La cuota alimentaria todavía es un tema pendiente

En Río Negro existe la ley desde el año 2000 y aún no se reglamentó. Sigue siendo alto el grado de incumplimiento de padres y madres.



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La Legislatura sancionó la ley, pero falta la reglamentación, con lo cual el registro de deudores no se puso en marcha.La diputada Arriaga reclama.

CIPOLLETTI (AC).- Historias de padres y madres que no cumplen con las cuotas alimentarias establecidas luego de la separación, hay muchas.

Los juzgados de Familia, los Civiles, los Penales, incluso la justicia de Paz y el proceso de Mediación que ha constituido el Poder Judicial rionegrino se ven saturados de casos estremecedores, algunos muy complejos, otros un poco más leves, pero todos con un denominador uniforme: chicos y chicas, jovencitos y jovencitas que se alimentan de manera deficiente, con lo justo y que a veces hasta pasan hambre.

Esto, porque el encargado -padre o madre- de hacerse cargo de la entrega del dinero que corresponde para esa necesidad básica se “olvida”, se retrae”, se atrasa meses, y hasta años, o directamente entra en un cono de inexplicable desvinculación, y ni siquiera responde a las citaciones, la mayoría argumentando dificultades insalvables y otras cuestiones que son injustificables en el 90 por ciento de las situaciones.

Para abordar este problema desde la base, se constituirá en el ámbito de la provincia un listado de padres y madres incumplidores, dado que sólo hace falta reglamentar una ley vigente.

En efecto, la diputada María Marta Arriaga presentó un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de la ley que propone la creación del Registro de Deudores Alimentarios en el plazo no mayor de 60 días.

Arriaga, del Encuentro de los Rionegrinos, recordó que con el fin de evitar el incumplimiento, en el 2000 se sancionó la ley 3.475, que este año fue modificada por la 4094, y sin embargo ninguna de ellas fueron reglamentadas por el Ejecutivo.

“Si bien el problema es complejo y no se soluciona sólo con la puesta en marcha del Registro, la existencia y funcionamiento del mismo, ayudará a que la sociedad en su conjunto se sensibilice sobre la gravedad del tema y haga reflexionar sobre la paternidad y maternidad responsable y sobre la obligación compartida de los progenitores de hacerse cargo de los hijos”, dijo la diputada entre los fundamentos de su propuesta.

Explicó que si bien en los lugares donde ya se ha implementado el Registro los resultados no han sido inmediatos, “se van dando en forma continua y creciente, como también el cambio cultural necesario”.

Cuando el Estado descuida la protección del bienestar de niñas y niños y no toma las medidas administrativas adecuadas “violenta los derechos con rango constitucional enunciados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, expresó Arriaga. Citó como referencia el artículo tercero (inciso dos) sobre que “los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los deberes y derechos de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

La reglamentación de esta ley -considera la autora del proyecto- servirá para solucionar los casos de padres y madres que no cumplen con las cuotas alimentarias establecidas y tramitadas luego de la separación y el divorcio.

Más allá del interés legislativo en la sanción de las dos leyes, no se puso el mismo énfasis en la reglamentación, de manera que pasaron casi seis años y la ley todavía no está reglamentada.


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