La fiscalía y la defensa de Neuquén van por un presupuesto propio
Para tener autarquía hace falta al menos una enmienda constitucional. Ya hubo discusiones en el Tribunal Superior de Justicia. El millonario monto que manejarían.
Parte del Tribunal Superior de Justicia, donde ya se debate la autarquía de la fiscalía y la defensa. (Archivo)
Si consiguen su objetivo, manejarían un presupuesto que en 2020 será superior al de un municipio como Cutral Co. Todavía está lejos de plantearse de manera formal, pero la discusión interna ya empezó y por momentos, con tono de voz elevado.
Es una derivación casi inevitable de una pulseada que empezó hace años y que se reeditó con fuerza en las últimas semanas: ¿quiénes tienen prioridad en la utilización de los recursos humanos y tecnológicos del Laboratorio Criminalístico? ¿Los fiscales o los defensores?
Ya en el 2016 el Tribunal Superior de Justicia tuvo que intervenir en esa contienda. Fue cuando desde el Cuerpo Médico Forense les preguntaron a los vocales a quién le tenían que dar primero los resultados de una autopsia, porque ambos se disputaban la información.
Debajo de esta controversia se agita ese otro debate de mayor espesor, que podría cobrar más cuerpo y ser protagonista en 2020: la autarquía financiera de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. Un presupuesto que en 2020 será de casi 3.000 millones de pesos.
Los organismos que conducen José Gerez y Ricardo Cancela respectivamente tienen autonomía funcional, según sus leyes orgánicas. Es decir que “ninguna otra autoridad judicial o administrativa” puede entrometerse en el ejercicio de sus funciones.
Pero en materia presupuestaria están dentro del fondo global que maneja el Tribunal Superior de Justicia que sí es autárquico aunque por falta de actualización de la ley respectiva, depende cada vez más de los aportes del Tesoro del Poder Ejecutivo.
Una de las discusiones que Gerez pretende instalar el año próximo es la del presupuesto autárquico para el Ministerio Público Fiscal. Cancela también lo quiere, e invoca la igualdad de armas. ¿Busca un logro antes de jubilarse?
Entre los vocales del TSJ hay cierto consenso con sacar a los dos ministerios del presupuesto general. Falta encontrar la forma de hacerlo. Quizá alcance con una enmienda constitucional. Para todo se necesita la bendición del gobernador Omar Gutiérrez.
En números
Según el presupuesto judicial ejecutado en el 2018, el Ministerio Público de la Defensa se llevó el 12,7% del gasto: casi 500 millones de pesos, mientras que los fiscales gastaron 100 millones más, lo que representa el 15%.
Para 2020, el Tribunal Superior pidió 9.233 millones de pesos (el 91,2% destinado a salarios).
La fiscalía consumirá 1.337 millones y la defensa 1.549 millones. Sumados, ambos organismos superan el presupuesto de un municipio como Cutral Co. Y son el 41,1% del gasto total del Poder Judicial.
En los últimos acuerdos del año surgió la discusión sobre la autarquía, a veces con tono de voz elevado. Uno de los puntos de roce es la utilización de recursos tecnológicos, por ejemplo del Laboratorio Criminalístico.
Asistentes letrados
Otra discusión se da por los asistentes letrados de cada ministerio. Son abogados y abogadas que prestan funciones muy similares a un fiscal o un defensor, pero ingresan por concurso y no por el Consejo de la Magistratura. Tienen un salario más bajo y brindan prestaciones similares.
Gerez formó una “escuelita de fiscales” diseminada en toda la provincia. Cancela no quiere quedarse atrás: para el año próximo pidió incorporar al presupuesto 130 abogados más a la defensa pública.
El Laboratorio es mío
El fiscal general José Gerez no oculta su molestia cada vez que la defensa pública intenta meterse en el Laboratorio Criminalístico. Si bien pertenece al Poder Judicial, él lo reivindica como propio porque gestionó su incorporación.
Incluso lo puso por escrito en una nota enviada al presidente del TSJ, Germán Busamia, el 10 de diciembre pasado: “el equipamiento fue adquirido por este ministerio en el marco del Programa Federal de Laboratorios Forenses, que lleva adelante el Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores. Si bien dicha aparatología fue cedida al Poder Judicial, la misma tiene como propósito ser destinada a las investigaciones criminales que lleva adelante la fiscalía y no la defensa”.
Otro de sus argumentos es que los defensores podrían tener acceso a información sobre investigaciones en curso, ya que hay una base de datos común, y que los peritos dejan en el lugar trabajos que por su complejidad requieren más de una jornada laboral.
“Es inviable que usen el laboratorio”, cierra la nota del fiscal general. Le faltó decir: si quieren un laboratorio, que se lo compren. Otro argumento para sostener la necesidad de la autarquía.
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