La educación, más presente en las palabras que en el presupuesto

El gobierno de la nación y de la Ciudad de Buenos Aires se desgastan en una disputa mediática y judicial por la presencialidad en las escuelas. Mientras tanto, los recursos para educación escasean, y hace años son foco de un severo ajuste presupuestario.

“La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos” expresó alguna vez el novelista británico C. S. Lewis. Las palabras del autor de la célebre saga de “Narnia” datan de al menos 70 años, pero parecen describir a la perfección la tarea de los maestros y profesores en pandemia. Si el sistema educativo tradicional ya era cuestionado antes de la llegada del Covid, cuanto más luego de la experiencia forzada, y en la mayoría de los casos improvisada, que significó la enseñanza en la virtualidad durante 2020. Nadie, ni el sistema, ni los maestros, ni los directivos, ni la infraestructura, ni los padres, ni los alumnos, estaban lo suficientemente preparados para el desafío.

El debate vuelve a quedar instalado ante las nuevas restricciones anunciadas para contener el Covid, y con la disputa desatada entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en torno a la presencialidad en las escuelas. La mezquindad política en su máxima expresión y la especulación electoralista que subyacen la discusión, no debieran opacar la esencia del problema, ni impedir que existan matices en un tema tan delicado y tan caro a la sensibilidad social.

En este sentido, vale utilizar una serie de preguntas como disparador, pese a que muchas de ellas no encuentren una respuesta única y definitiva. ¿Es la presencialidad determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? La escuela presencial tal como siempre la conocimos ¿expresa correctamente las necesidades de capacitación y entrenamiento para el mundo laboral del Siglo XXI? ¿Estuvieron “cerradas” las escuelas en 2020? ¿Cuáles son las asimetrías en la educación en las distintas capas sociales y cómo se logra que las mismas se achiquen al extremo de lo posible? Tales debieran ser los ejes del debate.

Sin ánimo de responder acabadamente, la experiencia recogida en más de un año de pandemia, arroja algunas certezas. La primera de ellas, y sin que ello implique una situación óptima ni ideal, es que es posible abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad. Los procesos y los resultados son naturalmente distintos, y diversos. El acceso a la conectividad y a los dispositivos tecnológicos es esencial en este escenario, y deja a la vista más que nunca las desigualdades entre los sectores de mayores y de menores ingresos. El rol del Estado como catalizador de dichas asimetrías es elemental.

Una segunda certeza, es el rol determinante de la presencialidad en la construcción de vínculos sociales y afectivos, y la incidencia psicológica que el encierro tiene en los niños, lo cual es una parte fundamental de la experiencia que implica aprender.

Rehenes. Los niños, únicos perdedores en una disputa política sin sentido.


El debate sobre el sistema educativo tradicional no obstante, estaba planteado mucho antes de la pandemia. La escuela tradicional con un maestro delante y un grupo de alumnos sentados uno detrás del otro copiando de forma rígida y parametrizada lo que se escribe en un pizarrón, es un modelo ideado para la sociedad de la primera era industrial en el Siglo XIX. La necesidad de encontrar una evolución en la manera de enseñar era ya un desafío antes de la pandemia, y la llegada del virus no hizo más que imponer los cambios de golpe y a la fuerza.

Con tal panorama, y más allá de la coyuntura actual de restricciones, el punto es, como pocas veces antes, el rol del Estado como asignador de recursos, hacedor de políticas y orientador de procesos.


Fundamentalismo retórico, laxitud práctica


Cuesta encontrar fundamentos para una disputa netamente política, que parece olvidar la gravedad del contexto sanitario, colocando a los niños como rehenes del cálculo electoral. La miseria política no se toma vacaciones por el Covid.

No obstante, de un lado y del otro, tanto entre quienes impulsan la presencialidad a toda costa como entre quienes prefieren priorizar los cuidados sanitarios, se dicen comprometidos y preocupados por la educación como pocas veces antes se vio.

Luce entonces primordial poner en perspectiva el rol del Estado frente a la educación. Más allá de las restricciones y de la nimiedad de la discusión mediática y judicial, dicho rol se expresa en la capacidad del Estado para estructurar un sistema educativo consistente. Y la importancia que una gestión política asigna a la educación queda expresada principalmente en los recursos que decide asignar a la misma en el Presupuesto.

