», precisó Maestro.

A eso sumó también, la presentación de otro pedido de juicio contra la Corte impulsado esta vez por la diputada nacional por el Frente Grande de Corrientes Araceli Méndez de Ferreira, junto con los abogados laboralistas porteños, que semanalmente realizan cacerolazos contra el alto tribunal.

Este pedido se basa en la fallo de la Corte que permitió que el detenido ex gobernador correntino Raúl «Tato» Romero Feris asumir como senador nacional por esa provincia a pesar de tener un proceso judicial en su contra.

«No puede haber cambios en la Argentina con la cabeza de un poder judicial corrupto», sentenció Méndez de Ferreira, quien entre los fundamentos del pedido de juicio sostiene que «la decisión de la Corte fue en contra de la Constitución de Corrientes y de la Constitución nacional».

El pedido de juicio, que cuenta de 106 hojas, fue presentado ayer en una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, de la que además participaron representantes del sindicato judicial de Corrientes y el diputado nacional radical Noel Breard.

La sesión especial de hoy fue convocada a pedido de los diputados del Frente para el Cambio Alicia Castro y Alfredo Villalba, quienes pedirán además que se «cite de inmediato a los ministros de la Corte Suprema, a fin de que hagan su defensa y (se pueda) emitir dictamen para que el Senado de la Nación, como marca la Constitución Nacional, pueda remover e inhabilitar a todos los miembros de la corte para ejercer cargos públicos», indicaron legisladores.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Pablo Verani confirmó que el tema de la Corte fue tratado en ese cónclave .

Hoy suena otro cacerolazo

Por otra parte, un nuevo cacerolazo contra la Corte Suprema se realizará hoy frente al Palacio de Justicia, en Capital, informó la Asociación de Abogados Laboralistas.

La manifestación se realizará a las 17 y en ella volverá a exigirse la renuncia de los ministros de la Corte.»La Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus nueve integrantes aferrados a sus sillones son la imagen patética del viejo orden social que se desmorona», sostuvieron los abogados.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, anunció ayer que dentro de un conjunto de proyectos que enviará al Congreso está previsto la obligación de que los jueces paguen el «impuesto a las ganancias», y dijo que los miembros de la Corte Suprema cobran un salario de alrededor de 10 mil pesos». El constitucionalista añadió que el tratamiento de un posible juicio político es una cuestión que «no corresponde al Ejecutivo sino al Congreso», pero admitió que «todo debería ser más rápido, porque la ansiedad de la gente, la indignación o la expectativa , es mucho mayor». (DyN)

Verani: «Estoy de acuerdo»

El gobernador de Río Negro, Pablo Verani, quien participó de una reunión de mandatarios provinciales y legisladores de la Alianza que se realizó en la sede del CFI, confirmó que el tema de la Corte fue tratado en ese cónclave.

Al respecto, admitió que «lo que se habló aquí es de los distintos proyectos que hay de juicio político y de los procedimiento a seguir que marca a la Constitución para determinar el camino».

«Hay que apoyar los juicios políticos pedidos luego del análisis jurídico de cada uno de ellos. Estoy de acuerdo en que se analice la conducta de los jueces, de manera tal que puedan ser sancionados aquellos que no han estado encuadrados dentro de las normas de su desenvolvimiento», agregó Verani en declaraciones a la prensa.

«Temíamos que De la Rúa terminara como Ceaucescu»

BUENOS AIRES (ABA). Fue una de las jornadas más violentas y negras de la historia política argentina. El 20 de diciembre, horas antes de que De la Rúa presentara su renuncia a la Presidencia y mientras en la Plaza de Mayo continuaba la represión policial contra los manifestantes, un Secretario de Estado ingresó al despacho del aún presidente con información suministrada por la SIDE que aseguraba que algunos grupos de activistas estaban preparando el ingreso por la fuerza a la Casa Rosada. «Si esto sigue así, usted puede terminar como Ceaucescu», advirtió a De la Rúa el funcionario.

Este testimonio figura en la causa que lleva adelante la jueza Servini de Cubría, que investiga las responsabilidades por la feroz represión en Plaza de Mayo que terminó con seis muertos y centenares de heridos. «Es cierto, teníamos miedo que De la Rúa terminase como Ceaucescu», habría confirmado el ex colaborador presidencial ante los fiscales a cargo. Según pudo saber «Río Negro», así justifican los ex funcionarios la violencia con que se intentó disipar a los manifestantes .

Nicolae Ceaucescu fue el dictador que extendió su férreo poder en la Rumania comunista, previo a la caída del Muro, y que fue fusilado en 1989 junto a su esposa, luego de un juicio popular, en la plaza central de Bucarest.

«Había grupos de activistas muy bien organizados en Plaza de Mayo. Y si no poníamos coto a esa situación y si la policía no actuaba con énfasis, no tenga la menor duda de que algunos hubieran intentado entrar a la Casa Rosada. La noche anterior muchos vándalos ingresaron al Congreso y rompieron todo. Qué hubiese pasado si ese día se cruzaban con algún Senador?», repite el testigo que declaró ante los fiscales.

De la Rúa y sus principales funcionarios involucrados en la seguridad están incriminado 15 causas vinculadas a la represión. Pero la causa que está más avanzada es la que lleva adelante Servini: el expediente ya tiene 14 cuerpos, 3000 fojas con un centenar de testimonios. De la Rúa no fue aún a declarar, pero mandó una carta por intermedio de sus abogados, negando responsabilidad ante los violentos hechos. Antes del 16 de febrero la jueza deberá dar a conocer su resolución. Según versiones tribunalicias, serán procesados al menos Rubén Santos, por entonces jefe de la Policía Federal; Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, y Ramón Mestre, ex ministro del Interior. Aunque algunos arriesgan que la Servini está decidida, incluso, a poner en aprietos al mismo De la Rúa. «Si la Justicia llega a la conclusión de el ex presidente fue quien impartió la orden de reprimir, tendrá que dar explicaciones», avisan en la fiscalía, a cargo de Luis Comparatore y Patricia Evans. Aunque, por el momento, no tienen pensado llamar a declarar al ex jefe de Estado.

El más implicado es Mathov: varios de los testimonios apuntan hacia él como el responsable de la represión. «Estaba convencido que todo estaba orquestado para derrumbar el gobierno e imponer la violencia en el país», aseguró el funcionario que conversó con «Río Negro». (G. Alvarez Guerrero)

Servini escucha a los legisladores

La jueza María Servini de Cubría dio crédito ayer a los testimonios de dos diputados nacionales que dijeron que la causa de la represión policial del 20 de diciembre último en la Plaza de Mayo, que dejó seis muertos, era la necesidad del gobierno anterior de tener despejado ese paseo para «negociar» la no renuncia de Fernando de la Rúa.

Entretanto, los fiscales preparan el pedido de una batería de medidas para avanzar sobre la responsabilidad de los que habrían cometido los homicidios. Es que, según aseguró la propia jueza, «ya hay alguna persona identificada» en la investigación que se sigue adelante para saber quién ordenó la represión y quiénes dispararon sobre las víctimas fatales.

Además, los fiscales estaban evaluando pedir la citación del ex viceministro de Interior Lautaro García Batallán, quien -según un grupo de diputados- les aseguró aquel 20 de diciembre que la represión había sido producto de «una decisión del ex presidente Fernando de la Rúa y su entorno». García Batallán desmintió esa aseveración y consideró «absurda y descabellada» la interpretación de los diputados Zamora y Bordenave. (DyN)