La democracia bajo fuego
Según el exvicepresidente Julio Cobos y muchos otros, quienes atacaron con balazos la casa del gobernador santafesino Antonio Bonfatti querían enviarle “un mensaje mafioso”. Es factible que sea así, si bien en tal caso el destinatario del mensaje habrá sido no sólo un gobernador determinado sino el país en su conjunto, puesto que en opinión de los investigadores los asaltantes dispararon para matar. De haber logrado los autores del atentado lo que es de suponer se habían propuesto se hubiera tratado del peor crimen político de las últimas décadas, uno que nos hubiera retraído a los días más funestos de la guerra sucia. De las hipótesis en danza, la más convincente es que fue cuestión de un intento por parte de una de las bandas de narcotraficantes que operan en Rosario de advertirle al gobierno local que no le convendría continuar esforzándose por desbaratarlas, aunque a juicio de algunos los responsables habrían sido efectivos policiales desplazados por corrupción o por sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas. Con todo, aunque resultara que el ataque fue obra de narcotraficantes o expolicías, no se equivoca Bonfatti cuando lo califica de “un atentado a la democracia”, ya que el sistema así supuesto se ve amenazado no sólo por extremistas políticos de ideas totalitarias sino también por el crimen organizado, que en los últimos años ha adquirido dimensiones alarmantes. Por fortuna, la situación en la Argentina no puede compararse aún con la imperante en otros países latinoamericanos, como México, Colombia y Brasil, pero a menos que el gobierno nacional y los provinciales logren impedir que se consoliden las bandas que están causando estragos tanto en la zona norte de Rosario como en el conurbano bonaerense, nos aguardaría un futuro igualmente sanguinario. Por coincidir el ataque a la casa de Bonfatti con la internación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el accidente sufrido por el gobernador sanjuanino José Luis Gioja y por no existir motivos para atribuirlo al tenso clima político que se ha visto agravado por la campaña electoral, no ha recibido la atención que merece. Sin embargo, el episodio debería servir para recordarnos que detrás de los delincuentes comunes cuyas actividades brutales han hecho de la falta de seguridad ciudadana uno de los temas políticos fundamentales se encuentran organizaciones plenamente capaces de plantear un desafío al Estado de derecho. De más está decir que los narcotraficantes no se limitan a intimidar a las autoridades con el propósito de neutralizarlas. También saben infiltrar los organismos estatales, ya que cuentan con recursos económicos más que suficientes para permitirles comprar a abogados, jueces, funcionarios, policías y políticos. En una sociedad como la nuestra, que según una entidad tan prestigiosa como Transparencia Internacional está entre las más corruptas de toda América Latina, les es relativamente fácil formar una red muy extensa de colaboradores. Con cierta frecuencia se formulan acusaciones en tal sentido contra dirigentes destacados, como el expresidente interino Eduardo Duhalde y, últimamente, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, pero puesto que es del interés de los narcotraficantes y sus aliados que casi todos caigan bajo sospecha, siempre hay que tomarlas con mucha cautela. Frente al crimen organizado, les corresponde a los políticos superar sus diferencias ideológicas y sus aspiraciones personales para adoptar una postura de tolerancia cero. En caso contrario, no tardarán en producirse en el país conflictos como los que han convulsionado México y sus vecinos centroamericanos, Colombia y ciudades brasileñas como Río de Janeiro, donde las fuerzas armadas actúan esporádicamente como si estuvieran librando una guerra contra un enemigo extranjero. Por desgracia, la lucha contra la amenaza planteada por el narcotráfico no parece haber figurado entre las prioridades del gobierno kirchnerista, acaso porque no le resultaría fácil sacarle muchos réditos políticos o porque ha sido consciente de los vínculos entre los empresarios de la droga y ciertas agrupaciones políticas, de ahí el escándalo, aún no debidamente aclarado, derivado del triple homicidio de General Rodríguez que tanto revuelo ocasionó en agosto del 2008.
