La estatización de las jubilaciones sigue sin convencer al mercado

El gobierno nacional no termina de generar confianza en el sistema financiero luego de anuanciar la estatización del sistema previsional.

La Bolsa porteña ayer cayó cerca del 6%, llegando a niveles de octubre 2003. El dólar minorista siguió muy demandado alcanzando los 3,31 pesos en el mercado oficial y alcanzando un máximos de 3,42 en el márginal.

La incertidumbre existente asentuó la migración de capitales y el Banco Central tuvo que volver a intervenir el mercado para poder sostener las demandas sobre el dólar.

«Necesitamos que no jueguen en contra de Argentina. Esperamos que mantengan la liquidez y los plazos fijos y les pedimos que no operen con el dólar ni los bonos», advirtió Amado Boudou, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), al reunirse con directivos de la AFJP.

Sin embargo, la realidad no colmó las expectativas de los operadores, ya que las Administradoras prácticamente no efectuaron movimientos bursátiles.

Boudou aseguró que la Anses colocó veedores en cada una de las AFJP para monitorear sus operaciones financieras, en busca de «mantener la tranquilidad en el mercado cambiario».

La preocupación gubernamental es que frente el proyecto que elimina las jubilaciones privadas, las AFJP, que tuvieron en los últimos meses una pérdida de rentabilidad por la crisis global, se desprendan de sus activos en bonos del Estado y acciones y corran al dólar.

El proyecto de estatización de pensiones, que comenzará a tratarse hoy en el Parlamento, donde el oficialismo cuenta con mayoría, provocó alarma entre aportantes al sistema privado, que en algunos casos anticiparon que impulsarán juicios contra el Estado. El gobierno insiste en que el objetivo de la medida es evitar que los fondos previsionales queden sujetos a los vaivenes del sistema financiero y argumenta que el Estado subsidia con 4.000 millones de pesos anuales (1.216 millones de dólares) al sistema privado para garantizar el pago de las pensiones mínimas.

Se espera una dura batalla en el Congreso para la aprobación del proyecto oficial.

Quienes se oponen a la estatización aseguran que el gobierno tiene motivaciones fiscales, debido a los compromisos de deuda que debe afrontar en 2009 y 2010, y vaticinan que, con el traspaso de los 30.000 millones de dólares al Estado, caerán los créditos a la producción y el consumo.

Uno de los puntos centrales del debate parlamentario serán los límites que tendrá el gobierno para mover los fondos del nuevo sistema estatal único de reparto. Legisladores de la oposición socialdemócrata que apoyan la estatización exigen modificaciones al proyecto, entre ellas que se garantice la intangibilidad de los depósitos previsionales, y que no se derive ese dinero a la obra pública ni a gasto electoral.

Ayer, centenares de trabajadores de las Administradoras -que totalizan unos 10.000- volvieron a manifestarse en Plaza de Mayo en contra del proyecto oficial e insistieron en que no quieren ser empleados públicos, ante la propuesta del gobierno de reinsertarlos en el Estado.(AP/RC/DyN)