La CTA impugnó a Moya y Cancela para el TSJ

NEUQUÉN (AN).- La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) impugnó ayer las postulaciones de Evaldo Darío Moya y Ricardo Cancela para ocupar una vocalía y la defensoría del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tal como lo propone el gobernador Jorge Sapag. En el caso de Moya, la entidad sindical, en el escrito que presentó en el ministerio de Coordinación de Gabinete, duda de la idoneidad para impartir justicia de alguien que llegó a un litigio judicial por no pagar cuotas alimentarias, según una sentencia judicial dictada por la Cámara Civil de General Roca. Por otro lado, vincularon al actual titular del Tribunal de Cuentas de la provincia con una maniobra persecutoria contra el ex fiscal Ricardo Mendaña. Según el escrito, Moya formó parte de una extensa nómina de asesores y funcionarios judiciales que intervinieron en el andamiaje jurídico que puso en marcha el sobischismo en su afán de quitar de funciones a Mendaña, uno de los pocos funcionarios judiciales que no quedó sometido a la avanzada sobre el Poder Judicial del anterior gobierno. A Moya le adjudican “un estudio pormenorizado” de jurisprudencia con el objetivo de evitar “cualquier intento recursivo” de Mendaña en el jury en su contra, como lo señala un mail que la CTA adjudica a Diego Armesto, un ex empleado de la Asesoría General de Gobierno, que le habría filtrado esa información al entonces fiscal. Respecto al desempeño de Moya en el Tribunal de Cuentas, hay una denuncia penal contra el postulante y el gobernador por presuntas designaciones “políticas” en el organismo encargado de auditar las finanzas del Estado (ver aparte). La CTA también se opone a la postulación de Cancela para la Defensoría del TSJ. En la conferencia de la que participaron Carlos Quintriqueo (secretario general) y Norberto D’Ihuorno (ATE), Hugo Papalardo (ATEN), José Luis Torres (Sejun), plantearon que el postulante “ha sido el abogado de todos los casos de corrupción del anterior gobierno”, por el de Jorge Sobisch, además de ser el representante legal de Raúl Pascuarelli (ex subsecretario de Seguridad) y Carlos Salazar (ex jefe de la policía) y le adjudican la defensa “implícita” del ex gobernador en el marco de la causa Fuentealba II, donde se investigan las responsabilidades políticas del asesinato del docente neuquino. “Cuestionamos su independencia del poder político”, dijo Papalardo sobre la propuesta de que Cancela sea Defensor del TSJ.