Al elaborar el Presupuesto, el gobierno de turno se impone a sí mismo una agenda de prioridades. Cada peso que se asigna a una partida de gasto, necesariamente se le quita a otra. Por lo tanto el peso relativo que cada ítem ocupa en la estructura presupuestaria, es una buena forma de ahondar en la verdadera importancia que cada gestión le asigna a la educación. Mayor presupuesto educativo no solo se traduce mejores remuneraciones docentes, lo cual sin duda debiera ser un punto de partida si lo que se busca es mejorar la calidad educativa. Implica también mejor infraestructura edilicia, mejores recursos educativos, mejores materiales didácticos, mejor conectividad, esencial en el presente. Pero por sobre todas las cosas significa reducir la enorme brecha que existe entre quienes tienen recursos para pagar un servicio educativo, y quienes encuentran en la escuela pública no solo educación, sino contención emocional, e incluso un plato de comida.
Los gráficos adjuntos permiten apreciar la dinámica de las partidas asignadas a educación por el estado nacional y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos 14 años.

Históricamente el presupuesto educativo fue materia de reclamo y de discusión. Hasta la crisis de 2001, las partidas asignadas a educación rara vez llegaban al 4% del Producto Bruto Interno (PBI). Recién en 2006, la sanción de la Ley 26.206 estableció que el estado nacional debe asignar no menos que el 6% del PBI a la partida educación.

La evolución de la partida presupuestaria nacional muestra ese derrotero.


Entre 2007 y 2018, la partida “educación y cultura” en el Presupuesto nacional, nunca fue menor al 6,5% del PBI. Sin embargo, la incidencia de las ideas políticas también queda a la vista en la serie. El gasto en educación tocó un techo el 2011, con el 8,2% del PBI. Ese año, en medio de un mar de críticas, la gestión kirchenrista puso en marcha el programa “conectar igualdad” que equipó con netbooks y conectividad, a miles de alumnos y escuelas a lo largo y a lo ancho del país, muchos de ellos en zonas rurales inhóspitas e inaccesibles. Mal que le pese a sus detractores, fue todo un anticipo de lo que vendría diez años después con la virtualidad forzada.
Al mismo tiempo, los datos muestran los cambios de enfoque en la política educativa. Sabido es que los Presupuestos de cada año, se elaboran durante el periodo legislativo anterior. Por tanto ante un cambio de color político en la administración, el primer año de gestión funciona con un Presupuesto elaborado por la administración anterior. Así sucedió en 2016 durante el primer año de la gestión Macri, y en 2020 durante el primero de la gestión Fernández.

Con un Presupuesto elaborado en el último año del kirchnerismo, en el primer año de gestión macrista la partida educación llegó al 7,8% del PBI. En los restantes tres años de gestión, el macrismo aplicó un recorte sistemático y sostenido a los recursos educativos hasta dejarlos en el 5,4% del PBI en 2019.

En 2020, con un presupuesto elaborado aun durante el macrismo, el primer año de la gestión Fernández y ya en pandemia, el recorte siguió profundizándose llevando el presupuesto educativo hasta el 5,1% del PBI. Para el presente año, la partida educativa se incrementó hasta el 5,9%, adecuándose al estándar establecido por la Ley 26.206.


Al observar lo sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los datos son aún más elocuentes. En todo el periodo comprendido entre 2007 y 2021, el color político del distrito federal nunca cambió. A simple vista se observa el radical ajuste a la educación aplicado a la educación en la Capital Federal. Cuando Mauricio Macri llegó a la jefatura de gobierno en 2007, el 26,2% de los recursos totales de la Ciudad de Buenos Aires se destinaban a educación. El máximo registro presupuestario del periodo se ubica en 2011, coincidiendo con el más alto registro nacional. Desde ese entonces, el recorte presupuestario fue drástico. Al momento en que Macri dejó la jefatura de gobierno para asumir la presidencia de la nación en 2015, el presupuesto educativo en la la ciudad ya era de solo el 22,2% de los recursos totales. Un ajuste del 9,9% en apenas 4 años. La tendencia continuó bajo la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que entre 2015 y 2021 llevó el presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires hasta el actual 19,2%. Como atenuante, puede mencionarse que desde 2016 la ciudad afrontó la administración de la Policía Federal, lo que incrementó el peso de la partida “Seguridad” en desmedro del resto de los fines presupuestarios. Como sea, los datos muestran que el macrismo aplicó un severo ajuste a la educación, que en los últimos diez años (entre el 2011 y el 2021), llegó al 12,1% de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Mejor que decir es hacer y mejor de prometer es realizar”, citó a Juan Domingo Perón en 2015 el por ese entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, cuando inauguró un busto en homenaje al fundador del justicialismo. Nunca mejor aplicada, la sentencia pone de relieve que en medio de las mezquindades políticas actuales, y a la hora de afirmar la importancia que reviste la educación, más que una disputa minúscula en torno a la presencialidad, vale repensar el peso real que la educación reviste, al momento de listar las prioridades en la gestión de gobierno.


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