La educación en Río Negro: una visión entre el caos y la esperanza
HECTOR LUIS RONCALLO (*)
Especial para «Río Negro»
Con o sin la Unter», expresó el ministro de Educación de Río Negro al finalizar el 2005. Una especie de anuncio del modelo educativo que pretende imponer hecho al cierre de un año de incoherencias, retroceso educativo y cero debate en el punto central, que es la esencia de aquello para lo que estamos en este espacio político.
La respuesta del ministro es a una crítica de la organización gremial sobre un proyecto de organigrama de carácter autoritario, vertical y antipedagógico, como el modelo que impone.
Y, para demostrar aún más esta actitud, el funcionario agrega que la reforma de Nivel Medio, las escuelas de jornada completa y otras modificaciones también las hará «con o sin la Unter».
¿Qué se quiere decir con estas expresiones? ¿Qué modelo institucional se quiere imponer?
Para ello es conveniente analizar conceptualmente lo que propone el actual ministro y, desde este momento y espacio, mirar algunas de las acciones que se fueron dando en el tiempo de la provincia.
Cuando el Consejo Provincial de Educación funcionó como tal, como la Constitución y la ley mandan, se dictaron leyes exigiendo que, «para ser presidente o vocal se requiere tener título docente y un mínimo de diez años de ejercicio de la docencia en el país». Esta sabia condición se cumplió hasta la llegada al poder del ex gobernador H. Massaccesi. A partir de la quita de este criterio, varios fueron los presidentes que, sin ser docentes o –como el actual– sin recorrido docente, han utilizado el poder para sacar beneficios, jugar con él, no discutir nada de educación y sí utilizar la estructura para captar votos en forma demagógica. Se creen amos y dueños de la verdad y siempre atacan a los docentes en forma generalizada a través de algunos casos que sí suelen ser para denunciar pero que, las más de las veces, ni ellos mismos lo hacen. Sólo actúan por la prensa y no tienen la capacidad de producir el debate educativo de fondo donde corresponde por ley, que es en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación y con la organización gremial que legítimamente existe. No, nada de eso. Además, con sus actos, parece que dijeran: «…y, señores, además, si quieren tener dignidad y ser reconocidos vengan a mí, a mendigar, a rogar».
La estructura del Consejo de Educación surge como mandato ineludible de la Constitución provincial. Las leyes que existían, en sus considerandos, expresaban: «…que se manda confiar a un Consejo la dirección de la enseñanza en el más alto nivel jerárquico». A decir del actual ministro-presidente, en su propuesta de organigrama sólo existe él en el debate educativo, con una postura vertical y personalista, haciendo desaparecer inconstitucionalmente al colegiado en su función madre y conminándolo burdamente a una exclusiva y única relación administrativa con las juntas de clasificación y de disciplina y negando toda conexión con su esencia principal, el proceso educativo en su conjunto, asestando con esta maniobra un golpe al mejor estilo de épocas pasadas.
Así, en forma maliciosa, el presidente pretendió que el cuerpo colegiado firmara su propia defunción cuando envió el mencionado proyecto, por supuesto, sin el coraje de enfrentar el debate.
De esta manera, queda confirmado claramente el modelo de gobierno que se pretende para la educación: de decisión personal, de mando absoluto y de nula participación colegiada. No es casual que el actual ministro detente el récord de cero presencia en las sesiones del organismo educativo que preside, el Consejo Provincial de Educación. ¿Se puede desmentir esta afirmación? Hay funcionarios que en sus notas escriben «…el ex Consejo». Hay una clara y evidente decisión por parte de un sector del gobierno, y es la de hacer desaparecer las representaciones, la diversidad, el debate y el tener que compartir proyectos y definiciones y, lo que es más grave, tener que lograr consenso.
Si tenemos en cuenta que el diálogo es una relación comunicativa pedagógica y una cuestión fundamental para la educación misma, entre otras actividades humanas, es preocupante lo afirmado por el ministro.
La Fiscalía de Estado, en la resolución Nº 8 del 2005 (que no conozco y de la que no fui notificado) afirma, según este diario (página 14 del 11 del corriente), que «misiones y funciones de cada área deben ser coincidentes con el organigrama», y agrega que «la falta de coincidencia genera un desorden administrativo e impide determinar los responsables». En el organigrama existente hasta el 31 de diciembre del año pasado no figura la dirección de residencias y escuelas hogares y, sin embargo, hay un funcionario que tiene sello con esa denominación, recorre la provincia y habla en función de dicho cargo, siendo adscripto a una subsecretaría.
Desde enero del 2004 tengo el honor de representar al conjunto de los docentes en el espacio constitucional del Consejo Provincial de Educación. El artículo 65 de la carta magna de la provincia, para quien no tiene esa información, expresa claramente el procedimiento de participación del gobierno, de los docentes y de los padres en la elaboración y definición de las políticas técnicas y administrativas de la educación en su conjunto.
Esta participación se plasma en la concreción de un Consejo Provincial de Educación y en la ley 2.444 –Orgánica de Educación– claramente se expresan sus funciones.
Está bien y no me preocupa que el actual ministro-presidente no tenga buena relación con esta representación, pero no es correcto que, enfundado en su no-debate, actúe inconstitucionalmente.
No puede, alegremente y en nombre de su poder, decir que el docente abusa cuando, por otra parte, se abusa de la Constitución, de la ley y de la administración de fondos. A la escuela y sus alrededores se los camina, se los construye, se los vive con todo lo que ello significa, y nada más injusto que el hecho de que su máxima autoridad intente enfrentar al docente con la sociedad. El esfuerzo del conjunto de los docentes ha hecho y hace innumerables actos educativos para llevar adelante la escuela, ésta que pretende ser usada por un grupo de poder para ponerla a sus pies.
Se torna un tanto difícil ser lo más objetivo posible al momento de analizar o intentar analizar algunas posibles causas de por qué estamos como estamos.
A nadie se le puede escapar, ni tampoco discutir, que el sistema educativo en su conjunto es un caos. La existencia de más de 80 planes de estudio en el Nivel Medio –ni hablar de la evaluación de alumnos, cuya norma tiene base en la época de la dictadura militar–, además de diferentes concepciones de evaluación en los niveles y dentro de los mismos, demuestra claramente la ausencia de un hilo conductor y de un eje conceptual que determine una línea de trabajo, que marque una política de Estado para que, independientemente de los vaivenes naturales de la política, la educación en todos sus aspectos se encuentre como elemento ordenador del progreso, la movilidad y el desarrollo del pueblo de nuestra provincia. La necesidad seria de cumplir todos los acuerdos y de poner en debate la salud de los alumnos, de los docentes y de la sociedad en su conjunto también es parte de este eje que no existe, así como la necesidad de una fuerte discusión en la formación docente para el Nivel Medio, lo que quedó demostrado en el último concurso de cargos que el ministro no quería hacer. Se pretende construir educación sin la base esencial de la democracia, que es el diálogo, ya que no se dialoga cuando se ocultan las resoluciones (800) que emanan de la más alta autoridad. No se dialoga cuando no se intenta aprehender los puntos de vista de los otros ni aceptar los resultados más favorables para todos los grupos. No se dialoga cuando no se participa.
(*) Vocal gremial docente, Consejo Provincial de Educación
HECTOR LUIS RONCALLO (*)
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